En casi todas las naciones que integran nuestra América, desde los albores de la era independiente, se han dado a conocer una diversidad de propuestas que tienen entre sus principales objetivos la transformación de su economía, política, ideología, cultura e instituciones en un afán por desprenderse de la rémora de atraso y de dependencia que ha caracterizado, en conjunto, su historia. La similitud de estructuras de clases, trayectorias y bloques históricos, así como su origen, han motivado en muchos reformadores y revolucionarios la forja y la difusión de opciones que permitirían a cada uno de nuestros países situarse a la par respecto a los países desarrollados, sin que exista de por medio algún tipo de subordinación que limite, en cierto punto, el ejercicio de sus soberanías. En esa perspectiva, lo más que se ha logrado es darle espacio a las prácticas del capitalismo neoliberal, aumentando la fragmentación en vez de la unión, como el modo más eficaz o único para desprenderse de la historia de subdesarrollo y de subalternidad en que fueran sumidos por las potencias capitalistas de Europa y Estados Unidos.
La crisis multifacética que envuelve a la totalidad de nuestra región latinoamericana -caracterizada por un auge popular en demanda de mejores condiciones materiales de existencia y de participación política- está vinculada, de una u otra manera, al declive del sistema de hegemonía de Estados ejercido desde hace más de un siglo por el coloso norteño, Estados Unidos, la cual se manifiesta en su impotencia para frenar la influencia económica y política creciente de China y Rusia en su tradicional patio trasero. Este auge popular ha precipitado el surgimiento de nuevas referencias políticas, incluso de extracción derechista, que centran su acción en el control del Estado como fórmula única de hallar e impulsar soluciones a la diversidad de problemas que agobia a la población; lo que ha resultado insuficiente al excluir la participación y el protagonismo exigidos por los sectores populares organizados en la toma de decisiones, así como en la ejecución de las políticas públicas.
El debate, aparentemente, se centra en la disyuntiva de elegir una opción de índole democrática, que plantea la universalización de la libertad ciudadana y la consiguiente inclusión de la mayoría pobre, o empobrecida, y otra antidemocrática y oligárquica, que excluye de la vida civil, económica y política a quienes dependen de su trabajo para vivir, y la hegemonía política por parte de las minorías ricas o enriquecidas. En medio de ambas opciones, se mantiene activa la protesta de los sectores populares, exigiendo mejores condiciones de vida, así como el freno a la explotación de los recursos minerales que está afectando enormemente el delicado equilibrio de la naturaleza. Es, pues, una situación que demanda una visión diferente de las cosas, lo mismo que una praxis más dinámica, con resultados inmediatos, eficientes y eficaces en vez de medias tintas.
A simple vista, los enfoques e intereses de los actuales actores políticos (tradicionalmente etiquetados de derecha e izquierda) no presentan muchas diferencias entre sí, tratando de atraer más adeptos, en especial cuando sus propuestas se refieren a un tema tan sensible como el económico. Poco se cuestiona la asimetría y la dominación vigentes, las cuales son determinantes para lograr los cambios necesarios que contribuirán a resolver, de ser posible, de raíz, cada uno de los problemas hasta ahora presentados. En este caso, habrá que hablar de una transformación radical de las relaciones de poder y de producción que han definido o caracterizado al modelo civilizatorio imperante; de otra manera, persistirán las crisis recurrentes e insolubles que agobian a las mayorías de nuestros países, causadas, principalmente, por aquellos que siguen ceñidos a un modelo de Estado y de sociedad que es preciso ajustar a los nuevos tiempos, en lugar de cubrirlo con reformas circunstanciales que, al cabo de cierto tiempo, habrá que replantearse nuevamente frente a los mismos problemas que obligaron a su imposición.