La morbosidad en los gobiernos de derecha e izquierda en el mundo Hispano y Latino: El Sur
Por: Emiro Vera Suárez
Miércoles, 09/10/2019 11:37 PM
En oportunidades surgen actos vandálicos que usurpan la funcionalidad del Estado.
Es cierto que los ciudadanos se encuentran hartos de los dirigentes políticos y poco a poco se organizan hacia una nueva visión de país. Jamás la población lejos de ser irresponsable busca una atención del Estado hacia los centros de trabajo y el campo industrial, ya que los más responsables deben ir a trabajar para la sustentación de sus familiares. La duda existe, saben que el dinero puede ir a manos personales, lo quitado al subsidio, como en Venezuela, donde un grupo de militares en cargos direccionales apiñaron una buena cantidad de dólares con civiles, destinados a los servicios públicos, siendo el gobierno pro de izquierda, amparado en unas teorías políticas dadas por el Libertador Simón Bolívar.
La población, lejos de ser irresponsable, es sabia y se pregunta cómo así se sigue exigiendo más y más a los sectores más vulnerables, quienes además de la eliminación de los subsidios ven con preocupación las reformas tributarias y laborales que son parte del “combo paquetazo”.
Pero, en otras naciones se aplican otros métodos del ya famoso paquetazo.
Lo más lamentable es que ningún presidente Sudamericano se encuentra preparado para gobernar un pueblo más exigente y preparado en asuntos urbanos. Hay estadísticas y cifras que detallan verdades, desde el hombre y mujer, (género), esperando atención pública hasta el niño que espera ser atendido en un instituto pediátrico por hambruna consumada.
Ser de izquierda o derecha, da por igual.
Moreno dijo que todos deben arrimar el hombro, pero no dice que gracias a este sacrificio va a haber más trabajo o que vamos a salir de la pobreza y del atraso. Solo dice que los protestantes son zánganos. Mientras, su Ministro de Defensa sale con declaraciones inmaduras y peligrosas, que solo alimentan al caos. De hecho, el Gobierno no puede garantizar el orden público. Hay saqueos, vandalismo, violencia, muchos heridos y más de novecientos, (900) detenidos y dos, (2) muertes certificadas . Estas son cifras de guerra. El presidente y sus colaboradores siguen diciendo que es culpa de Correa, pero esto no ayuda a nadie y en nada ¿cierto? Mejor hubiese sido adoptar medidas compensatorias y políticas públicas tangibles. La asertividad no es cosa de este Ejecutivo y por esto no se les cree. La traición es presente, al igual que muchos en Venezuela traicionaron a Chávez y a María Corina Machado porque hablaban la verdad.
Hasta este momento no entiende la magnitud de la crisis que enfrentan Lenin Moreno, Jair Bolsonaro y Nicolás Maduro Moros. Creen, como lo han hecho otros presidentes, que los militares son la receta a seguir, aunque esto signifique más incertidumbre y tal vez violencia. Estamos frente a escenarios extremos: o se encuentra un acuerdo con las fuerzas vivas del país o los Gobierno simplemente va a caer. Siéntense y dialoguen, más no sigan jugando con fuego, pues lo que se viene es una tormenta perfecta. Y está cerca
¿Por qué el pueblo tiene que pagar los miles de millones de dólares que se robaron los corruptos, los responsables de los despilfarros, los que festinaron la patria o los desaciertos de los gobiernos?
En Venezuela, tenemos el caso típico de la electricidad y el agua potable, ya nadie habla del Tablazo. Donde provenía algunos productos para Hidrología y el campo agrícola.
Las medidas adoptadas por la administración del presidente Lenin Moreno Garcés, han merecido el rechazo de la mayor parte de la población nacional y de los transportistas que, con su poder de paralización, siembran caos y cerraron vías, atentando contra el derecho a la libertad de circulación. No pensaron que el fin de los subsidios a la gasolina extra y diésel es una de las órdenes del Fondo Monetario Internacional, para conceder préstamos.
El FMI en sus condicionalidades y los poderes económicos del gran empresariado han exigido que se reduzca el tamaño del Estado. 10.000 empleados del sector público se quedarán sin trabajo hasta diciembre, para aumentar el desempleo. También se reducirá el 50% del derecho a vacaciones y se les quitará un día de sueldo, como si el empleado público no tendría una familia a la que alimentar, hijos a los que educar y vestir, arriendos que pagar, pero como necesitan el empleo, tampoco ejercen el derecho a la protesta.
Las medidas perjudican a los pobres y favorecen a los ricos del todopoderoso sector empresarial. Las derechas políticas y económicas, junto al FMI, han impuesto sus condicionalidades y deseos, para apuntalar al capitalismo neoliberal con las reformas laborales y económicas.
