El calentamiento global es uno de los retos más importantes de la humanidad en la actualidad. Se debe principalmente a las emisiones de CO2 provenientes del consumo de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón. Los combustibles fósiles suministran todavía el 82% de la energía que se consume a escala mundial (IEA WEO 2022). Su sustitución por energías limpias, libres de emisiones de carbono, en las próximas décadas, es uno de los retos tecnológicos, políticos, económicos y estratégicos más significativos de la especie humana. Su propia sobrevivencia está en riesgo.
En la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Paris en noviembre 2021 (COP26) se acordó limitar el aumento de temperatura a 1,5°C para finales de siglo con respecto al promedio de la época preindustrial (promedio 1880-1900), lo que implica reducir las emisiones a la mitad para el 2030 y alcanzar emisiones netas cero para mediados de siglo a más tardar.
Un año después, las emisiones no sólo continúan en aumento, sino que los grandes contaminantes, como China, India, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y Canadá han aumentado significativamente la producción y el consumo de carbón, petróleo y gas. Anuncian además inversiones superiores a los 500.000 millones de dólares para aumentar la producción en el 2023, mientras los subsidios a los combustibles fósiles superan los US$ 700.000 millones adicionales a escala mundial (OECD 2023).
El gobierno de Estados Unidos anunció el 01 02 2023 el inicio de un nuevo proyecto de US$ 8.000 millones para la explotación de petróleo en la frontera norte de Alaska, en el mar Ártico, el proyecto más grande en territorio bajo jurisdicción federal.
La Agencia Internacional de Energía proyecta en su más reciente informe sobre las Perspectivas de la Energía Mundial (World Energy Outlook 2022) que el consumo de petróleo alcance un máximo aproximadamente para el 2040, con una disminución progresiva a partir de entonces hacia finales de siglo.
Bajo tales circunstancias, el límite de 1,5°C se excederá inevitablemente en apenas 8 años (2030) y el de 2°C para el 2050 a más tardar. Condenamos así a nuestros descendientes inmediatos a un planeta hostil para la especie humana (http://bit.ly/3A6wsZk). "Podemos asegurar con certeza científica, sin duda alguna, que cualquier aumento superior a los 2°C será catastrófico" - Johan Rockstrom, director del Instituto Potsdam para la Investigación sobre el Impacto Climático, Alemania (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung).
"Estamos en una lucha a muerte por nuestra seguridad hoy y nuestra sobrevivencia mañana. La humanidad debe elegir: cooperar o morir. Estamos a las puertas de un desastre climático. Vamos camino a un aumento de temperatura de 3°C para finales de siglo. Las consecuencias serán devastadoras. Buena parte del planeta será inhabitable. Para muchos será una sentencia de muerte" – Antonio Guterres, Foro Económico Mundial, Enero 2023.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, subrayó en su discurso ante la CELAC hace apenas un par de días: "El mayor riesgo a la seguridad de América Latina es la amenaza climática. Es el principal problema que afronta la humanidad. Tiene el potencial de acabar con la vida toda. Tenemos cartas geopolíticas de inmenso poder. Salvar la Selva Amazónica es pilar fundamental para superar la crisis climática. Así como la generación y suministro de energía limpia: hidroeléctrica, geotérmica, solar y eólica a una red integrada a escala Latino Americana"
El Fondo Monetario Internacional comisionó a un equipo de especialistas, liderado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en busca de una solución. El análisis recomienda que con carácter de urgencia se establezca un impuesto a las emisiones de carbono de US$ 80 por tonelada de CO2, con un aumento progresivo para elevarlo a $100/ton para el 2030, con el propósito de utilizar las fuerzas del mercado para alcanzar las metas del Acuerdo de París (The Stern–Stiglitz High-Level Commission on Carbon Prices- IMF 2017). Las evaluaciones del Banco Mundial coinciden con tales propuestas.
El informe del Proyecto de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) sobre la Brecha de Emisiones 2022 coincide también con la propuesta del FMI, destacando la conveniencia de introducir precios a las emisiones de carbono, ya sea por vía de impuestos o por el comercio de derechos de emisiones (mercado de bonos).
En Julio 2022 el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que clasifica las inversiones tanto en gas natural como en energía nuclear como verdes, o amistosas con el clima (climate friendly). El gas queda así clasificado como energía limpia, por sus bajas emisiones de CO2 por unidad de energía producida en comparación con las del petróleo y el carbón.
