La pandemia del Coronavirus ha dado para todo en la viña del Señor, y en la del Diablo también. Con relación a las vacunas, hemos podido observar con detenimiento lo que viene ocurriendo. Desde quienes la producen con sus políticas y estrategias de mercadeo, pasando por la efectividad, seguridad y costo, hasta el punto crítico de quienes serían los que tienen prioridad para ser vacunados.
Si bien es cierto que los médicos, en una considerable proporción, han perdido desde hace mucho tiempo el importante ascendiente social que poseían, demostrado en los continuos fracasos de sus llamados a huelgas, influidos por el rechazo al eterno presidente de la Federación Médica Venezolana, quien está en ese cargo desde los tiempos del Cretáceo.
Pero no es menos cierto, que tanto los médicos como el resto del personal de atención de salud, notoriamente han saltado al tapete de la opinión publica nacional y mundial, por el importante rol que han estado jugando en el tratamiento, prevención y cuidado de los pacientes enfermos por este virus.
Pareciera algo de sentido común y de decisiones audaces, que todo el personal sanitario que está directa o indirectamente en contacto con los enfermos por el Coronavirus, indistintamente de la gravedad del cuadro, deben tener prioridad para recibir la vacuna, cualquiera que sea el tipo y origen.
Las autoridades sanitarias venezolanas estuvieron a un tris de dar una interesante lección de ética y de justicia al resto de América Latina, al establecer una estricta prioridad con la vacunación al personal de atención de salud. Pero no ha estado funcionando.
Con que autoridad moral criticamos al gobierno del Perú, cuando los ministros del ejecutivo fueron los primeros en vacunarse. Como señalamos en España al partido de ultra-derecha y de derecha Vox y Partido Popular (PP), de haberse coleado para recibir la vacuna, por encima del resto de la sociedad civil española. O podríamos justificar que en Brasil, el que se vacune sin corresponderle la prioridad, pudiera ser encarcelado hasta por cuatro años.
En nuestro país, hay hospitales, ambulatorios del MPPS y del IPAS, medicaturas rurales, dispensarios, etc, donde su personal no ha sido vacunado y sus directores no tienen la más mínima idea de cuando recibirán las dosis de las vacunas. Pero el personal administrativo, de vigilancia, de limpieza, etc, de algunos ministerios, entes descentralizados, gobernaciones, alcaldías, así como grupos de la Milicia, por mencionar algunos, ya han sido vacunados.
Costará mucho entender que si vacunan al personal sanitario a lo largo y ancho del país, como una prioridad urgente, ellos tendrán menos chance de contagiarse y estarán en mejores condiciones para tratar y cuidar a los enfermos. Asimismo, se reduciría drásticamente la posibilidad de que este personal se convierta en contaminadores, tanto en el ambiente hospitalario, como en sus hogares y sitios que usualmente frecuentan.
El costo irreparable en vidas del personal sanitario ha sido muy elevado, atribuido inicialmente a una exposición sin protección segura y por que aún no había vacuna. Pero ahora que la hay, no la reciben por que otros sectores de la población son considerados prioritarios. Este es un grave, muy grave error, el cual no ha recibido la atención adecuada.
Finalmente, considero que aún estamos a tiempo de controlar esta seria situación, o las autoridades sanitarias van a obligar al personal sanitario a punta de pistola, a atender la probable oleada de casos post-semana santa, por un nuevo brote de contagios, con la salvedad que estos serán producidos por la variante brasileña, mucho más letal y contagiosa que el virus inicial. Ojalá no se le ocurra a Douglas Natera llamar a una huelga general de médicos, pues hasta el gato, el cual se contagia y contagia, también se va a declarar en huelga.