Lo que parece a simple vista una victoria aplastante del gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones regionales y locales del pasado 21 noviembre, se matiza bastante al analizar en detalle los resultados de la votación considerando por ejemplo, no solo las gobernaciones conquistadas, sino también, la votación mayoritaria obtenida por el conjunto de la oposición y el gran número de alcaldías logradas por ésta, porque ello es una medida bastante objetiva de la base social real de apoyo. Además, esos resultados deben ser observados desde una perspectiva histórica, con el fin de conocer su variación respecto de anteriores eventos electorales de similar naturaleza, para determinar el comportamiento electoral que han venido teniendo ambos, gobierno y oposición.
Los resultados revelan que el PSUV sigue siendo la primera minoría, pero minoría al fin, mostrando al mismo tiempo que si la oposición hubiese participado unida en un solo frente, los resultados serían justamente los opuestos, vale decir, al menos habría obtenido 20 de las 23 gobernaciones de estado. Muestran también que la sumatoria de los votos opositores superaron en cerca del 8% a la votación del Gran Polo Patriótico (GPP), demostrando que sí es posible derrotar al gobierno en las urnas aún en condiciones desventajosas y de relativa alta abstención. Esto reafirma la eficacia del voto, especialmente si éste es masivo, como herramienta de cambio posible y de ejercicio de la soberanía popular siguiendo la ruta democrática, pacífica y constitucional. Esta mayoría opositora se refleja en el avance significativo logrado en la elección de los alcaldes, al obtener más de 1/3 (124) de las 336 alcaldías en juego, a pesar de que no presentó fórmulas unitarias en la contienda electoral.
Al analizar el comportamiento histórico de la votación del Gran Polo Patriótico (GPP), se evidencia que se ha venido erosionando progresivamente el respaldo popular al gobierno, a pesar de los diversos mecanismos de extorsión y control social que viene aplicando. Entre el 2013, cuando ganó Maduro las presidenciales y el 2021 su gobierno perdió el 46 % de la votación; entre las elecciones regionales de 2017 y las del 2021 perdió el 30 % y; entre las elecciones parlamentarias que se realizaron el año pasado (2020) y las del 21 de noviembre próximo pasado perdió 6.41 %, o sea, 278.315 votos. Esto demuestra que hay una tendencia sostenida al desgaste de la base social y política de apoyo al gobierno.
Por otra parte, en las elecciones del 21 de noviembre (2021) la participación electoral fue de 8.808.871 (42.26%), pero en las parlamentarias de (2020) la participación fue apenas de 6.251.080 (30.18%), lo cual arroja un incremento significativo de la participación electoral en 2021 en términos absolutos de 2.557.791 votantes. Esta es una señal positiva que muestra el fortalecimiento de la ruta democrática en la conciencia ciudadana. Un factor que posiblemente influyó fue la participación del G4 en estas elecciones con la anuencia de sus "tutores": EEUU y la UE, siendo esto un reconocimiento inequívoco del fracaso de la estrategia de estos sectores de la oposición basada en el atajo, del golpe de estado, la invasión extranjera y la abstención promovida por ellos. Con todo y eso, este proceso no estuvo exento de las arbitrariedades y del ventajismo doloso del sector oficial, a través de la aplicación a discreción de inhabilitaciones inconstitucionales a candidatos opositores, como ha venido ocurriendo en forma continuada por ejemplo en el caso de la Alianza Popular Revolucionaria (APR) en Portuguesa (4) y en el Municipio Libertador (1), y en el escandaloso caso de Barinas; del uso y abuso de los bienes y recursos del Estado para la campaña, de la extorsión a los trabajadores del sector público y del monopolio de los medios de comunicación del Estado para difundir sus mensajes de promoción electoral. No obstante, la nueva composición menos desequilibrada del nuevo CNE y su apertura a la participación de profesionales y académicos en las auditorías y seguimiento de los procesos, así como de organizaciones de observadores nacionales e internacionales, contribuyó decisivamente en la mayor transparencia y confiabilidad de las elecciones, lo cual fue reconocido incluso por la observación de la Unión Europea.
En este contexto de relativo avance en la ruta democrática hacia la reinstitucionalización del país, se produjeron dos hechos que nublaron el panorama postelectoral: La acusación de espionaje que hizo el presidente Maduro, sin que mediara la presentación de pruebas, a la delegación de la Unión Europea y su consecuente expulsión inmediata del país y, la sentencia de la Sala Electoral (SE) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la cual anula las elecciones del estado Barinas, reconociendo que aun cuando ganó el candidato de la MUD, Freddy Superlano, sin embargo, éste fue inhabilitado por la Contraloría General de la República (CGR), ordenando, en consecuencia al CNE convocar nuevas elecciones para el 09/01/22. La expulsión de los delegados observadores de la UE luce inconsistente, dado que en el informe que ésta presentó, más allá de algunas observaciones esperadas dada su postura política frente al gobierno venezolano, se emite un juicio señalando que "mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores" y respecto del CNE afirmó que "es la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años". Por otro lado, la sentencia de la Sala Electoral (SE) del TSJ es una evidente intromisión del poder judicial en el poder electoral, el cual no fue notificado de la "inhabilitación express" de la CGR con antelación a la inscripción del susodicho defenestrado candidato y también, es un acto inconstitucional porque el presidente Maduro lo indultó al igual que a más de 100 procesados políticos en el marco del diálogo de México siendo esta una facultad del Poder Ejecutivo según el numeral 19 del artículo 236 de la Constitución, que no puede ser desconocida por el Poder Judicial.
