Se supone que Maduro controla el territorio venezolano, pero en la práctica parece no ser así. Muchas zonas urbanas en varias de las grandes ciudades están bajo el control de grandes bandas delictivas, bautizadas como mega bandas como las de la Cota 905 y zonas aledañas. Cuando uno analiza la acción militar reciente envolvente del "Coqui" y sus bandas en Caracas, se percata de que el control territorial por parte del gobierno es precario, además de que se le aprecia muy débil en sus capacidades operativas. Incluso aceptando que las bandas de la 905 fueron derrotadas y que sus principales jefes huyen en desbandada, aún no conocemos el desenlace a mediano y largo plazo de lo ocurrido, ni si realmente la situación actual significa un control policial total de los barrios involucrados.
Adicionalmente, las bandas derrotadas y los territorios "recuperados" para la república son sólo una parte de las bandas y zonas ocupadas existentes en Caracas. En los barrios muy poblados de Petare también existen grupos similares, y no tenemos noticias de las acciones supuestamente tomadas por el gobierno contra estos ni de sus resultados. Tampoco sabemos que se hayan tomado medidas especiales contra las bandas del oeste de Caracas ni mucho menos contra las de la provincia. Recordemos que en el pasado reciente algunas de éstas adquirieron particular notoriedad nacional e internacionalmente por las actividades delictivas de algunos de sus miembros. La banda llamada "El tren de Aragua" es una de ellas.
Si a estas caóticas situaciones urbanas les agregamos lo que ocurre en Apure, donde extensas zonas han sido ocupadas por irregulares colombianos armados, que han enfrentado incluso exitosamente al Ejército venezolano, pues han tomado rehenes y obligado a negociar su liberación mediante acuerdos desconocidos, insistiremos en que el control territorial por parte del Estado es incompleto. Además, recordemos que este mismo escenario se da en muchas otras zonas del país, como es el caso de los estados Zulia y Táchira, sitios por donde se efectuó la penetración inicial para establecerse en el país, de miembros de la guerrilla colombiana del ELN y de paramilitares ligados estrechamente al expresidente Álvaro Uribe.
En Guayana, la realidad es muy grave, pues las zonas mineras están en manos de irregulares armados de distinto tipo, desde el hampa común hasta grupos guerrilleros y paramilitares de Colombia. En estas zonas, además, existe una estrecha relación de colaboración entre oficiales de alto rango de la FANB y los grupos de delincuentes. Los daños ambientales causados por la actividad minera ilegal e incontrolada son considerables, como lo es el saqueo de nuestros metales preciosos y minerales. En Sucre, la zona que se extiende por el norte de la península de Paria, desde Rio Caribe, está bajo el control total del narcotráfico, que ha incorporado en su actividad a buena parte de los pobladores de los distintos poblados existentes.
Debemos añadir a los estados Amazonas y Delta Amacuro, donde la presencia del Estado venezolano es menor que la de las bandas de narcotraficantes y de contrabando de extracción, lo cual es muy peligroso para la integridad territorial de la República, considerando lo alejados que están ambos territorios del centro político del país, la muy baja densidad de población, el carácter de estados fronterizos y la numerosa población indígena. Llama la atención el poco interés que muestra el Ejecutivo Nacional y la FANB por recuperar el control de estos espacios. Se ha dejado indefensa a una población que hoy es víctima de las acciones y decisiones de delincuentes extranjeros armados. No se entiende tampoco, como una FANB incompetente para esta tarea puede garantizar la soberanía ante posibles agresiones de gobiernos vecinos.