El diálogo iniciado recientemente en México entre el gobierno legítimo de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, y el sector de la oposición que hasta ahora se había resistido al diálogo, es una señal adicional en el camino a la normalización y pacificación de la vida política de los venezolanos, que da además aliento para la pronta recuperación económica del país. Y, para lograr ello, creemos que los acuerdos a ser promovidos deben perseguir de inmediato, la eliminación de todas las sanciones con efectos generales sobre la población; tales medidas han puesto indebidamente al pueblo en condición de rehén de factores poderosos, sometiéndoles a un chantaje con el argumento de que tal chantaje sobre el pueblo es democrático. Por supuesto que, un chantaje o presión sobre el pueblo no pueden ser nunca considerados válidamente democráticos; sino lo contrario. La eliminación del chantaje sobre el pueblo (que es devolverle el goce pleno de sus derechos y libertades) debe ser una de las garantías democráticas iniciales para el diálogo. Y la devolución del dinero ilegalmente incautado, para ser utilizado en la adquisición de bienes básicos esenciales para el bienestar de los venezolanos, debería ser una muestra desde el inicio de las buenas intenciones y firmeza de ese diálogo.
Consideramos que el diálogo debería tener además como propósito explícito, la normalización de las variables de la economía venezolana; para ello, debería incluir entre sus acuerdos principales el apoyo a la recuperación pronta del salario de los trabajadores, así como de las transferencias otorgadas a pensionados y jubilados. Y la repatriación de fondos que se fugaron indebidamente al extranjero, distrayendo recursos que formaban parte de las reservas nacionales de divisas de la economía venezolana. Igualmente, debería comprender un acuerdo para la reforma fiscal y normalización de los ingresos estatales, colocándolos al menos al mismo nivel que los sistemas fiscales y tributarios más avanzados en la región, pues, tales ingresos son la base para el funcionamiento ordinario del Estado y para la provisión de bienes públicos esenciales. Así, como es necesario también un acuerdo para la restructuración de la deuda pública externa, cuya dimensión y servicio amenazan el progreso general y la estabilidad futura de la economía venezolana.
Lo que queremos decir, es que los intereses generales de la población deben estar claramente presentes en el proceso que iniciamos en México y que continuará en otras conversaciones, para concluir en un pacto o conjunto de pactos entre los factores políticos que hacen vida política actualmente en Venezuela.
Estamos convencidos de que debemos aprovechar igualmente para aprobar una agenda de medidas a adoptar en el ámbito social y económico, las que resultan clave para la normalización y pacificación de la vida política venezolana en el corto, mediano y largo plazos.
Los factores políticos deben incorporar estas miras, para que el diálogo iniciado en México sea realmente exitoso y sus resultados se proyecten positivamente sobre todos, por siempre, o al menos durante un plazo considerable.
La aprobación de esta agenda social y económica colocaría a la clase política venezolana en una dimensión mucho más elevada y apreciable por todos, para servir como modelo político y social, y marcaría decisivamente la historia para ser recordada por las generaciones porvenir, no sólo en Venezuela.