Las últimas medidas del gobierno contra el tráfico de drogas y de gasolina han levantado una serie de opiniones y afirmaciones, no necesariamente ajustadas a ningún análisis serio de las causas de las mismas. Como los involucrados en estos delitos han sido dirigentes y funcionarios regionales del oficialismo, las denuncias y descalificaciones han sido hechas principalmente con fines de agresión política al gobierno y a algunos de sus dirigentes nacionales. Dos alcaldes psuvecos, una de Santa Bárbara de Zulia y otro del sur de Anzoátegui; unos diputados, fiscales del Ministerio Público y efectivos militares, han sido detenidos y puestos a la orden de los tribunales de justicia. Adicionalmente, el propio Maduro ha dado un sermón contra estos díscolos militantes del "proceso", a quienes acusa de ser unos disfrazados e infiltrados en las filas revolucionarias.
Dos o tres damas involucradas han llamado poderosamente la atención, por lo menos en las llamadas redes sociales, pues se habían destacado por su juventud, belleza física, liderazgo novedoso y encendidos discursos de gran compromiso y lealtad revolucionaria. Además, ellas y otros involucrados aparecen en muchas fotos con Diosdado Cabello, lo cual no debería tener nada de especial dados sus protagonismos en distintas regiones, pero que a los ojos prejuiciados e inquisidores de mucha gente suponen una complicidad y un apoyo a estas actividades delictivas de uno de los dirigentes más pugnaces del PSUV. Aprovechan para vengarse de agravios reales y supuestos hechos desde el programa "Con el mazo dando" por el teniente Cabello.
La primera conjetura aparecida fue que los señalados habían invadido áreas de negocios delictivos pertenecientes a figuras gubernamentales de mayor poder, quienes actuaron de inmediato para quitarse esa molestosa intromisión en sus asuntos por parte de unos imprudentes dirigentes locales del partido y del gobierno. "Caen los de abajo, pero no los grandes capos", repiten en forma incesante los partidarios de esta tesis. Una segunda aproximación, subjetiva y también prejuiciada, señala que sólo se trata de propaganda del régimen para lavar su cara ante la Corte Penal Internacional, aseveración que ignora que este tribunal internacional no tiene nada que ver con los delitos comunes como el contrabando y el tráfico de drogas, sino sólo con la violación de DDHH.
El desprestigio del gobierno y de sus actuaciones muchas veces mentirosas y manipuladoras, cínicas al extremo, es tal, que poca gente cree que se trate en verdad de medidas reales de enfrentamiento de las lacras señaladas, presentes en Venezuela desde el siglo pasado, aunque indudablemente incrementadas en el presente. Algunos temen que luego de arrancar con medidas punitivas contra su misma gente, el gobierno la emprenderá en mayor grado contra opositores involucrados o no en estos delitos, como si preparara una suerte de razia contra los sectores políticos extremistas. No se cree en la disposición justiciera del gobierno en este caso particular, como no se cree en la sanidad de las medidas económicas que toma, independientemente de que estén allí y que todos seamos afectados por las mismas.
La posibilidad de que se quiera poner orden en la administración y el suministro del combustible, como algo ineludible dentro del plan económico en marcha; la necesidad de intensificar la lucha contra el narcotráfico, como una acción socialmente saludable de cara al futuro; la lucha contra la corrupción, que no sólo drena recursos imprescindibles para el funcionamiento del aparato estatal, sino que entorpece todas las medidas tomadas para hacer frente a la grave situación existente, no son posibilidades tomadas en cuenta por los críticos acérrimos y viscerales de la administración de Maduro. Se impone la convicción de que todo lo que haga el gobierno es perverso y punto, con lo cual se estará siendo muy "opositor" a lo tradicional y generador de aplausos de una galería ya preparada para este tipo de mensajes, pero se falta a la verdad y no termina de entenderse hacia dónde se dirige la cúpula dominante.