¿Órdenes que impulsan descontentos, movilizaciones y huelgas? Las organizaciones de trabajadores, de mujeres, indígenas, profesionales, estudiantiles, se tensan y agitan. Nadie sabe en qué terminarán las protestas, pero el país será el gran perdedor. El enojo popular se profundiza para ampliar los horizontes de la crisis socio-económica y política.
Los desmanes han ido en ascenso en Sudamérica, hasta el silencio del conocido productor de izquierda, Walter Martínez mediante su programa mundial Dossier. Asaltos administrativos a empresa de lácteos como Los Andes, con robo incluido, y a más de una decena de florícolas, el bloqueo de carreteras, la falta de transporte público y los enfrentamientos con policías y militares, así como el “asalto” a la capital de la república por indígenas y campesinos, dan la tónica de casi una semana de rechazo a las medidas económicas adoptadas por el presidente Lenin Moreno. Y a Nicolás Maduro mediante guarimbas. Es una diversidad de escenarios, Junto a este escenario que se ha construido con meticulosidad y con evidente sustento económico, se ha jugado con la incertidumbre ciudadana y con un aparente “pacifismo” gubernamental, pese a la movilización de tropas y retención de un grupo de militares y policías por los “protestantes “.
En Ecuador, La conspiración y la sedición están en el aire, se constatan en los ataques a las antenas de retransmisión televisiva y radial, y la represión del trabajo periodístico. Se juega a la desinformación y la manipulación a través de las redes sociales, donde los rumores y las verdades a medias hacen de las suyas. El ciberespacio, otra vez, es un recurso desestabilizador.
La restauración y reinstitucionalización democrática evidentemente están en peligro. No solo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el índice de riesgo país. También existe la posibilidad, cada vez más cierta, que este “cara a cara” entre los manifestantes por un lado y el Ejército y la Policía por otro, en algún momento se vuelva violento, con un lamentable saldo por cualquiera de las partes.
El descalabro económico que ha dejado como legado gobiernos anteriores han sumido al Continente en una situación deplorable: endeudamientos fastuosos a plazos reducidos e intereses muy elevados, juicios multimillonarios sentenciados en contra del Estado por la incapacidad de los procuradores y por la soberbia prepotente de los mandatarios , miles de millones de dólares substraídos en coimas y sobreprecios por una amplia red de funcionarios de alta y mediana representación, obras faraónicas, de costos colosales, incompletas, mal construidas o abandonadas con inmensos despilfarros, histrionismo injustificado que ahuyentó a la inversión externa con leyes y reglamentos absurdos, constituyeron, entre muchas otras causas, la expresión del más irresponsable y delictuoso manejo económico en la historia continental de los pueblos, venimos de una consciente y desastrosa herencia que legaba, planificó, con inusitado afán, a sucesores que actúan como marionetas, cuyas acciones debían obedecer a la manipulación de los españoles en un principio que buscaron colonizarnos asesinando a indígenas e Incas, de allí en adelante se efectuarían sus innumerables fechorías, personales y grupales, hasta ahora inconmensurables.
Un ejemplo, Martín Vizcarra sucedió a Pedro Pablo Kuczynski, un atildado profesional y ex ministro que tenía en sus manos enderezar el rumbo al Perú, pero su raíz resultó torcida por e las coimas. Tiempo antes PPK superó el vendaval de Keiko Fujimori, potente en la oposición congresal. Si sabemos de PPK y preguntamos por Keiko y su destino: presa desde octubre. Otro antecedente de diversa expresión y contenido tiene también condenado a su padre, Alberto. Y si preguntamos por Alejandro Toledo tiene presentada una segunda apelación y sigue detenido en Estados Unidos. Si preguntamos por Alan García hay que decir que está enterrado. Muerto por mano propia, no resistió la inminente detención. El tsunami Odebrecht arrasó con todos. Cuando Vizcarra disuelve el Congreso Mercedes Aráoz, del partido Aprista de Alan García, juramentó ante el Congreso como presidenta, pero luego renunció. Los hechos estaban consumados. Urge renovar el ejercicio de la política en Perú como en otros países sureños. Perú merece una política limpia. Nos preguntamos cómo saldrán de esta encrucijada.
