Esta semana que culminó, el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ratificó su brutal política de injerencia neocolonial en nuestro país y de igual manera se encargó de dejar claro que el procónsul designado es el inefable Juan Guaidó. Necesario es resaltar que sobre esta política intervencionista hay un consenso en la clase política norteamericana, así quedó evidenciado en el acto del Congreso de ese país el pasado 4 de febrero de este 2020.
Las insólitas amenazas de "quebrar" y "aplastar" al gobierno constitucional de Venezuela, proferidas por Trump, constituyen una escalada en la agresión contra nuestro derecho a la autodeterminación, principio sustantivo de nuestra República.
Es una afrenta contra un pueblo libre y digno, que constituye un serio y grave peligro para nuestra vida republicana, lo cual nos obliga a las y los que sentimos y amamos profundamente a esta Patria a desechar las ilusiones, los infantilismos políticos, la soberbia y el pequeño juego politiquero. La magnitud de la agresión requiere que volemos alto como las águilas.
Hoy más que nunca, nuestro pueblo requiere una dirigencia realista, consciente, firme, sensible y responsable para poder superar con dignidad el desafío que nos impone tamaña ignominia. Para los revolucionarios y revolucionarias de este tiempo, salvar la República debe ser nuestra prioridad.
Considero que en ese sentido, en medio de las dificultades que supone la estrategia injerencista de promover un ficticio Estado paralelo, la dirigencia del país, gobierno, oposición y otros actores patrióticos, tenemos que comprender que para salvar la República debemos asumir fielmente el cumplimiento de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
Un primer paso es avanzar, este año, con transparencia en el proceso que garantice unas elecciones parlamentarias con todos los factores y con amplia participación popular que permita la recomposición plural del poder legislativo de la Nación y la restitución del principio de cooperación constitucional entre los poderes públicos, a partir del cual se pueda iniciar la restauración del normal funcionamiento democrático-institucional del país.
Salvar la República implica, cualquiera sea la circunstancia, la preservación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales y de nuestros activos nacionales, para que estos, aprovechados y administrados de manera ética, eficiente y con amor patrio, sean la palanca del proceso de recuperación productiva con el cual lograremos un real crecimiento económico.
Salvar la República supone garantizar los derechos políticos, sociales, laborales y culturales del pueblo.
Hoy, cuando la lógica del capital se vuelve a imponer como hegemónica en la economía nacional, el pueblo trabajador requiere que se le reconozca y respete su derecho a luchar, protestar y a demandar de manera pacífica y democrática la protección del Estado, plasmada en el texto constitucional, contra la explotación, la exclusión y la desigualdad.
La familia venezolana tiene que sentir que la República es capaz de garantizar una vida digna para todos y todas. Solo un pueblo con derechos y con poder, tiene la fuerza material y moral para contener la intervención extranjera de la que somos objeto y lograr que se respete nuestro soberano derecho a decidir el porvenir. ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡La Patria vencerá!