Antonio Gramsci caracterizó como empate catastrófico a la situación de confrontación de bloques históricos en Alemania e Italia entre 1917 y 1922, cuya pugna por el poder político, concentró determinados intereses políticos-económicos, y expresó profundas diferencias ideológicas y programáticas.
El signo catastrófico de tales conflictos, viene dado porque esa pugna no resuelta entre bloques -entendida como crisis de hegemonía-, la cual tiende a prolongarse en el tiempo y deviene en prácticas destructivas de los propios cimientos del orden social: el poder estatal, el marco normativo, el proyecto de Estado, el tejido de la sociedad civil, e incluso el propio pacto social.
Este tipo de fenómenos suceden, porque los bloques en disputa se asumen como la negación de su rival y se concibe inadmisible su coexistencia, así como por la imposibilidad de resolución de los mismos, ya que las relaciones de fuerza no derivan en la imposición absoluta de alguno de los bloques sobre su oponente.
Venezuela en la actualidad enfrenta una situación de empate catastrófico, cuyas determinaciones histórico-sociales de rango estructural están relacionadas con una crisis orgánica no superada (en próximas entregas se profundizará al respecto), acentuada en esta coyuntura ante el déficit de liderazgo sobrevenido en crisis de hegemonía exacerbada, que se desencadenó ante el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013.
Las disputas producidas en el marco del empate catastrófico venezolano, han erosionado las dimensiones esenciales del Estado, y con ello, además de precipitar una crisis política e institucional de amplio espectro y gran escala (con alcances geopolíticos), ha sido un factor clave de la grave y severa depresión económica que enfrenta el país, en la medida en que no existe sinergia entre el poder estatal -que incluye el Estado profundo-, y el conjunto de la sociedad civil.
Por el contrario, las estrategias -maximalistas- de lo dos bloques históricos en pugna, se han centrado en la aniquilación de su contrario, para lo cual no han escatimado esfuerzos, y mucho menos han prevenido ante las repercusiones.
Tal circunstancia ha derivado en un conflicto de poderes públicos y en la fractura del tejido institucional, los cuales han alcanzado cotas insostenibles durante los últimos años. Violencia política, desconocimiento de poderes públicos, autoproclamación de un gobierno paralelo bajo la égida de intereses transnacionales, y presencia de tres (03) poderes legislativos (todos impugnados por la población); son los indicadores más escandalosos de la racionalidad política que rige las acciones estratégicas de los bloques en pugna.
Por supuesto, este empate catastrófico es objeto de un gran desgaste en la población venezolana. De acuerdo con diversos estudios de opinión, tanto el partido de gobierno como los factores fundamentalistas del antichavismo venezolano han perdido gran terreno en las preferencias políticas de la ciudadanía. Dichos estudios, registran que la mayor proporción de la población no se identifica con ninguno de estos bloques, de hecho, gran parte de los militantes y los cuadros medios de esos bloques, no comulga con las tendencias fundamentalistas.
Este desgaste ha redundado en la fractura de los bloques. En el caso de la alianza en torno al antichavismo, han surgido profundas divisiones estratégicas y programáticas, vinculadas especialmente al método de lucha por el poder, y al tipo de relación que se debe establecer con intereses exógenos. Mientras que en el chavismo, un conjunto de partidos políticos y movimientos sociales se han deslindado del gobierno de Nicolás Maduro y se postulan como una alternativa política y electoral desde el espectro de la izquierda revolucionaria.
La ruptura de la polarización en torno a nomenclaturas burocráticas y corporativas es un signo positivo para la democracia venezolana, porque representa una oportunidad para superar la intransigencia política y para tejer canales de diálogo en la búsqueda por una salida política a la crisis.
No obstante, no es una tarea sencilla desbordar y superar el escenario de polarización política construido en Venezuela durante las últimas décadas. Los bloques en pugna, además de dominar el poder político y económico en el país, se han alineado con intereses geopolíticos de potencias extranjeras.
Esta particularidad del conflicto venezolano, condiciona de manera drástica las posibilidades de su superación. En el campo estratégico, la disputa no es entre las sectas que se disputan el control y usufructo del poder estatal de Venezuela, ya que la transnacionalización del conflicto ha derivado en que las mismas funcionen como peones de los intereses geopolíticos (por una parte de los Estados Unidos, y por otra de la alianza China-Rusia).
Cabe subrayar, que esto sucede en un contexto de profundas turbulencias en el sistema-mundo (con una crisis de hegemonía global incluida), mediadas por disputas geopolíticas de amplio espectro (sin desenlace previsto en el corto plazo), dados precisamente entre los factores geopolíticos que intervienen de manera explícita en el conflicto venezolano.
Por tanto, Venezuela está expuesta a un doble empate catastrófico. El primero, propiciado por los factores políticos que han pugnado por el poder durante las últimas décadas, el cual experimenta un gran desgaste, pero tiende a ser exacerbado por el segundo.
Entonces las determinaciones del conflicto venezolano tienen una escala geopolítica. Y la realidad muestra que Washington y el eje Pekín- Moscú no están muy interesados en que la crisis venezolana encuentre una salida.
Es el pueblo venezolano entonces el que debe desbordar los empates catastróficos. En primer lugar, para evitar un derramamiento de sangre, especialmente trágico porque el mismo favorecería los intereses sectarios de los bloques dominantes. En segundo lugar, para defender la república, el Estado de Derecho y el tejido institucional, y con ello la seguridad de los derechos de la población. En tercer lugar, para que sobre la base de un acuerdo político nacional, sea factible la mayor sinergia en torno a la necesidad de detener y superar la devastación económica que ha sufrido el país en los últimos años.
La izquierda revolucionaria tiene el deber histórico de actuar con sentido estratégico, sobre la base de las premisas esbozadas para desbordar los empates catastróficos que azotan al país, para constituirse como una opción para el pueblo venezolano, para que este punto de bifurcación (inherente a todo empate catastrófico según el ex- vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera) permita el rescate de las banderas originarias de la revolución bolivariana: la democracia participativa y la justicia social.