El coronavirus sorprende a Venezuela en un estado de extrema vulnerabilidad. El sistema de salud del país está muy deteriorado y hay un alto porcentaje de la población que depende de la salud pública. Venezuela necesita apoyo técnico y financiero para compensar la precariedad del sistema hospitalario y el colapso de los servicios públicos, entre ellos el servicio de agua potable, imprescindible para lavarse con frecuencia las manos y evitar el contagio y propagación del virus. Si no se consigue financiamiento y asistencia técnica para complementar las capacidades y recursos locales, la emergencia puede convertirse en una catástrofe.
Venezuela no superará la crisis económica y social, ahora amplificada con la llegada del COVID-19, sin un gran acuerdo entre las élites políticas que se disputan el poder. La división del reconocimiento internacional sobre cuál es el legítimo Gobierno de Venezuela, dificulta las gestiones de financiamiento y asistencia técnica que con urgencia necesita el país.
Ya vimos como el enfrentamiento político afecta las posibilidades de obtener el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Maduro y Guaidó podrían gestionar juntos una solicitud urgente a los organismos multilaterales para pedir y coordinar asistencia financiera y humanitaria, pero siguen enfrascados en una confrontación estéril en la que lo que más le importa a uno es lograr la rendición incondicional y humillante del otro.
No es hora de protagonismos ni de politizar las circunstancias. Tampoco de acusarse mutuamente por las consecuencias que la Nación pueda sufrir, en caso de una propagación masiva y acelerada del coronavirus. La enfermedad no distingue entre oficialistas y opositores. La amenaza hay que enfrentarla con el esfuerzo de todos, dejando a un lado la confrontación política fratricida. Lo que está en juego es la vida.
Para las élites políticas en pugna, el desafío del coronavirus tiene dos alcances, uno puntual o parcial y otro más general o total. Si el fin es conjurar la amenaza de la pandemia, el desafío se enfoca en construir un acuerdo político entre Maduro y Guaidó para que cedan a una administración internacional (ONU, PNUD, OMS, OPS, CRI) los fondos que se generen y recauden para atacar la pandemia. Este sería un acuerdo político puntual para evitar una masiva y acelerada propagación de la enfermedad.
El otro desafío, el más general y de mayor alcance, exige a las fuerzas políticas en pugna una visión de largo plazo. Va más allá de la urgencia de complementar capacidades y recursos para poner bajo control la pandemia. Ese desafío más abarcador exige grandeza humana -que ojalá las élites políticas tengan-, para poner al país por delante de sus proyectos políticos y de unas ambiciones personales que apuestan al todo o nada, al ganador se lo lleva todo.
Con sanciones es imposible atender el coronavirus sin descuidar la economía
El coronavirus llega a un país con una economía en ruinas y un sistema de salud colapsado. La cuarentena social para reducir el contagio del COVID-19 afecta a la producción y el comercio, y puede agravar la escasez crónica que castiga a los hogares, empresas e instituciones. Venezuela está atrapada en un círculo vicioso: no va al trabajo para sobrevivir pero si no produce tampoco podrá vivir.
El sector privado nacional reclama ayuda. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción, sin ventas y sin poder cobrar facturas pendientes, comienzan a sufrir problemas de flujo de caja y se les hace difícil hasta pagar la nómina. Voceros de Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio y Fedeindustria han planteado posponer y disminuir el cobro de ISLR, IVA y otros tributos. Las compensaciones económicas que piden los gremios empresariales incluyen el pago de nóminas en las empresas que se han visto obligadas a interrumpir su actividad.
Pero la lógica del Gobierno es diferente, toda vez que necesita que las empresas terminen de pagar el ISLR antes del 31 de marzo para contar con recursos que le permitan encarar la amenaza del coronavirus. Venezuela es un país cuyas finanzas públicas están quebradas por la prolongada contracción económica que ha llevado a miles de empresas a cerrar cada ejercicio fiscal con pérdidas, sin poder pagar mayores impuestos. La hiperinflación ha desembocado en una creciente informalización de las operaciones de compra-venta en las que no se pide la factura fiscal para ahorrarse el pago del IVA. Y las exoneraciones arancelarias también han mermado los ingresos fiscales. La Tesorería Nacional está seca y no tiene recursos para compensar la postergación del ISLR o rebajas en el IVA, a no ser con emisiones de dinero por parte del BCV que atizarían nuevamente la hiperinflación.
En este contexto de restricciones económicas donde los fondos públicos no alcanzan para todo, el gobierno se enfrenta al dilema de concentrar los escasos recursos en el control de la pandemia y, a la vez, compensar el impacto económico de la cuarentena sobre las empresas. El gobierno necesita ingresos para pagar a los trabajadores que se quedan en su hogar, sobre todo a los del sector informal que no están en ninguna nómina y ponen comida en la mesa de su casa con lo que se ganan día a día. Pero conjurar la amenaza del COVID19 impone la necesidad de alcanzar una masa crítica de fondos que -en el corto plazo- se deben destinar de manera prioritaria a las medidas preventivas para evitar un contagio masivo y acelerado que no pueda ser atendido por el precario sistema hospitalario del país.
