El gobierno parece interesado en crear confusión alrededor del caso actual de corrupción en PDVSA, de manera tal que la gente no haga sino conjeturas, no vaya más allá de las generalidades usuales sobre la corrupción, no trate de conocerlo con un mayor grado, ni establezca conexiones entre sus protagonistas y altos funcionarios aún activos, ni de la relación entre el mil millonario robo y la supuesta carencia de recursos, que Maduro señala como causa para no poder incrementar los sueldos, mejorar los centros educativos y de salud y crear mejores condiciones de vida. Desean también que la gente tenga presente a la oposición en el fenómeno de la corrupción.
Es por ello que aparece el "lapsus" de Escarrá, que elevó lo robado a más de 12 mil millones de dólares, para luego recular y decir que les había sumado a los 3 mil millones actuales, lo robado por Guaidó-López-PJ-UNT-AD (Ramos Allup) en CITGO y Monómeros, un monto tres veces mayor. En esta forma minimizaba lo ocurrido y trasladaba los mayores delitos a esa oposición. Los detenidos y los perseguidos han sido funcionarios importantes en ministerios y otras dependencias, sitios dónde sus improntas de corrupción y libertinaje han quedado marcadas, así como sus decisiones arbitrarias y el despojo de que fueron víctimas los empleados de esas dependencias y los particulares sobre quienes se aplicaron medidas ilegales.
La novela sigue con discursos morales encendidos, amenazas de prisión casi perpetua para los involucrados y los estribillos de "caiga quien caiga", "hasta sus últimas consecuencias" y "sin importar quiénes", repetidos ante un pueblo que sabe que las decisiones anticorrupción tienen como defecto fundamental la existencia de impunidad. Ésa que se evidencia en la solidaridad automática inmediata del gobierno con todos los funcionarios señalados por hechos de corrupción, la mayoría activistas políticos del PSUV, líderes de gestiones regionales y locales e incluso familiares y amigos del alto gobierno. Los detenidos y solicitados son una ridícula minoría ante quienes siguen actuando, es decir que se está muy lejos de que "estén todos los que son".
Como un caso curioso, digno de mencionar y conocer, es la presencia en las ridículas marchas contra la corrupción, que siempre en ocasiones como la actual convoca el partido de gobierno, de muchos funcionarios corruptos, algunos incluso muy cercanos de los jefes hoy caídos en desgracia y detrás de las rejas. Acabo de ver a un exdirector de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, señalado por los propios funcionarios de la misma por serias irregularidades administrativas y como responsable de la eliminación de una serie de beneficios sociales de los docentes universitarios, marchando y gritando consignas contra la corrupción. Lo suponían ya junto al ministro que lo designó, pero parece tener buenos "protectores" y saber de camuflajes.
Hay dos nítidos elementos que hacen dudar de la decisión del gobierno de acabar con la corrupción. El primero y más importante se refiere a que nada dice en relación con la necesidad de tener una Contraloría General de la República realmente autónoma y no subyugada al Ejecutivo. ¿Cómo va a controlar el Contralor al alto gobierno, si su presencia y permanencia en el cargo depende de éste? Es más, extiendo la consideración al Poder Ciudadano todo, es decir al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, que como uno de los poderes constitucionales debe ser autónomo e independiente (artículo 273 de la Constitución). Si el gobierno quiere credibilidad en su cruzada contra la corrupción, debería instrumentar los cambios y apegarse a la Constitución en lo que se refiere a la integración del Poder Ciudadano.
El segundo se refiere a la ausencia de explicación del gobierno sobre las múltiples denuncias públicas y efectuadas ante líderes del PSUV, desde hace más de 10 años, sobre la corrupción de muchos de los funcionarios hoy presos, solicitados o investigados, que fueron totalmente ignoradas, descalificados los denunciantes y, en muchos casos, enjuiciados hasta por traición a la patria. Un caso emblemático es el de las denuncias hechas por los gerentes de PDVSA Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, que en vez de ser atendidas les significaron persecución, difamación, detención, torturas y condena a cinco años de prisión. Si el gobierno es sincero: ¿Por qué no los liberan de inmediato e investigan el juicio y a los fiscales y jueces actuantes?
Continuidad y Cambio, año 12. N° 165, pp 2-3, abril 2020, https://issuu.com/luisfuenmayortoro/docs/a._cyc_a_o_12_n_165_abril_2023;