Hoy quiero referirme al estado de indefensión que sufrimos todos los venezolanos sin distingo, específicamente a la ausencia por parte de CONATEL, como órgano regulador del estado venezolano para las telecomunicaciones.
¿Cómo entender –que alguien me lo explique- que las telecomunicaciones en el país estén tan colapsadas en el caso de las operadoras privadas?
Pudiese entenderse en el caso de MOVILNET y CANTV, que son empresas del Estado obviamente afectadas por el tema de la caída de los ingresos públicos en divisas y las consecuentes dificultades para sostener sus niveles de mantenimiento e inversión, máxime en un escenario de guerra económica, medidas coercitivas unilaterales y bloqueo económico y financiero por parte de Washington y sus acólitos.
¿Pero qué puede decirse de MOVISTAR y DIGITEL, empresas transnacionales de gran músculo financiero a nivel global? Ambas siguen subiendo sus tarifas y siguen vendiendo líneas nuevas sin ampliar su capacidad operativa, desmejorando excesivamente o exponencialmente su servicio. Es patético que todos tengamos que pagar tarifas muy elevadas por un servicio que no podemos disfrutar, porque la mayoría del tiempo, en el transcurso de cada día no hay conectividad por datos celulares, ni tampoco servicios de voz o mensajería.
Esto ocurre con mayor gravedad incluso en los pueblitos y en las zonas que no gozan del servicio ABA de CANTV, por lo que sus habitantes se ven obligados a contratar los servicios de MOVISTAR o de DIGITEL, servicios que en la inmensa mayoría de los hogares que los contratan en realidad son inexistentes a todo evento práctico. Un fraude, una estafa y un robo. Un miserable engaño. Pura publicidad engañosa, maliciosa y patéticamente impune.
Cosa que resulta aún más grave si se toma en cuenta la necesidad que actualmente tienen diversos hogares de mantenerse en contacto con familiares o allegados que se encuentran en el extranjero en estos momentos, como consecuencia de las dificultades económicas por las que ha atravesado el país en años recientes y también producto de la inducción propagandística a la emigración, mediante el psicoterror mediático que ha pretendido hacer ver a nuestra amada Venezuela como el peor lugar del mundo para vivir.
Hablo por mí misma, es mi propio caso. El venezolano hace un gran esfuerzo para pagar las tarifas carísimas de MOVISTAR y DIGITEL para mantenerse en comunicación con sus familiares y allegados en el extranjero y resulta que prácticamente nunca pueden comunicarse. Solo a altas horas de la noche y en la madrugada, y muchas veces ni siquiera a esas horas.
Es patético ver que nadie levanta la voz. Nosotros vinimos aquí apoyando un proceso de cambios con nuestro comandante Hugo Chávez Frías, nuestro eterno líder e inspiración, y ahora apoyando al camarada Nicolás Maduro, continuando con nuestra apuesta a este proceso de cambio con todas las dificultades y contradicciones dialécticas que encierra en sí mismo, rodilla en tierra y esperando por ese cambio en profundidad que tanto deseamos. Sabemos todos que no es fácil, que estamos enfrentando una guerra económica que nos ha llevado a una crisis, pero eso no quiere decir que necesaria u obligatoriamente eso tenga que redundar en la mediocridad en el cumplimiento de sus funciones por parte de las instituciones del Estado que están llamadas a proteger al consumidor en materia de la prestación de los servicios de telecomunicaciones por parte de las empresas transnacionales privadas.
Entonces, el llamado es a que nos enseriemos. Basta ya, reitero, del estado de indefensión. ¿A quién se acude? Si uno no paga, le suspenden el servicio y si uno paga, igualito no lo tiene. Es como tener mamá, pero tenerla muerta. Y sin derecho a pataleo, porque meter el reclamo en los robots de MOVISTAR y DIGITEL es peor que atravesar el desierto por 40 días con el Diablo al lado. Y en cuanto a CONATEL o SENCAMER, ni siquiera tienen robots, ni tampoco números telefónicos, ni tampoco oficinas donde pueda uno meter una carta de denuncia y que alguien con la mínima autoridad o legitimidad legal se la firme y se la selle a una en señal de recibida y que luego pueda servir para hacer el ridículo y perder el tiempo eternamente en el sistema judicial venezolano intentando sin la más mínima esperanza una demanda por silencio, omisión o demora administrativa.
Mi pregunta entonces es la siguiente. ¿A quién se acude sin que una sea objeto de la burocracia imperante, más ahora en tiempos de pandemia donde todo parece haberse paralizado y desvanecido, en una especie de limbo donde impera el sálvese quien pueda y como pueda? La ciudadanía se ve obligada a resolver como pueda sus propios asuntos, cuando esos asuntos son competencia directa del Estado y sus instituciones, que para eso fueron creadas.
El llamado es para que alguien competente salga en defensa del derecho del ciudadano y del consumidor. Basta ya de la sociedad de cómplices imperante a lo interno del gobierno que parecieran pasarle la mano estas grandes empresas multimillonarias transnacionales privadas, de parte de las cuales quizás, tal vez, no sé… algunos funcionarios recibirán dádivas a cambio de voltear al otro lado la mirada, en contradicción con la razón por la cual vinimos a hacer una revolución. En franca contradicción.
Es por tanto que solicito a quien esté llamado a dar el paso al frente, que lo dé. Basta ya del estado de indefensión. ¿Hasta cuándo tanto defender los intereses de los burgueses en detrimento del derecho del pueblo? Basta ya. ¡Basta ya!
¿Cómo aceptar de buen grado que CONATEL permita el aumento de tarifas sin preocuparse en lo más mínimo por la calidad de la prestación del servicio a la ciudadanía? Esto es una burla. Esto es una afrenta a la inteligencia y al respeto que merecemos como pueblo, y como chavistas que hemos luchado para mantener este proceso y seguimos en pie de lucha, pero no nos callamos, porque tenemos el derecho como consumidores, como venezolanos y porque estamos ya cansados de la inoperancia. Levanto la voz en nombre de miles, de miles y miles que no se expresan. Pues yo sí lo hago en nombre de todos.
Esta no debería ser la vía. Si las instituciones funcionaran como es debido, habría canales regulares efectivos y eficientes que darían oportuna y diligente respuesta a las demandas de la ciudadanía. Lamentablemente no es así en la materia expuesta en este artículo. Por eso lo escribo y lo elevo ante la opinión pública.
Aunque la pandemia haya paralizado la economía mundial, los gobiernos tienen que seguir funcionando. No pueden paralizarse. Los derechos del ciudadano no tienen vacaciones. La gente en este país hace un esfuerzo sobrehumano para poder cubrir sus gastos básicos como consecuencia de la guerra económica que seguimos enfrentando y combatiendo. Las telecomunicaciones no son un lujo en este siglo XXI, sino una necesidad básica. Una necesidad tan crucial como lo es la salud, la educación, la alimentación y la vivienda. Un derecho humano fundamental. ¿Hasta cuándo el pueblo venezolano sigue llevando del bulto? Ya está bueno.
¡Hasta la victoria siempre! Unidos somos más.
Zulika King