En medio de la pandemia por COVID-19 y sus terribles consecuencias, estamos en presencia, sin duda alguna, del casi final de la sanidad pública en Venezuela, incluyendo a Barrio Adentro (misión que engloba los conocidos centros de diagnóstico integral). Más allá de cierta atención prestada por el Estado venezolano a la infección por el coronavirus, el sistema público de salud ya no ofrece un servicio de calidad a los ciudadanos comunes, lo que no es de extrañar considerando la desinversión progresiva, la malversación de gran parte de los pocos fondos y recursos materiales disponibles y la ineficiencia, por ejemplo. Factores que en buena medida generaron el desastre sanitario, en el que sobresalen el continuo desmejoramiento salarial del personal, la notable escasez de insumos básicos y reactivos, el deterioro de dispositivos, aparatos e instrumentos fundamentales para diagnosticar y tratar numerosas patologías, y el abandono y daño de estructuras de hospitales, ambulatorios y centros de diagnóstico integral.
Tristemente enfermarse hoy día en Venezuela y ser pobre, representa una verdadera desgracia. No hay que negar que los médicos que aún prestan sus servicios para la sanidad pública, lo hacen en su mayor parte con el deseo de atender lo mejor posible a sus pacientes, pero de poco sirve debido a que no hay reactivos para llevar a cabo numerosos exámenes de rutina, no sirven los tomógrafos ni los aparatos para realizar ecosonogramas y resonancias, no hay insumos para curar lesiones de diverso tipo y tratar ciertas afecciones dentales (hasta la extracción de un diente es difícil en el sistema público de salud por la escasez de anestesia local) y mucho menos para hacer cirugías (no hay siquiera guantes desechables y jeringas), aún las menores. Para colmo los precios de los medicamentos están por las nubes, y son contados los centros de salud que disponen de fármacos para donar a los enfermos. Una combinación de elementos que evidencia claramente el pobre estado de la sanidad pública en Venezuela, y que lamentablemente perjudica a millones de ciudadanos comunes, sin recursos suficientes para ser atendidos en clínicas y hospitales privados.
Ahora bien, es innegable que las consecuencias negativas de la pandemia y los criminales bloqueos cortesía de Estados Unidos y algunos de sus aliados, han afectado en buena parte al sistema público de salud en Venezuela, en cuanto a las dificultades para la importación de insumos, de reactivos y de repuestos necesarios para reparar distintos aparatos y a sus altos costos, por ejemplo. Sin embargo, el Gobierno venezolano en todos sus niveles político-territoriales tiene una importante cuota de responsabilidad al respecto, en especial la dirigencia vinculada al sector salud, ineficiente en buena medida y protagonista y cómplice de la corrupción reinante, mediante la que se desvían fondos, insumos, reactivos, aparatos, dispositivos e instrumentos a particulares. Lo anterior en el marco, claro está, de los recortes sociales locales y globales impulsados por el nuevo orden mundial corporocrático, que ha proyectado la reducción drástica de la inversión pública.