La Unión Europea aprobó el 13 de diciembre 2022 una legislación complementaria para imponer un impuesto a la huella de carbono de productos importados. Las importaciones deberán comprar certificados (créditos) para compensar la huella de carbono con el objeto de proteger a la industria Europea de competidores más contaminantes. El esquema ha sido diseñado para imponer el mismo costo por emisiones de CO2 a los productos importados a los que rigen para la producción local, a los que se les exige comprar permisos de emisiones en el mercado ETS (European Trading System).
Economías emergentes han objetado la decisión, calificándola como una barrera arancelaria, arbitraria e injusta. China, India, Brasil y Sur África, miembros del grupo BRICS, emitieron un comunicado denunciando la iniciativa como "discriminatoria y contraria a los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas".
Alegan que se trata de medidas proteccionistas enmascaradas como "acción climática" para deteriorar el crecimiento económico y la competitividad de países emergentes.
Los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas se encuentran establecidos en varios acuerdos internacionales: el Acuerdo Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de Paris (2015). Se refieren a la gigantesca desproporción en la contribución al calentamiento global. Los países industrializados, con apenas el 17% de la población mundial, son responsables por el 70% del calentamiento global acumulado hasta la fecha (https://bit.ly/3PNsTxo). Pero con medidas unilaterales como la imposición de impuestos a la huella de carbono de productos importados desde países en desarrollo, la Unión Europea transfiere arbitrariamente a los países que menos han contribuido al calentamiento global una penalización por la emergencia climática. La Unión Europea de los 27 más el Reino Unido, 540 millones de personas, el 7% de la población mundial, han contribuido tanto al calentamiento global acumulado hasta la fecha como China, India, África y América Latina juntos, con 4.700 millones de habitantes, el 58% de la población mundial (https://bit.ly/3PNsTxo).
En una primera etapa este impuesto se aplicará a productos seleccionados, como acero, cemento, aluminio, plásticos, fertilizantes, pulpa de madera, lista a la que se incorporarán otros productos progresivamente, a discreción unilateral de la Unión Europea.
A medida que se acentúen los impactos devastadores del calentamiento global, luce inevitable que se aplique al petróleo y otras fuentes prioritarias de emisiones de CO2, tal y como lo han venido sugiriendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Proyecto de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Legislaciones similares se encuentran en diversos procesos de evaluación en Estados Unidos y otros países miembros del G7.
El petróleo Venezolano
Venezuela es un país excepcionalmente rico en recursos estratégicos. Dispone de la reserva de petróleo más grande del mundo, cerca de 300.000 millones de barriles en reservas probadas. La segunda reserva más grande de gas natural del hemisferio occidental: 6,4 billones de metros cúbicos, casi el triple de las reservas combinadas de todos los demás países de América Latina juntos. La segunda reserva probada de oro más grande del mundo: 8400 toneladas, superior a las de Estados Unidos, Rusia, China, Canadá, Brasil y Sur África. Diamantes, hierro, bauxita, uranio, cobalto, cuarzo, mármol y tierras raras complementan sus codiciadas riquezas.
Es además el octavo país más rico del mundo en biodiversidad, con una base genética de incomparable valor medicinal, químico, industrial y estratégico, tanto para el país como para el resto del mundo. Contiene el 15% de las especies de aves del planeta; más especies de mamíferos de los que se encuentran en toda África al sur del desierto del Sahara; más especies de plantas de las que se encuentran en Estados Unidos y Canadá juntos; más especies de árboles y peces que en toda Europa. Venezuela es el quinto país con mayor número de especies de árboles del mundo, más de 5.000, mientras en los dilapidados bosques de Europa se cuentan con los dedos de las manos.
La mayor parte de las reservas de petróleo corresponden al pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuya explotación, transporte, mejorado, refinación y consumo emite más CO2 por barril que otros petróleos más livianos y convencionales.
El consumo de derivados del petróleo emite en promedio 430 kilogramos de CO2 por barril (5.80 mmbtu/barrel × 20.31 kg C/mmbtu × 44 kg CO2/12 kg C × 1 metric ton/1,000 kg = 0.43 metric tons CO2/barrel). Pero en las etapas de producción, mejorado y refinación se registran diferencias sustanciales. El petróleo liviano registra un promedio de 70 kg CO2 por barril durante estos procesos, mientras que las del petróleo extra-pesado venezolano superan los 100 kg/barril, para un total de 530 kg de CO2 por barril durante su ciclo de vida.
