Los estudiantes de agronomía de la UCV provenían mayormente de hogares sin tierra, pero amaban y era su desiderata, disponer algún día, no muy lejano de tierras para la producción. Eso nunca llegó en los planes concretos del Estado, que se anticipaba a los graduandos con cargos en la burocracia oficial que finalmente los envolvía en ese mal terrible del "hacer para no hacer" y se olvidaban de sus propios planes. Se logró disponer de una burocracia agrícola que tenía una densidad de profesionales por habitantes en Caracas, mayor que en los territorios rurales. Demagogo de la agro política que se respetaba, hablaba de los planes de dotación de tierras para los agro técnicos, y cada proceso electoral o crisis políticas del sector agrícola, florecían esos planes. Finalmente, aquello se convirtió en tal "mamadera de gallo" que algunos decían que si no conseguían trabajo pronto, no importaba porque tenían una tierrita en el interior, y otros le preguntaban a sus amigos, ¿qué vas a hacer con esa tierrita que tienes detrás del patio de bolas? Una gran idea diferida por siempre se desprestigió, hasta Chávez cayó en esa tentación.
El caso fue que la distribución de la tierra en Venezuela en 1974 evidenciaba una concentración en pocas manos, que aun con la adjudicación en el contexto de la reforma agraria, lo que se logró fue sumar el número de tenedores de tierra pero no la cantidad de tierra en manos de la mayoría. Así, llegamos a los 80, 90 y al primer decenio del año 2000, cuando el Estado logra recuperar cerca de 4 millones de hectáreas mayormente improductivas, y se aprovechó para desmontar algunos latifundios con visos internacionales, donde la realeza británica incluida y otras corporaciones, eran propietarias de masivas extensiones cuya utilidad social nunca logró demostrarse. El caso se evidencia con los datos del Censo Agrícola (2010) que permitieron demostrar que la estructura de la tenencia de la tierra era casi inmutable, muchos (80%, equivalente a 350 mil familias campesinas) con apenas 20 % de la superficie total, mientras que un pequeño grupo de tenedores de tierra, menos de 1000 unidades sumaban más que la tierra en poder de aquellas mayorías. En ese análisis no se podía ver la cantidad de tierra de baja calidad en manos de los campesinos y pequeños productores; ha sido tradición en América Latina, relegarlos a ecosistemas frágiles de bajo potencial productivo, quedando las familias como bancos para el trabajo asalariado para sus vecinos terratenientes.
Luego de muchas ideas en juego para la organización social de la producción en tierras recuperadas por el Estado, sucumbió el esfuerzo y fracasó el propósito de democratizar la tierra e incrementar la producción sustentable de alimentos. Allí confluyeron dos argumentos, ambos falsos. La oposición decía que esas políticas de recuperación estaban afectando tierras productivas, obviando mostrar las cifras con las cuales el gobierno del entonces Presidente Caldera, dejó el país. Si esas tierras hubieran estado productivas, la agricultura al final de aquel gobierno hubiera sido otra y no la que se encontró. Por su parte, el gobierno del presidente Chávez había logrado motivar a muchos productores medianos y la producción de algunos rubros logró llegar a ser, como en el caso del maíz, tres veces la dejada por Caldera. Pero, la falsedad del argumento estaba en asignar al rescate ese efecto. Hoy esas tierras rescatadas están a la deriva, o son parte de los patrimonios de algunas instituciones del Estado, ociosas o subutilizadas.
El caso actual, es que la agricultura sufrió los efectos de la pandemia y de la falta de planes concretos, se desmontó el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas que sirvió de apoyo a la mejora de la producción en el primer decenio del siglo XXI, y hubo un giro de respaldo a la agricultura empresarial de altos insumos y mayor densidad tecnológica. Pero la juventud campesina y de pequeñas comunidades no rurales, sin ningún estímulo, migró y dejó vacío el campo para la producción, donde los más ancianos y los niños abandonados son los habitantes de esos espacios. Eso sirvió para respaldar el renacer de la oligarquía en los territorios rurales y periurbanos, hay un proceso de acumulación de tierras en pocas manos y además de tenedores fortuitos de tierra, incluidos nuestros militares de alta graduación. La tierra sigue allí y no hay el despertar de la cultura agrícola que se quiso revivir después de casi 50 años de desmontaje, con el condicionante del Estado extractivista petrolero y de otras materias primas.
Nuestro presidente Maduro ha sido junto al fenecido ex presidente Caldera un personaje de la alta política que muestra poco afecto por la agricultura, todo eso espacio lo entregó a militares y a otras personalidades que por muy laboriosos y calificados no logran colocar el tema agrícola en la discusión permanente del país que necesitamos. Las cifras que se disponen (nada oficiales) muestran un retroceso significativo de la agricultura en el último decenio, pero es difícil opinar sobre esa hipotética realidad. FEDEAGRO sigue insistiendo que el resultado de la producción de maíz, cultivo marcador de nuestra cultura agrícola es muy pobre. El gobierno calla.
En ese contexto general aparece una negociación de tierras con la República de Irán que ha dejado atónitos a la gran mayoría de moradores del campo y teóricos de la agricultura como parte de la estrategia de desarrollo sustentable del país. Todavía está vivo el recuerdo de Chávez que negó al gobierno Chino, el placé para utilizar una cantidad de tierras menor a un millón de hectáreas.
Las preguntas previas al subsiguiente artículo son: ¿cuál es la jugada política de esta relación con Irán o es simplemente desesperación por el bajo resultado de nuestra agricultura? ¿Cuál es la complejidad y cuáles son los supuestos no manifiestos de entregar a la República de Irán un millón de hectáreas para fortalecer su seguridad alimentaria? ¿Y nuestra seguridad y soberanía alimentaria?