A la grave crisis socioeconómica de Venezuela en los últimos años, se ha sumado lo generado por la semiparalización de la economía nacional y mundial debido a la supuesta gravedad de la pandemia de COVID-19 para la salud de la humanidad entera. La inflación se ha disparado hasta la estratósfera, y la miseria, el hambre y la desnutrición castigan con todo a millones de venezolanos. Queda demostrado, nuevamente, que las consecuencias derivadas de catástrofes de diverso tipo, recaen en primer lugar sobre los hombros de los pobres, tanto asalariados como desempleados.
Una vez más numerosos productores y distribuidores de diferentes rubros, hacen su agosto en medio de una situación tan difícil para la existencia de la vida relativamente normal de millones de ciudadanos en la nación suramericana. Saltan a la escena los ladrones disfrazados de comerciantes para asaltar día tras día y de forma descarada y frontal a los consumidores, evidenciándose en definitiva que el capital no conoce de solidaridad y mucho menos de humanidad, y por tanto los capitalistas consideran que sus negocios importan más que cualquier cosa, incluso más que la misma muerte; para los ricos y los aspirantes a serlo, las tragedias "naturales", biológicas, sociales, económicas, bélicas y de otras índoles, son simples oportunidades de oro para el aumento importante de ingresos por distintos conceptos.
Y como era de esperarse, los ladrones disfrazados de comerciantes cuentan con el apoyo-complicidad abierta de las élites política, social y policial-militar en Venezuela, empezando por el Gobierno "revolucionario", que acordó con los capitalistas nacionales los precios de algunos alimentos, con que se roba ahorita a millones de pobres y miserables. De nueva cuenta la delincuencia de élite arremete contra el pueblo común, como si fuera poco el sufrimiento padecido por los hambrientos durante la existencia de la seudodemocracia, denominada hoy día como socialismo del siglo XXI. Por cierto que la administración de Maduro en este contexto, viola abiertamente el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, teniendo en cuenta que el salario mínimo en Venezuela ni se acerca al costo de la Canasta Básica. Así que con los comerciantes haciendo de las suyas, y con sueldos de hambre, la están pasando "muy bien" numerosos venezolanos, que a duras penas deben conformarse cada cierto tiempo con la venta de la comida subsidiada vía CLAP, cada vez más limitada en cuanto a la cantidad y la variedad de los alimentos ofertados.