Sin embargo, Venezuela dispone de una alternativa particularmente ventajosa: reducir las emisiones netas de su petróleo hasta hacerlas equivalentes a las del gas natural para generar la misma cantidad de energía.
Emisiones diferenciales
El consumo de gas natural emite un promedio de 53 kilogramos de CO2 por millón BTU de energía producida, mientras que derivados del petróleo promedian los 72 kg de CO2 para generar la misma cantidad de energía, 36% más. Cuando se consideran las emisiones aguas arriba, en la producción, transporte, procesamiento y distribución, la diferencia se eleva al 40%. Se limitan tanto las fugas de gas como su quema en mecheros a un máximo de 1% del consumo. Cuando las fugas superan el 4% del consumo, el gas pierde su ventaja comparativa sobre los derivados del petróleo en emisiones equivalentes de CO2 por energía producida (https://bit.ly/3RTUaiY).
Para equiparar las emisiones se requiere la reducción de las provenientes del petróleo en un 40%: un promedio de 212 kg de CO2 por barril de petróleo comercializado.
A través de la fotosíntesis, los árboles absorben CO2 de la atmósfera, retienen el carbono para la formación de tejidos y emiten el oxígeno. Por cada tonelada de carbono retenido se mitigan 3,67 toneladas de CO2.
Cada hectárea puede mitigar en promedio 450 toneladas de CO2, lo que permite compensar las emisiones diferenciales de 2.120 barriles de petróleo.
El uso prioritario de mezclas de especies nativas de las zonas a reforestar radica en su mayor resiliencia ecológica en comparación con la fragilidad de los monocultivos de especies exóticas. Las especies nativas se encuentran mejor adaptadas pues son sus condiciones naturales. La mezcla de especies arbóreas es también un mecanismo natural de sobrevivencia en regiones tropicales. Es una característica natural de los bosques nativos.
Consideremos un primer módulo para la exportación de 400.000 barriles diarios de petróleo Venezolano durante 10 años consecutivos, a China, India, la Unión Europea o cualquier otro destino. Para mitigar las emisiones diferenciales se necesitaría plantar 690.000 hectáreas en 10 años, a una tasa promedio de 69.000 hectáreas por año. Aunque las plantaciones pueden establecerse en cualquier parte del mundo, preferiblemente en la franja tropical del planeta, sólo en Venezuela se dispone de 14 millones de hectáreas aptas para la reforestación, según estadísticas del antiguo Ministerio del Ambiente.
Sólo en Venezuela se podrían establecer al menos diez (10) módulos, o acuerdos de producción o exportación como el señalado, reforestando 7 millones de hectáreas para mitigar las emisiones complementarias de cuatro (4) millones de barriles diarios durante al menos 10 años consecutivos. Esta superficie es equivalente a la mitad de los bosques destruidos en el país en los últimos 40 años, y aproximadamente la mitad de la superficie catalogada como apta para el establecimiento de plantaciones forestales del país.
El costo de reforestar, mantener, proteger, monitorear y administrar cada hectárea plantada durante su período promedio de maduración (40 años) es de US$ 17 por tonelada de CO2 a precios actuales ( https://bit.ly/3z3YTXQ ). Considerando un precio promedio actual del barril de petróleo de US$ 60, el costo de mitigación por barril es de US$ 3,6, equivalente al 6% del precio corriente actual del barril comercializado.
Considerando que la mitigación de emisiones de CO2 es un interés compartido, los costos pudieran también ser compartidos con el ente importador.
La reducción de las emisiones netas del petróleo venezolano hasta equipararlas con las del gas le conferiría un estatus similar de energía limpia, o amigable con el ambiente, librándolo de imposiciones arbitrarias como el impuesto a la huella de carbono aprobado a finales del 2022 por la Unión Europea. El costo involucrado puede también considerarse una forma de imponer un impuesto equivalente en el puerto de salida, en lugar de transferirlo al país importador. La confiabilidad depende de mecanismos efectivos de monitoreo y certificación, tanto a nivel nacional como internacional.
América Latina requiere mecanismos propios para la certificación internacional de iniciativas de esta naturaleza, tanto para certificar créditos de carbono como para el establecimiento de mercados regionales de carbono. Podrían establecerse a través de iniciativas regionales de integración como la CELAC: Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños.
El establecimiento de plantaciones de mezclas de especies nativas en cuencas hidrográficas degradadas generaría como beneficios colaterales tanto la protección del suministro de agua a generaciones futuras, como la mitigación de los crecientes impactos de sequías e inundaciones previstos como inevitables consecuencias del calentamiento global.
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