A 848 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en el inicio de la semana 122 de esta contingencia, y siendo el lunes 11 de julio de 2022, como activista de Derechos Humanos con sentido crítico y no plegado a la visión tradicional y hegemónica debo referirme a un tema importante sobre este asunto.
Pero previo a ello, informó que estoy pensando en la próxima entrega de esta columna reiterar mi llamado a la prevención, a los cuidados que hemos relajado hasta el libertinaje con respecto a la Covid 19. Este incremento considerable de contagios y de los casos activos de este virus, que hacen presagiar un aumento en el factor de reproducción, podrían indicarnos que estamos en presencia de una cuarta ola epidémica de este mal en el país. Y para tener que evitar retomar medidas de cuarentena radical, o el "7+7" que frene de ipso facto la recuperación y crecimiento que venimos registrando por lo menos desde hace 8 meses, todos debemos aportar nuestro grano de arena para cortar las cadenas de transmisión de este terrible mal.
Ya señalado esto, entremos en materia.
Revisando el portal aporrea.org, noté que ellos reprodujeron un trabajo periodístico del portal escuálido Contrapunto.com de fecha 7 de julio del presente año, donde reproducen declaraciones de Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, quien señaló: "En la medida en que la sociedad se desmoviliza "los gobiernos de esta naturaleza tienden a hacer la represión más quirúrgica, más concentrada en individuos particulares y no en la masa, no en el colectivo".
Asimismo, reprodujeron señalamientos de Rafael Uzcátegui, coordinador de la Ong Provea, quien señaló a su vez: "En esta semana han sido detenidas 7 personas".
El proceso de detención de Gabriel Blanco, denunciado por la organización de derechos humanos Provea y perpetrado el miércoles 6 de julio en la noche por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, es un elemento más que se suma a una semana de aprehensiones y secuestros por parte de cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela.
"Hasta ahora hay siete personas detenidas en diferentes partes del país cuyo denominador común es estar o haber estado en Bandera Roja", indicó Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y coordinador de Provea.
A Blanco se lo llevaron de su residencia, ubicada en Coche (Caracas), después de que defensores de derechos humanos se presentaran en el lugar y los mismos vecinos intentaran impedirlo. "No quisieron informar cuál es la situación a la cual lo vinculan", agregó Uzcátegui. Sí notificaron los cargos en su contra: terrorismo y asociación para delinquir".
El profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, subrayó que sí hay una ola represiva en Venezuela por parte del gobierno del mandatario Nicolás Maduro. "El gobierno le tiene muchísimo miedo a la movilización de la sociedad civil. Hoy la sociedad civil está más desmovilizada que nunca. Eso es una mala noticia. La disposición a movilizarse para lograr un cambio político es mucho menor. El gobierno va ganando esa pelea".
Pero, analizó, en la medida en que la sociedad se desmoviliza "los gobiernos de esta naturaleza tienden a hacer la represión más quirúrgica, más concentrada en individuos particulares y no en la masa, no en el colectivo".
A juicio de Alarcón el gobierno "está tratando de identificar a aquellas personas que pueden ser movilizadores, que pueden generarle problemas, para tratar de reprimir de manera quirúrgica y menos visible".
Al respecto de tales señalamientos, debo expresar lo siguiente:
El tema referido a los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado es un tema delicado y espinoso, porque habría que determinar hasta qué punto ha sido el grado de penetración e infiltración dentro de las filas de estos cuerpos. Uno de los ejemplos más claros de esto tiene que ver con el rol desempeñado por Oscar Pérez, ex CICPC vinculado al grupo del ex ministro y militar, Miguel Rodríguez Torres, abierto opositor declarado contra el gobierno de Nicolás Maduro, quien se atrevió a levantar un helicóptero de dicho cuerpo policial, ametrallar la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, luego la sede del TSJ, y no conforme con ello, lanzar dos granadas fragmentarias en la sede de un preescolar de niños y niñas, hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras del máximo tribunal del país, que afortunadamente no estallaron y no se produjeron víctimas fatales. ¿Cómo se puede llamar a esta acción? ¿Lucha política?
O también otro tema aun espinoso y que debería ser en algún momento objeto de debate, sobre él como ciertos actores políticos o sociales tienen tanto poder hasta el punto de violar debido proceso, derecho a la defensa, y con sólo levantar su teléfono celular, ordenan a cuerpos de seguridad y ejercen poderosa influencia dentro del sistema de justicia para apresar a personas que no sean de su agrado. Son puntos delicados y espinosos que entran dentro de la necesaria refundación de nuestros cuerpos policiales e inteligencia, así como de la reestructuración no sólo de tribunales, sino del Ministerio Público y de todo el sistema de administración de justicia del país.
Esto evidentemente es parte de las tareas que habrá que asumir con mayor empeño. Pero de ahí a catalogar que en Venezuela se práctica una "represión selectiva y quirúrgica" como política de Estado, es algo muy atrevido e inverosímil.
Al parecer, alguna gente no aprende. El caso Carlos Lanz, el cual para el momento en que escribo estas líneas, tendrá nuevas revelaciones por parte del titular del Ministerio Público, Tarek William Saab en horas del medio día, pretendió ser utilizado por algunas Oenegés como parte de los delitos de "desaparición forzada de personas" que supuestamente habría incurrido el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, se dijo en algún momento que Lanz estaría participando en conspiraciones contra el gobierno. Informaciones todas estas falsas de toda falsedad.
Pero además de ello, obvian los que acusan al gobierno de desaparición forzada o de represión quirúrgica, que deben identificar con nombres y apellidos a los funcionarios militares y policiales incursos en estos delitos, además que los mismos no hayan sido sancionados por el sistema de justicia venezolano. Evidentemente los que hablan de manera irresponsable sobre este tema, además de justificar los dólares que perciben, lo que buscan es engrosar el expediente de los supuestos crímenes de lesa humanidad que Maduro "comete", para llevarlo ante la instancia de la Corte Penal Internacional, y en especial de su Fiscalía que tiene una oficina en Venezuela, para de esa manera deponer al actual Jefe de Estado Venezolano.
Estaremos muy atentos de cómo a través de una politización del tema y los términos de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario se busca el pretexto para justificar la salida, por cualquier vía, de Nicolás Maduro del poder.
Obvian que recientemente, y pese a la última actualización del informe de la saliente Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Venezuela aprobó por tercera vez en su historia y consecutiva, el examen periódico universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además de haber sido postulada a la Vicepresidencia de la UNESCO.
"Ladran los perros Sancho. Es señal que cabalgamos".
¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y patria socialista!
¡Viviremos y Venceremos!