Es necesario comprender que esta no es una crisis económica sino una crisis sanitaria. El sacrificio fiscal resta recursos a la lucha contra el coronavirus y no servirá de nada si no se consigue controlar la pandemia. Tener claras las prioridades es la clave para concentrar los esfuerzos en la causa del problema, en vez de distraer recursos en paliar unas consecuencias que seguirán manifestándose si no se controla antes la propagación de la enfermedad.
Con el endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales por parte del gobierno de EEUU, armonizar la atención al coronavirus con las compensaciones a la economía se hace muy difícil. El poco margen de maniobra que le queda al Gobierno para atender la economía se reduce a medidas monetarias y financieras. Apenas puede reducir el encaje legal para liberar liquidez bancaria y usar esos fondos para reactivar el crédito y dar oxígeno financiero a las empresas.
Levantar sanciones para liberar recursos que permitan enfrentar el coronavirus sin descuidar la economía
Donald Trump denuncia la responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro en la crisis venezolana y le pone precio a su cabeza al ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares. Promueve la ayuda humanitaria pero a la vez endurece las sanciones a un país con una economía exhausta y un pueblo que huye por millones del hambre, la enfermedad y la inseguridad.
Las sanciones económicas parten del falso supuesto de que el agravamiento de las precarias condiciones de vida de la gente generará una creciente presión social que, al estallar, provocará la caída del gobierno. Con esa obstinada convicción, la llegada del COVID19 es vista como la oportunidad para que las sanciones económicas finalmente den al traste con el régimen de Maduro.
Un país en las condiciones de Venezuela debería recibir asistencia internacional en lugar de sanciones comerciales y financieras. Más que castigar a la nomenclatura gubernamental, las sanciones tienen un impacto negativo en la economía y perjudican a la población. Y en medio de la pandemia de COVID-19 son una amenaza a la sobrevivencia de todas las personas que resulten contagiadas.
Está claro que las sanciones no dan origen a la contracción de la economía venezolana, pero han sido un factor catalizador que ha acelerado y agravado el colapso de la producción petrolera y del aparato productivo en general. Solo en 2019, año en el que se endurecieron las sanciones estadounidenses al hacerlas extensivas a empresas privadas nacionales o extranjeras proveedoras y contratistas del gobierno, Venezuela perdió 35 % de su PIB.
EEUU sancionó a Rosneft Trading por comercializar el petróleo venezolano y presionó a empresas de India, China y España para que dejen de comprar crudos de Pdvsa bajo la amenaza de que sus cuentas y activos en territorio estadounidense serían bloqueados. Cada vez son menos los que se arriesgan a ser sancionados y quienes lo hacen exigen escandalosos descuentos que castigan el menguado ingreso de Venezuela. Así, las sanciones económicas merman considerablemente la capacidad de comprar alimentos y medicinas. Por el riesgo reputacional y temor a ser sancionados, proveedores tradicionales se inhiben de hacer negocios con Venezuela y agravan el problema del abastecimiento.
EEUU debería suspender las sanciones económicas y dejar de bloquear las gestiones de Venezuela para obtener el financiamiento que le permita encarar la amenaza del coronavirus. Aprovechar el avance de la pandemia para agravar el sufrimiento de un país azotado por el hambre y la enfermedad es una política abominable desde el punto de vista ético y moral. Es tan atroz como la violación de los derechos humanos de los cuales se acusa al Gobierno de Nicolás Maduro.
De la obsesión electoral al Gobierno de Coalición
Debido a las crecientes rencillas y divisiones en el seno de la Oposición, el Oficialismo está seguro que puede ganar las parlamentarias y recuperar el control de la AN. Lo mismo cree la Oposición electoral sin representación parlamentaria, la cual está dispuesta a participar con la certeza de que capitalizará el voto del alto porcentaje del electorado que está cada vez más descontento con la pésima gestión de gobierno. Por eso quieren que las parlamentarias se hagan este año.
Pero si el virus no ha sido controlado y se puede propagar masiva y aceleradamente en las actividades de la campaña electoral, para evitar que la emergencia humanitaria se convierta en una catástrofe hay que dejar a un lado la obsesión electoral, expresada en la certeza que ambos bandos tienen de su seguro triunfo en las parlamentarias.
El reto de las élites políticas pasa por considerar la conveniencia para la salud nacional de posponer las elecciones y pactar un Gobierno de Coalición entre Oficialismo y Oposición, que incluya pero trascienda las acciones conjuntas para encarar la amenaza del coronavirus.
Una vez superada la emergencia sanitaria, la solución de la crisis estructural que azota al país debe ampliar el mandato de ese Gobierno de Coalición para que no solo abata la amenaza del COVID19, sino que además lleve a cabo un Programa de Reformas Económicas, reinstitucionalice el país e inicie el desarme de los colectivos para convocar luego elecciones generales, de tal forma que quien resulte ganador reciba una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar.
Este es un desafío que va más allá de un acuerdo puntual entre Maduro y Guaidó, enfocado única y exclusivamente en conjurar la amenaza del coronavirus. Conformar un Gobierno de Coalición exige una estatura superior de las élites políticas que están emplazadas a apartar odios y afanes de protagonismo para abrirle paso a los grandes acuerdos que el país necesita, a fin de superar la crisis estructural que lo está despedazando y lo deja sin capacidad de respuesta ante amenazas tan peligrosas como la pandemia del COVID19.