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Genocidio, Crímenes de Guerra, Lesa Humanidad y desde 2017 la Agresión, son los cuatro crímenes que hasta ahora debe investigar la Corte Penal Internacional. Desde su creación en 2002, más de 20 años, se han producido invasiones, agresiones, intervenciones, sanciones a granel contra países que procuran su soberanía nacional e independencia, con las lamentables consecuencias de muertos y caos social. Preguntémonos, si frente a estas intervenciones, agresiones y sanciones que generan hambruna, muerte y desastres económicos, ha sido designado algún Fiscal, para investigar a países imperiales responsables de esos delitos.
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Bajo el lema de: Intervenciones Humanitarias, se ha creado una nueva modalidad para avasallar las luchas de los pueblos por su liberación y en la práctica constituye una intervención descarada a la soberanía de las naciones que luchan por su independencia definitiva. Este tópico, ni siquiera es discutido en la Corte Penal Internacional.
A propósito de la decisión tomada por el gobierno nacional de permitir que la Corte Penal Internacional, investigue supuestos delitos de Lesa Humanidad en nuestro país, como miembro firmante de los Estatutos de Roma, me permito hacer algunas precisiones respecto a los propios Estatutos y el comportamiento de la mencionada Corte.
Los primero que observamos estatutariamente, es que en los mencionados Estatutos no se conceptúa ni se comprende, un delito que es notoriamente de Lesa Humanidad, como lo es, El Terrorismo de Estado. Cuando un Estado determinado tiene una política sistemática de terror contra sus propios ciudadanos o contra países a los que pretende subyugar.
La ausencia de tipificación de este delito, abre una brecha importantísima de impunidad para los Estados que con gran poder militar, realizan acciones intimidatorias y de terror contra sectores de su propia población o contra otras naciones, sobre la cuales tienen la pretensión de dominarla.
Con todo y este silencio a propósito de esa conducta, los Estados Unidos, verbi gracia, no firmaron estos Estatutos para intentar que sus tropas no puedan ser objeto de investigaciones cuando agreden con todo su potencia militar otras naciones.
Por supuesto, la propia conceptualización del Terrorismo de Estado, es una papa caliente, a la que hasta ahora, ningún organismo internacional se ha atrevido a caracterizarla, porque allí entran en juego grandes intereses políticos y la gran influencia de los Estados Unidos, porque en la práctica, tratan de evitar a toda costa determinar el concepto, ya que resultarían tipificados sus desmanes y tropelías, para ser sometidos a la Justicia Internacional.
A parte de esta debilidad estatutaria, veamos por ejemplo, situaciones que se han presentado que constituyen un obstáculo para que la Corte cumpla con sus funciones y que afectan la autoridad de la Organización de las Naciones Unidas y la imparcialidad de la propia Corte:
Siendo Mike Pompeo, Secretario de Estado, de los Estados Unidos, fue sancionado Fatou Bensouda, Fiscal, que investigaba los crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses en Afganistán.
En estos términos declaro, Pompeo: "Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que creó esta Corte y no toleraremos ilegítimos intentos de someter a estadounidenses a su jurisdicción"
Con este mismo razonamiento y por la misma causa fue sancionado otro alto funcionario de la Corte, Phakiso Mochochoko, quien participaba en la realización de estas pesquisas.
Esta política contra la Corte, desde el Gobierno de Trump, continúa igual en el actual gobierno de Bidem y demuestra como los Estados Unidos, utiliza todo su poder como potencia mundial para evitar a toda costa que sus soldados sean sometidos a cualquier jurisdicción internacional, cuando cometen crímenes de guerra. Sobre el mismo caso, Pompeo agregó: "Los individuos y entidades que continúen dando apoyo material a esos individuos (es decir a los que investigan), se arriesgan también a ser sancionados". Prepotencia imperial, nada más.
Frente a esta avalancha de poder imperial, la Corte Penal Internacional, posteriormente, rechazó autorizar la investigación solicitada por la Fiscalía para examinar supuestos crímenes de guerra cometidos por las tropas de los Estados Unidos en Afganistán.
Un año cuatro meses, le costó a la Corte, tomar esta decisión y textualmente en uno de sus párrafos la sentencia estipula:
"Se cumplen todos los requisitos relevantes, tanto en lo que respecta a la jurisdicción como a la admisibilidad del caso, pero las perspectivas de una investigación y un procesamiento exitoso, son extremadamente limitados"
Fíjense, el subrayado nuestro, en el párrafo anterior, "se cumplen los requisitos tanto de jurisdicción y de admisibilidad", pero no hay perspectivas de desarrollar la investigación, agregó yo, por las presiones a que van a estar sometidos jueces y fiscales.
Luego Corte habla también de la falta de recursos y la falta de cooperación para el desarrollo de la investigación.
Lo cierto es que, previo a este dictamen, el otrora, Asesor de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, amenazó públicamente a todos los integrantes de La Corte Penal Internacional, con imponerles sanciones, si aprobaban realizar una investigación sobre sus tropas en Afganistán.
Por esta razón, por lo que significa el chantaje del poder imperial en el mundo, no veremos nunca, por ejemplo, al Fiscal Karim Khan, quien recientemente estuvo en Venezuela, y fuera recibido por el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, visitar a los Estados Unidos y mucho menos plantearle a Joe Bidem, el apoyo para investigar los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos en Afganistán y otros pueblos. Ejercerán su poder para que sus soldados continúen avasallando y atropellando naciones, es un problema de poder, no de justicia. La justicia internacional, no está exenta de presiones y manipulaciones y cuando se acude a ella, hay que estar consciente de esa realidad, so pena de salir con las tablas en la cabeza.
Con relación a lo comentado anteriormente, es por lo que titulamos estas reflexiones como "La Fragilidad de la Corte Penal Internacional", y por eso advertimos que se debe estar alerta a todo el proceso que se abra contra Venezuela, porque estamos seguros, que allí, entre bastidores, habrá presiones poilíticas y se manejaran intereses desfavorables contra nuestro país. "Guerra avisada no mata soldado"