Más allá de las consideraciones jurídicas señaladas, estamos frente a una nueva provocación del gobierno de Maduro urdida con el propósito de desestimular y desmoralizar al pueblo que mayoritariamente rechaza a su gobierno y a los actores políticos y sociales opositores, para que desistan de votar y de adelantar la iniciativa, al cumplirse la mitad del período constitucional, de activar el referéndum revocatorio el próximo año. Lo notable en esta conducta del gobierno, es que en su proceder autoritario ni siquiera disimula y sin rubor se quita la máscara para mostrar el verdadero rostro autoritario que realmente tiene, desafiando impunemente la voluntad popular. En esa misma línea actuó la Sala Electoral del TSJ siguiendo las directrices políticas del PSUV-Gobierno, al violentar abiertamente la Constitución y la soberanía popular, para preservar el poder en el que consideran un "feudo político", echando por la borda la poca confianza lograda en las elecciones del 21N y las que están por venir. Adicionalmente le da una patada a la mesa de diálogo en México al incumplir el acuerdo de rehabilitación política a los opositores. Más que la gobernación de Barinas, lo que realmente está detrás de esta maniobra artera es colocar palos en las ruedas de la "bicicleta" del revocatorio, al prefigurar en Barinas lo que será su conducta para intentar lograr "por todos los medios", el bloqueo de la iniciativa popular del referéndum revocatorio.
Con el desconocimiento de la voluntad popular en Barinas, el gobierno de Maduro desafió no solo a los barineses sino a todo el pueblo venezolano, porque lo mismo que hizo allí lo podría repetir en cualquier otro evento electoral en el que esté en juego su hegemonía, bien sea por ejemplo en el referéndum revocatorio o en las elecciones presidenciales de 2024. La trascendencia de lo ocurrido en Barinas, va más allá de la disputa por una gobernación. El presidente Maduro al asumir directamente y sin ambages la conducción de ese lamentable y deplorable episodio en el cual se pisoteó la soberanía popular, ha desafiado al pueblo soberano y la respuesta de ese pueblo al gobierno autoritario de Maduro, no puede ser otra que aceptar el reto, avanzando hacia la restauración de la Constitución, convocando el referéndum revocatorio e invocando la relegitimación de todos los poderes públicos hacia el restablecimiento de las instituciones democráticas a través del ejercicio de la soberanía popular. Por lo pronto, el 9 de enero de 2022, el pueblo soberano de Barinas tiene una cita con la historia. En esa fecha podrá ratificar, votando masivamente, la derrota sufrida por el PSUV el pasado 21 de noviembre en las elecciones para gobernador.
El Referéndum Revocatorio debe ser parte de una estrategia de poder movilizadora de la sociedad para lograr el restablecimiento de la Constitución y las instituciones democráticas hacia la reconstrucción del país. Para que esa iniciativa cumpla su cometido debe abrirse a la participación de los movimientos y organizaciones sociales, a través de la construcción de una Plataforma Unitaria por el Referéndum Revocatorio, que tenga como pivote un programa mínimo de amplio consenso, que ponga el acento en la atención inmediata de la emergencia social compleja y en la reinstitucionalización del país, mediante un gobierno de unidad nacional.
Visualizamos el Referendo Revocatorio al presidente Maduro como un proceso de activación, articulación, organización y, por qué no decirlo, de investigación-acción ciudadana, capaz de avanzar con autonomía, mediante el desarrollo de sus propias fuerzas. Pensamos también que nadie cocina la tortilla de la democracia sin, previamente, romper los huevos de la participación. Esto es, que el Referendo Revocatorio y sus complejas tareas implicadas, como lo es la construcción de una candidatura incluyente y confluyente para un gobierno de reconstrucción nacional, representan retos que se irán venciendo y en esa medida se irán tomando decisiones sobre cómo y cuándo presentar el fruto del trabajo realizado, con el objeto de que pueda cumplir su cometido. Pensamos que, a pesar de la complejidad del asunto, su importancia y trascendencia nos exige que demos un paso al frente por Venezuela hacia el Referéndum Revocatorio para lograr el cambio posible.
Santiago Arconada Juan García Edgardo Lander
Roberto López Gustavo Márquez Oly Millán
Héctor Navarro Ana E Osorio