Uno no sabe si dar respuesta seria a una cadena de circunstancias ocurridas, desde que cinco partidos políticos osaron firmar unos acuerdos con el gobierno, que finalizaron la parálisis expectante generada luego del cierre del diálogo de Barbados. Y digo seria, porque los argumentos y críticas oídos parecen pura guasa. Pero vamos a seguir siendo serios por respeto a la mayoría sufrida del pueblo venezolano, que exige seriedad, objetividad y consecuencia de quienes están en la política y en sus inmediaciones.
Desde el 5 de enero de 2019 hasta hoy, para no ir a las mamarrachadas ejecutadas por la franquicia opositora de la Asamblea Nacional (AN) desde enero de 2016, no ha ocurrido el cese de la usurpación, pese a todo el apoyo internacional habido, en particular de EEUU; pese a las sanciones contra altos dirigentes gubernamentales y el bloqueo financiero impuesto luego a todo el país, que nos ha hecho la vida cuadritos a los venezolanos de a pie. El gobierno, sin embargo, no ha dado su brazo a torcer en ningún aspecto de los solicitados.
Cinco partidos, que no se han presentado como representantes de la mayoría del pueblo venezolano, negocian con el gobierno unos acuerdos que son firmados y dados a conocer públicamente. El elemento central de los mismos es la designación de un nuevo CNE imparcial e independiente, algo que todo el mundo ha venido exigiendo por años. Los acuerdos han comenzado a instrumentarse: se reincorporaron los diputados del PSUV a la AN, un paso esencial en la reinstitucionalización del país, fue excarcelado el Vice Presidente de la AN y otros partidos se han adherido a los acuerdos.
La instrumentación de la incorporación de la fracción del PSUV a la AN se vio entrabada por la mayoría parlamentaria dirigida por VP, PJ, AD y UNT. Varios diputados no fueron incorporados por haberse desempeñado en cargos oficiales o de elección popular, lo cual según la Constitución Nacional impide su reincorporación. Surgen interrogantes en este aspecto, la primera sobre el desempeño de estos diputados en la ANC, pues en condiciones normales no podrían ser al mismo tiempo diputados de la AN y la ANC.
Ahora. Asumir que un diputado del PSUV no puede reincorporarse a la AN pues es diputado de la ANC, claramente significa un reconocimiento de la "espuria" ANC. Pues si ésta no es reconocida, el diputado en cuestión no está desempeñando ninguna diputación legal y por tanto puede incorporarse a la AN. Lo mismo ocurre con quienes hayan sido ministros o funcionarios del gobierno de Maduro. Si Maduro es un usurpador, no tiene la potestad de nombrar funcionarios, y si éstos no fueron designados por Guaidó pues no ejercieron ningún cargo y pueden regresar a la AN.
Lo mismo se debería aplicar a Julio Borges y otros diputados designados por Guaidó en determinadas posiciones. Se pudiera también argumentar que de hecho los ministros, otros funcionarios y los diputados constituyentes, así como los nombrados por Guaidó, sí ejercieron esos cargos, no reconocidos pero reales, por lo que no podrían incorporase. Con los gobernadores no habría problemas porque éstos no han sido desconocidos por la AN, ni con los exalcaldes producto de las elecciones anteriores. Con los exalcaldes de los últimos comicios se presentaría la situación descrita para los diputados de la ANC, pues esas elecciones fueron desconocidas por la AN, lo que haría que un exalcalde no haya sido alcalde legal sino usurpador. Y como usurpador sí podría reincorporarse a la AN.
Todo este embrollo se debe a decisiones políticas tomadas, luego, son problemas a resolver políticamente y no legal o constitucionalmente. No es el TSJ quien va a decidir. La decisión depende de un acuerdo político entre las partes: el Ejecutivo y la AN. Ésta última debe tener en cuenta que no puede repetir posiciones tomadas en el pasado que la llevaron a dónde hoy está. Lo crucial es lograr que la AN retome sus funciones constitucionales y actúe dentro de la Constitución. El gobierno está alerta y no olviden que sigue teniendo el mango de la sartén.