Con la opinión vertida por el ex-Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, sobre los fundamentos jurídicos expuestos, tanto por el Mayor General y Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y el actual Fiscal General, Tareck Willian Saab, existen suficientes elementos que hacen presumir más allá de toda duda razonable, que la acusación sostenida contra los jóvenes gerentes Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, de Asociación para Delinquir, Traición a la Patria, y Corrupción Propia, carece del requisito de Fundamentación y Motivación, esencial a toda causa judicial, por basarse en Pruebas Inexistentes, Indicios Probatorios Inconsistentes y Presunciones no sustentadas en los Hechos y el Derecho, por lo que, de existir un comportamiento estrictamente apegado a Derecho por parte de la Juez que debe evaluar lo promovido por el Ministerio Público y lo alegado en contrario por la Defensa, deben declararse todas y cada una de las acusaciones Inadmisibles y Desechadas y, en consecuencia, en el mejor de los casos para el prestigio del Despacho del Fiscal General, mantenerse abierta la averiguación Para Mejor Proveer de elementos irrebatibles de convicción y dictarse la medida de Libertad Plena para los gerentes de PDVSA, objeto de la infundada, maliciosa y de Mala Fe que los han mantenido privados de la Libertad durante más de seis (6) meses, en presuntas condiciones de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, denunciadas por los investigados, su Defensora, familiares, amigos y camaradas del chavismo militante.
Pero es poco creíble qué tal será el desenlace de este espinoso asunto político con ribetes judiciales porque, con base al tratamiento de Estado, con violaciones evidentes a la normativa constitucional e internacional en materia de Garantías Judiciales, una decisión en contrario del Poder Judicial, no solo acarrearía la libertad de los injustamente detenidos sino que ética y políticamente obligaría por lo menos - si en este país existe un Estado de Derecho y Justicia - a una Disculpa Pública de la Comisión para la Transformación de PDVSA "Ali Rodríguez Araque", que preside el Ministro Tareck El Aissami, responsable original de la denuncia y, del Ministerio Público a los lesionados morales de este caso, la sanción a los Fiscales encargados de la instrucción del expediente y a una eventual Renuncia del Fiscal General de la República, abogado Tareck Willian Saad, por Prevaricación Impropia, al exceder sus atribuciones constitucionales y legales al investigar, procesar, condenar ilegítimamente y conducirse de Mala Fe, contra tales ciudadan@s por causas, motivos y razones que no están relacionadas con los hechos enunciados ni las conductas de los imputados.
Y es que el país hoy sabe y comprende con las versiones de los detenidos, las declaraciones del Comité de Apoyo a su causa, la reposada y muy fundamentada opinión de la Defensa y la esclarecedora opinión desinteresada del ex-Fiscal General Isaías Rodríguez, que este caso pareciera haber sido elevado a la condición de Asunto de Estado, dentro de la estrategia de cambio radical de toda la política petrolera de la Revolución Bolivariana, diseñada por el camarada Hugo Chávez, para lo cual había que golpear la presumible, pero no cumplida reacción de los sectores radicales del chavismo social, ante la privatización de áreas del comercio, transportación y refinación del petróleo y derivados de PDVSA; lo que hace extremadamente difícil salir airoso de este bodrio judicial, en un momento políticamente delicado por el escenario electoral en puerta.
Sin embargo, subsanar el error político ayudará a superar laceraciones dentro del chavismo y ofrecer disculpas y sancionar políticamente responsables podría ayudar a reparar la confianza perdida en las instituciones y sus titulares y restalar las heridas del chavismo, tan sensibles por las divisiones, deserciones y luchas fratricidas por el control presente y futuro de la Revolución Bolivariana.