Es preocupante ver el nivel de violencia que han desatado las manifestaciones por las medidas económicas. Civiles que golpean y retienen a policías y militares. Agentes que agreden. Una ambulancia de la Cruz Roja atacada. Otra unidad sin poder eludir los obstáculos, para trasladar a un herido que luego murió. El Convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma protegen a los vehículos y al personal de salud que operan en conflictos. Ecuador es un Estado de derecho y sus habitantes están obligados a cumplir las normas. Háganlo. Con toda razón, la Cruz Roja aclara no pertenece al Estado y que su personal es neutral, independiente e imparcial. La Constitución (art. 66, 6) reconoce y garantiza el derecho de las personas a opinar y expresarse libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Una disposición por demás acertada. Pero el Código Penal (art. 204) también sanciona con cárcel de uno a tres años a quien destruye los bienes públicos y paralice servicios estatales y privados. Solo un día de violentas manifestaciones dejó una pérdida de USD 500 000 para Quito. ¿Quién responde por esa cifra en rojo? Además, la retención, como ocurrió con más de 40 militares, es condenada penalmente. La Constitución es clara: nadie puede ser tomado a la fuerza y bajo ninguna circunstancia. Es un derecho consagrado (art. 66), que hay que respetar. La norma también castiga el uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares. Grupos de derechos humanos piden parar la violencia. A la Corte Constitucional llegó un recurso para que se levante el estado de excepción. La Defensoría del Pueblo pide lo mismo. La explicación fue que la medida solo exacerbó la violencia y la polarización entre el Gobierno y los movimientos sociales, campesinos, sindicatos y gremios que protestan. Hoy más que nunca, Ecuador urge de líderes sensatos, que no provoquen a los manifestantes y que protejan a la población. No cabe un lenguaje virulento en medio de esta tensión. Hay que hacerlo por el bien del país.
En la década de 1995 a 2005 las Constituciones de 1979 y 1998 reforzaban un Legislativo que terminaba secuestrando y manipulando al Ejecutivo, pero pronto vino la reacción de Montecristi a esta crisis de gobernabilidad, creando la coloquial muerte cruzada que castiga a la Asamblea que pretende cesar en funciones al presidente, con su propia disolución. Aun parece lejano el tiempo en que se ejecute esta figura constitucional y solo luego de ello sabremos si su creación abonó a fortalecer la estabilidad política. Con el pretexto de la conmoción social los viejos Congresos botaban presidentes; ahora lo meditan un poco más.
Como van las cosas, el presidente eliminó el mito de que quitar el subsidio es firmar su despedida adelantada del poder. Me alegro por el acuerdo al que llegaron los sectores que llamaron a paralizar el país, por el bien de todos a nadie le favorece defender su derecho por más legítimo que sea, a costa de destruir la propiedad pública y privada,
Las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenin Moreno, que oficialmente tendrían el objetivo de enfrentar el déficit fiscal e incentivar la reactivación productiva, han generado una inesperada reacción social encabezada por un paro de transportistas.
Una reacción explicable si se considera el costo social negativo que comportaría la principal medida tomada: la eliminación del subsidio a los combustibles.
Urbes sin transporte, bloqueo de vías, protestas multitudinarias, enfrentamientos y respuesta policial con extrema dureza y toneladas de gas lacrimógeno, dirigentes del transporte encarcelados, es el saldo de lo ocurrido en el país durante el paro convocado por transportistas, CONAIE, FUT, movimientos sociales, universitarios, y ciudadanos de a pie en todo el Ecuador, más los indígenas que se inició días atrás, tras las medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno, especialmente con la eliminación del subsidio a los combustibles, que seguro provocará una espiral inflacionaria. Lo que urge su salida del poder, o lo que indique el pueblo y legisladores, pero, el ejército no puede salir a la calle a reprimir, como a sucedido en Venezuela con la Guardia Nacional Bolivariana y el cuerpo especial de la policía bolivariana.
Y no es que quienes rechazan el paquetazo desconozcan la realidad económica del país, después de la década de dilapidación, cuando se llevaron el santo y la limosna, lo cual obliga al Gobierno a cumplir con exigencias del FMI para recibir créditos que los saque del atolladero económico en el que esta, en este caso, Ecuador y disminuir prestamos leoninos de los chinos a quienes por poco se les debe el alma entera.
La justificada indignación de la mayoría de ecuatorianos más bien proviene de la carencia de iniciativas del Gobierno para reactivar la economía, generar empleo, controlar la migración, combatir la corrupción y recuperar dineros mal habidos y no ser cómplices prohibiendo que se intente recaudar de sus bienes todo lo robado y así blindar fortunas que crecieron como espuma, en el más desvergonzado y organizado latrocinio.
Lo de Venezuela, está por verse.
* Escrito por Emiro Vera Suárez, Orientador Escolar y Filósofo. Especialista en Semántica del Lenguaje jurídico. Escritor. Miembro activo de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo. AESCA. Trabajó en los diarios Espectador, Tribuna Popular de Puerto Cabello, y La Calle como coordinador de cultura. ex columnista del Aragüeño.