Los problemas que ha conllevado para los países en vías de desarrollo la extensión y proliferación de la pandemia de coronavirus se pueden catalogar de graves, sobre todo para los menores de edad que pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que los esfuerzos fiscales anunciados en 2020 representaron un promedio del 4,6 % del PIB en la región, al tiempo que la existencia de la pandemia, la disponibilidad de vacunas y la incertidumbre sobre su efectividad junto con los ritmos desiguales y divergentes de la reactivación económica, ponen en duda la rapidez y la sostenibilidad de la recuperación económica.
El organismo estimó que el rescate de los niveles del PIB anteriores al inicio de la pandemia no se alcanzarán antes del 2023 en la mayoría de las naciones del área, donde se reportó una pérdida promedio de 7,1 % en 2020 debido a que la crisis de salud cerró negocios, congeló el turismo y la pobreza alcanzó su nivel más alto en 12 años lo que afecta ahora a más de un tercio de la población.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, alertó que resulta fundamental actualizar el gasto público como instrumento de desarrollo lo cual requiere vincular la emergencia con una reactivación transformadora a corto plazo con transparencia e ingresos de emergencia y el apoyo a sectores productivos, mientras a mediano plazo, se debe poner la mira hacia la universalización de la protección social.
Estos puntos resultan fundamentales en sociedades que han adoptado por aplicar las nefastas reglas neoliberales que han posibilitado a unos pocos convertirse en ricos y a la mayoría de sus poblaciones encaminarse a la pobreza.
Para el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley los problemas de hambruna se han ido agravando por sequías, huracanes, terremotos, cambios climáticos y ahora por la pandemia de covid-19.
Los programas sociales de ayuda a los más desposeídos se hacen completamente indispensables para salvar a muchos a morir de hambre e inanición.
Solo en tres países de Centroamérica, Honduras, Guatemala y el Salvador, en el último año y medio, las personas en situación de hambre se cuadriplicaron al pasar de dos millones a ocho millones, lo cual ha impulsado la perdida de empleos y por consiguiente la emigración hacia México y Estados Unidos para intentar mejorar sus situaciones de pobreza, lo cual casi nunca consiguen.
En esta deleznable pirámide invertida aparecen los menores de edad pues la pandemia ha revertido los objetivos trazados por las organizaciones internacionales para disminuir el trabajo infantil.
Un estudio realizado en conjunto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la Infancia (Unicef), denuncia que más de 152 millones de niños están en situación de explotación y de ellos 73 millones en labores peligrosas.
El estudio agrega que 74 millones tienen entre 5 y 11 años; 42 millones entre 12 y 14 años y 36 millones entre 15 y 17 años.
Los expertos indican que para revertir la situación se necesitan recetas universales: la vuelta inmediata a los colegios, ayuda pública a las familias más vulnerables, un mayor desarrollo de las políticas sociales, pero nada de esto pueden ofrecerlo los sistemas neoliberales.
El informe, con fecha de cierre en 2020, señala que los gobiernos y donantes debían aumentar las asignaciones en efectivo a las familias para mantener a los niños fuera del trabajo infantil (peligroso y explotador), protegerles la educación y un nivel de vida adecuado.
Dos solos ejemplos en diferentes continentes para ilustrar este flagelo. En Colombia se estima que cerca de un millón de menores, por las diferentes calles y avenidas de las ciudades, venden frutas, dulces, agua; limpian carros, interpretan canciones, hacen malabares. En casas de familias pudientes, lavan ropa, hacen mandados, limpian los inmuebles.
Pero mucho más peligroso y degradante es cuando individuos inescrupulosos los explotan sexualmente o les obligan a realizar actividades al margen de la ley.
En otro país, Gabón, en el continente africano, cientos de niños laboran o buscan materiales para el sustento de sus familias en vertederos insalubres pese a los riesgos que significa para la salud.
Muchos enferman y no tienen formas de obtener tratamiento especializado ni medicamentos, por grave que sea el padecimiento, y sus familiares deben recurrir a medicinas naturales.
Daniel Bondende, un niño de solo ocho años, deambula por uno de los vertederos de basura de Gabón, que abarca cientos de metros, en busca de algún pedazo de cobre o aluminio para revenderlo. Daniel declaró a una televisora nacional que temía por su salud pero debía hacerlo porque no puede dejar que el poco dinero que obtiene la familia provenga de su mamá y ya tiene edad suficiente para cuidarse.
Hace poco, dijo, me herí con una barra de hierro, me dolió pero la herida se curó y regresé a trabajar porque mi familia esta muy necesitada.
Roselin Bendome, activista de los Derechos del Niño en Gabón, puntualizó que cada vez más niños no van a la escuela y pasan casi todo el día en ese vertedero donde se queman materiales tóxicos para recuperar pedazos de cobre cuyo humo resulta muy dañino para la salud.
Neoliberalismo y pandemia se han unido para llevar más desgracias a diferentes pueblos del mundo y como significó la OIT, "el trabajo infantil priva a los menores de su niñez, su potencial y su dignidad".
Son pocos los países del mundo donde los menores disfrutan plenamente de la niñez y de la juventud con plenos derechos a la educación, la salud y al bienestar social. Esperemos que algún día, ese derecho ocurra en la mayoría del orbe.