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El ejercicio ilegal de las profesiones en nuestro país no solamente es una conducta deshonesta contra los que hacen un gran esfuerzo físico e intelectual para titularse y prestar sus servicios a la nación, sino, que en sí misma, constituye un delito que pone en riesgo la reputación, la moral pública y en muchos casos la vida de cualquier ciudadano.
Desde que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde 1999, fue aprobada popularmente, mediante referéndum, estableció que las diversas profesiones de nuestro país, formadas de acuerdo a las normas vigentes tanto por Universidades como instituciones educativas, legalmente constituidas, pueden presentar Leyes que los rijan, de alguna manera está protegiendo al profesional egresado a todos los niveles.
Podríamos afirmar, que una gran mayoría de las profesiones universitarias, incluso, antes de esta acertada disposición de permitir a los egresados universitarios crear sus propias leyes de acuerdo a los patrones constitucionales y también la constitución de sus Colegios Profesionales, han tenido sus leyes, que en muchos casos están actualizados y en otros ya requieren de una necesaria reforma para acoplarla al ritmo de los nuevo tiempos.
Pero al mismo tiempo que apreciamos esta realidad, hay una paralela, personas deshonestas optan por ejercer ilegalmente las profesiones, poniendo en muchos casos en riesgo la vida de ciudadanos, por no contar, con la formación académico-científica y la pericia para ejercer tales profesiones.
A pesar de la existencia de esos preceptos constitucionales que amparan a los profesionales y de Leyes vigentes que las protegen, tanto los Colegios Profesionales, las Universidades, y el propio estado venezolano, carecen de mecanismos concretos para minimizar el ejercicio ilegal profesional, por lo que podemos observar con mucha frecuencia en los medios de comunicación, la detención de personas que suplantan ilegalmente a los profesionales y esto no sólo es notorio en la instituciones privadas sino, incluso, en las del propio Estado.
Por lo que observo, hay una falta notoria, de vigilancia por parte de los Colegios Profesionales en defensa de su propios agremiados y los mismos profesionales en ejercicio, pareciera no darle la importancia debida a estas actividades que en la legislación venezolana, y en sus propias leyes, constituye una actividad delictiva.
Si se realizara una investigación medianamente rigurosa sobre la presencia de estos falsos profesionales, nos quedaríamos asombrados al ver los centenares de usurpadores que están incrustados tanto en las instituciones privadas como a todo nivel en la burocracia del Estado.
Hay excepciones, de algunos Colegios, como el de Médicos y Odontólogos, que mantienen una mayor actitud de denuncia y vigilancia, pero otros Colegios como el de Periodistas, Abogados e Ingenieros, para poner sólo un ejemplo, hacen oídos sordos a esta grave actividad, que no sólo pone en riesgo a la población, sino, que constituye en la práctica una conducta deshonesta, al sustituir ilegalmente, a profesionales que se fajan en las Universidades y en otras instituciones educativas, para obtener sus respectivos títulos y se ven burlados en la práctica por estas conductas delictivas.
En el caso de los periodistas, que me atañe en lo personal, por ser egresado de la Escuela más vieja de nuestra Región, la Escuela de Periodismo de la UCV, el ejercicio ilegal es de carácter masivo. Tanto en las instituciones privadas como en las instancias del Estado Venezolano, abunda el ejercicio ilegal del Periodismo y el Colegio Nacional de Periodismo, ni sus respectivas seccionales, ni las Direcciones de las Escuelas de Comunicación y mucho menos las propias universidades de donde egresan le prestan la menor atención a esta grave irregularidad.
Pero si es grave esa desatención de la Universidad por sus propios hijos que son desplazados por el ejercicio profesional ilegal, es igualmente grave, que las Plantas Televisoras tanto privadas como del Estado lo permitan y lo fomenten. Incluso, hay plantas televisivas, que para ahorrarse la contratación de profesionales de la comunicación idóneos, que puedan informar responsablemente a la población, fomentan el ejercicio ilegal, haciendo llamadas a la ciudadanía para que envíe fotos, notas de prensa e informaciones en general, que no son corroboradas sino, transmitidas directamente independientemente del daño que pueden causar.
Incluso algunas plantas televisivas en Venezuela, han institucionalizado el chisme. Lo hacen ver como información verdadera y ponen a sus anclas televisivos a difundirlos y hasta le hacen programaciones y publicidad especial para institucionalizarlo.
El problema del ejercicio ilegal de las profesiones en Venezuela, es responsabilidad de muchos sectores: el Estado, en primer lugar, porque al consagrar el Derecho al Trabajo y la libre elección profesional, debe proteger su ejercicio; luego las universidades, también tienen responsabilidad, aunque en la práctica vemos que se desentienden de sus propios hijos, una vez que egresan, los dejan a la deriva; los Colegios Profesionales que deben vigilar estos comportamientos, por ser sus agremiados protegidos por Ley y también hay responsabilidad de los propios profesionales que no deben desdeñar el daño laboral y moral que puede ser cometido cuando se ejerce ilegalmente cualquier profesión.
En Venezuela, hoy constituye una conducta delictiva el ejercicio ilegal de cualquier profesión universitaria protegida por la Constitución y la Ley respectiva, así como también la usurpación de funciones constituye una tipología delictiva, sin embargo, observamos en la práctica mucho relajamiento en el respeto debido a la honestidad profesional. Relajamiento que es utilizado por ciudadanos deshonestos, que ven en esa falta de vigilancia una oportunidad para suplantar al verdadero profesional que con su esfuerzo y el de sus familiares obtiene un Título Profesional.