Respetables lectoras y lectores.
Comunicacional y socialmente, es muy bien conocido el criterio popular que plantea: "Quienes son sentenciados o condenados a ser encarcelados por violar la ley, son las personas que conforman la social económicamente débil", ya que las personas que poseen suficientes recursos económicos jamás pagan condena por las atrocidades conductuales o delictivas, que cometen contra sus semejantes u otros entes naturales o artificiales; ya que una vez cometido el acto criminal u otra acción personal violatoria de la ley, inmediatamente proceden a sobornar con dinero u otra forma de pago, a policías, fiscales, jueces y demás actores responsables de administrar justicia; esa inmoral conducta corruptiva y corruptora practicada por personas mal llamadas "Seres humanos", es asumida impunemente en la mayoría de países del continente americano y resto del mundo, sean gobernados por regímenes de ideología capitalista neoliberal o las mal llamadas socialistas revolucionarias; con muy escasas excepciones de países cuyas Cartas Magnas y sistemas jurídicos, se cumplen con rigurosidad.
Por tanto, en nuestra patria venezolana, un buen número de profesionales del Derecho, se abstienen de ejercer el Derecho Penal, porque sus principios morales y éticos, les induce a no expoliar el escaso recurso económico de las personas que les solicitan la asistencia jurídica en materia penal, ya que para hacer cumplir lo previsto en el marco jurídico relacionado con el debido proceso, se ve forzado a pagar coimas al agente policial, al fiscal del Ministerio Público, al Alguacil, al personal de archivo, a la secretaria del juzgado, al juez de la causa y hasta al Defensor Público; pero además, una vez que se emite la sentencia y se designa el centro penitenciario donde el penado debe pagar la condena con la cual fue sentenciado, los familiares o amigos del reo, deben poseer suficiente dinero para cubrir las apetencias económicas de custodios y "Los pranes", que controlan los recintos carcelarios.
Es escandalosa esta anormalidad en materia de la administración de la justicia en países latinoamericanos tales como: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina, México, Guatemala e incluso en los propios EUA; países en los cuales se violan los derechos humanos de forma realmente aberrante; pero la Comisionada ONU responsable de garantizar el respeto a los Derechos Humanos de la población penal y de otra naturaleza, solo se dedica a cuestionar a regímenes gubernamentales no afines a los intereses económicos de los Estados Unidos y la Unión Europea; igual conducta asumen: La FGI, la CIDH, el TJI y la CPI.
Recientemente la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, procedió a elegir y designa a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido la leguyeria politequera publicó un eslogan titulado "Duro golpe a las mafias", en consecuencia, este humilde opinador plantea. "Amanecerá y veremos"; a continuación cito el contenido que en este sentido, circula actualmente por las redes sociales
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"La Elección del Nuevo TSJ y la nueva Inspectoría de Tribunales: *Duro Golpe a las Mafias* Para el abogado, defensor de los derechos humanos y dirigente del Psuv en el Estado Bolívar , *José Gregorio Beria* la escogencia del nuevo TSJ y la nueva Inspectoría de tribunales, es un paso importante para la transformación del sistema de justicia en Venezuela. Es a su vez la perdida de espacios de las mafias que han convertido el sistema de justicia en costoso, inhumano, bochornoso. El especialista en derecho Penal y también coordinador del Congreso Bicentenario de los pueblos, capítulo derechos humanos en Guayana y asesor de la comisión Presidencial para la revolución judicial en conjunto con un equipo de juristas de la talla del Dr *Manzul Hildemaro González, Miguel Plaz , Francisco Natera, Katy Alayon, Milangel Areyan* entre otros, han dado una dura batalla junto a los Diputados a la Asamblea Nacional, los familiares de procesados y el pueblo en General, haciendo justicia y en dos acciones concretas, se han visitado los centros preventivos de reclusión y se han otorgado 1100 medidas cautelares y libertades entre dos jornadas, una en agosto, septiembre y otra recientemente hace 20 días. Se trata de construir un sistema justo, con celeridad, gratuito y humano. Esa tarea debe seguir y como dijo Diosdado Cabello, de la mano de la alta comisión Presidencial para la revolución judicial" . En cuanto al estado Bolívar, el abogado José Gregorio Beria dijo: Sigue pendiente un proceso de depuración, de cambios en las instituciones judiciales, el Ministerio Público y las policías. Venezuela necesita un sistema judicial transparente, eficiente, que sirva a los más humildes y que cesen las mafias judiciales y policiales que tanto daño causan al proceso Penal, a las causas y los retardos. En consecuencia, pueblo económicamente débil que históricamente ha venido exigiendo a la autoridad gubernamental, al poder judicial y al poder moral; que se cumpla lo previsto en la CRBV, el CPV y el sistema jurídico en materia penal, para que se limpie la administración del proceso penal en nuestra patria venezolana de tanta delincuente procesal; ese pueblo extremo maltratando, aspira y espera que realmente el proceso revolucionario socialista logre erradicar al gansterismo mafioso de la administración de justicia en la República Bolivariana de Venezuela. Esta esperanza del pueblo es una utopía, ya que el sistema jurídico en América y demás continentes, está extremo pervertido e inmoral, con muy escasas excepciones en algunos países. |