En los últimos días se han producido una serie de manifestaciones populares de protesta en varias ciudades del país, aunque las del estado Yaracuy han sido las que han llamado más la atención, entre otras cosas por involucrar a por lo menos tres ciudades importantes: Chivacoa, Yaritagua y Nirgua. Pero además por su número y duración, por la numerosa participación de la población, por el carácter de las demandas efectuadas y por la vehemencia y valentía de los manifestantes, al defenderse de los cuerpos de seguridad del Estado. Han sido además directamente aludidas por funcionarios del gobierno nacional, lo que implica que les han llamado la atención y les atribuyen cierta importancia. Adicionalmente, un alcalde "gobiernero" local ha dado una respuesta amenazante de carácter fascistoide a los manifestantes, lo cual por supuesto ha enervado más los ánimos.
En otras partes también se han producido manifestaciones parecidas, aunque no tan masivas. San Mateo, Maiquetía, Mochima, Nueva Esparta, Cumaná. En realidad, en el país se producen a diario decenas de protestas por las carencias extremas de bienes fundamentales como la electricidad, el gas, el agua, la gasolina, a las que se suman los ridículos salarios, el altísimo costo de la vida, la inseguridad personal, el desempleo, la insalubridad, la corrupción, el "matraqueo" y abuso de funcionarios policiales y militares, la represión ante los justos reclamos populares y las restricciones por la pandemia de la covid-19. Esto ha hecho que, en las últimas movilizaciones, la gente vaya más allá en sus demandas y comience a exigir derechos de naturaleza política o ciudadana. En una masiva manifestación en Yaritagua, la gente exigía "libertad" y vociferaba contra el gobierno de Maduro y contra la represión y la indolencia, ante los graves y continuos sufrimientos del pueblo.
La respuesta gubernamental regional ha sido la usual: el uso de las fuerzas policiales para terminar con las movilizaciones de protesta. A los gases lacrimógenos y los disparos de perdigones se suman las amenazas e insultos por parte de los alcaldes oficialistas y las consabidas detenciones. La respuesta nacional del gobierno ha sido también la de siempre: culpar a sus enemigos políticos de ser los causantes de las movilizaciones. Es decir, para Maduro no hay razones para protestar ni derecho a hacerlo. Para ellos, las protestas no tendrían ningún asidero en las pésimas condiciones de vida actuales. La miseria existente no tendría nada que ver con los sucesos, ni en Yaracuy ni en ningún otro sitio. Vivimos en el mar de la felicidad, según el gobierno, y la gente sale sólo por la instigación maligna de Voluntad Popular y sus líderes López y Guaidó aupados por el "imperio".
Nadie en Venezuela se chupa el dedo. Todos sabemos que, en toda protesta importante, siempre aparecen líderes políticos opositores que la acompañan, que tratan de ganarlas para sus políticas, de conseguir adhesiones para sus partidos y grupos o para hacer creer que las dirigen. También pueden aparecer para impulsarlas, para redirigirlas hacia objetivos particulares que consideren importantes. Es así y siempre lo será. Los extremistas pueden incluso tratar de crear hechos y situaciones violentas, en sintonía con su política nacional y con la creencia de que las mismas desembocarán en una caída del régimen o conducirán a la tan anhelada invasión "humanitaria".
Pero lo que es una falacia es considerar que, sin la existencia de condiciones socioeconómicas y políticas desesperantes, se pueden generar movilizaciones masivas de la gente. Si no hubiera razones para la protesta, ésta no se produciría. Se puede organizar pequeños grupos de activistas violentos, como los usados en las llamadas "guarimbas", y en ello es experta Voluntad Popular. Pero no se puede movilizar a numerosas personas si no existen las condiciones materiales para ello. Es decir, las protestas tienen dentro de sí todas las fuerzas necesarias para su desarrollo, sin la necesidad de intervención de factores externos. Estos pueden existir, pero su contribución no tiene carácter causal. La gente protesta en Venezuela porque tiene que protestar ante unas condiciones de vida infames, que para muchos ya rayan, además, en el límite de la subsistencia.
La gente tiene derecho a manifestar su inconformidad y hacer sus demandas en forma pacífica, según lo garantiza la Constitución venezolana, sin necesidad de solicitar ningún permiso previo. Es un derecho constitucional que el gobierno debe ser el primero en acatar. En esas manifestaciones siempre hay personas exaltadas proclives a realizar acciones violentas de baja intensidad. Puede haber incluso gente infiltrada a tal efecto o con intenciones mayores. Así ha sido siempre y lo será por muchísimo tiempo más. Y no es un fenómeno circunscrito a nuestro país. Lo vemos en el resto del mundo, sin importar el desarrollo económico de las naciones. El gobierno tiene que actuar ante estas desviaciones en forma muy comedida, sin excesos que violenten los derechos ciudadanos, sin acciones excesivas de fuerza que pongan además en peligro la salud de los manifestantes.
Pero lo principal a hacer por el gobierno es oír los reclamos del pueblo y trabajar seriamente para resolverlos. No es con represión como se solucionan los problemas de los venezolanos. Es con trabajo duro, serio, eficaz y honesto como se puede afrontar el dificilísimo reto actual. Se olvidaron de la participación protagónica del pueblo y han trasladado el protagonismo a las fuerzas militares y policiales, que hacen lo único que saben hacer: usar la violencia. Han llegado al colmo de autodenominarse gobierno cívico-militar-policial. Es hora de recapacitar o irse y abrirle campo a otros que hayan demostrado ser patriotas, amantes de la nación venezolana, activistas por la paz y la democracia y defensores de la soberanía y desarrollo nacional.