El sistema de justicia tiene una deuda gigantesca con los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, no se cumple un sistema idóneo para la atención a los casos donde involucre a los pueblos y comunidades indígenas y sus miembros. Es decir, carece de un sistema completo que atienda los derechos colectivos e individuales de la población originaria.
En la jurisdicción ordinaria actúa una triada, Tribunales, Fiscalía y la Defensa Pública o Privada. Sin embargo, en este escenario, la única instancia que ha avanzado en la especialización dentro de sus competencias ha sido la Defensa Publica, con la creación de los Despachos Defensoriles especializados con competencia integral indígena. No así ha ocurrido con las demás instituciones que actúan en este proceso ordinario coadyuvando a que el sistema judicial sea débil. Y en el caso de los órganos auxiliares de justicia es más profundo todavía.
Lo anterior expresado se vuelve cada vez más relevante por el incremento de casos procesados ante la jurisdicción ordinaria y esto obedece a la influencia del régimen económico que impera en los últimos tiempos y sin duda alguna viene acompañado con la incidencia de la población no indígena en territorios ancestrales. Es decir que la economía del país se fundamenta en los recursos que yacen en el suelo y subsuelo habitados por los pueblos indígenas.
En el caso particular del estado Bolívar se dice que esta región ha aumentado considerablemente la población, hasta triplicar los números de habitantes que tradicionalmente residían en este territorio. Como una avalancha esta población se movilizó hacia territorios ricos en donde habitan los pueblos y comunidades indígenas, los cuales vienen sufriendo la alteración de la dinámica social tradicional.
La política económica del Estado ya tiene sus efectos sociales y comienza a generar impactos negativos sobre las poblaciones originarias y urge enfocarse en este tema para poder atender a los pueblos y comunidades indígenas que de forma acelerada son procesados ante la jurisdicción ordinaria del sistema de justicia venezolano. Esto obliga a que se accione desde todos los escenarios la preparación individual y colectiva para hacerle frente a este fenómeno.
Existen tres herramientas jurídicas fundamentales para los pueblos y comunidades indígenas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y La Ley Orgánica de Los Pueblos y Comunidades Indígenas.
¡La historia la escribe el vencedor!