La atención prestada por los Estados y los sistemas públicos de salud a la pandemia por COVID-19, más allá del obvio interés de parte de la dirigencia gubernamental, ha sido a tal punto exagerada, que prácticamente se ha ninguneado la existencia del resto de enfermedades, muchas de ellas responsables de numerosas más muertes por año en la Tierra que las ocasionadas por la COVID-19 entre enero del 2020 y lo que va del 2021; de hecho, la mayoría de fallecimientos por esta última enfermedad se ha debido más a unas complicadas condiciones preexistentes que a su desarrollo per se.
Ahora bien, no sorprende toda esa atención de los Estados a la infección por el nuevo coronavirus, en desmedro de la importancia de otras enfermedades. La COVID-19 ha sido proyectada como un peligroso enemigo para la humanidad, y como tal tuvo un enorme ‘boom’ mediático desde el mismo inicio de la pandemia, hasta el punto que la lucha para erradicarla justificó y posibilitó en parte el malintencionado acaparamiento de los cada vez menos recursos estatales disponibles para los sistemas sanitarios públicos. En este sentido se evidencia la situación cada vez peor de la sanidad pública en el mundo entero, en progresiva decadencia como consecuencia principal de la disminución permanente de la inversión social en el sector, más allá de la atención transitoria prestada al coronavirus, que de igual manera muchos han denunciado como insuficiente. Además la COVID-19 ha caído como anillo al dedo para que las élites y los Gobiernos continúen con el nefasto proceso de privatización absoluta de la salud en el orbe, en el marco del nuevo orden mundial corporocrático-totalitario en construcción. Para la perversa mentalidad de los ricos la inversión social es vista como un simple gasto sin justificación práctica, y la salud pública deberá dar paso en su totalidad a la sanidad privada.
Lo cierto del caso es que hoy día, de un plumazo, desapareció prácticamente la poca inversión estatal que aún había respecto a la prevención y combate de numerosas enfermedades. La COVID-19 manda en la actualidad (mientras siga teniendo su importancia estratégica global), y quienes enfermen de cualquier otra cosa y no cuenten con recursos financieros abundantes, están condenados a depender de una atención sanitaria pública paupérrima, o simplemente a "como vaya pasando vemos que se va haciendo". En el caso de Venezuela, agobiada por una terrible crisis socioeconómica, millones no tenemos derecho ni a un servicio odontológico básico ni a consultas de rutina en el sistema público de salud. Hay que rogar en el país suramericano no enfermar ni de algo aparentemente leve, considerando además el alto costo de los medicamentos.
Tristemente el deterioro continuo de la salud pública afecta cada día a gran parte de la humanidad, cuyas condiciones de pobreza y miseria le impiden el acceso a un sistema sanitario decente. Y el futuro no es para nada halagador de no haber la reacción popular debida contra el nuevo orden mundial y sus pretensiones de privatizar totalmente la sanidad.