En el año 1997, una marcha de jubilados y pensionados estremeció las calles de Caracas reclamando pensiones dignas y respeto a su condición social. La marcha recreaba el viacrucis sufrido para recibir pensiones de miseria. Fue brutalmente reprimida y se convirtió en símbolo de la decadencia de la IV República. La "historia se repite como tragedia y como farsa". Hoy, jubilados y pensionados sufren el mismo viacrucis.
El viacrucis puede interpretarse como el martirio de Jesús en su recorrido al calvario. Un recorrido pleno de castigo corporal, maltrato a la condición humana y humillación. Es la memoria de la pasión y muerte de Jesús. Nada más descriptivo del trato inhumano que reciben jubilados y pensionados en el país.
Las jubilaciones y pensiones constituyen un elemento determinante dentro cualquier Sistema de Seguridad Social. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dedica los capítulos V y VI del Título III, exclusivamente, a la Seguridad Social e Integral y la consagra como un derecho social y humano. El espíritu constituyente de 1999 consideró el carácter sensible y la complejidad del tema que incide de manera directa en el desarrollo económico y social. Hoy, eso se ha convertido en "letra muerta". Jubilados y pensionados han sido reducidos la indigencia social.
La ONAPRE convirtió a los jubilados en mendigos de la administración pública. Sin mayores consideraciones eliminó todos los beneficios laborales logrados con muchos años de servicio, formación profesional y luchas gremiales. Las jubilaciones de la administración pública quedaron a un nivel similar a las pensiones por vejez. Cualquier jubilado, sin importar su formación y cargos desempeñados, termina recibiendo un máximo de 20 dólares mensuales y los pensionados 5 dólares mensuales.
La jubilación y la pensión (por invalidez, sobreviviente, vejez o incapacidad) no es una dadiva del Estado, es un derecho social y humano cuyo cumplimiento debe estar garantizado con los aportes personales y patronales durante el tiempo activo. Corresponde al Estado la administración de esos recursos en concordancia con lo pautado en la CRBV y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. En la concepción neoliberal prevalece la idea de convertir la Seguridad Social en un negocio. De allí, el viejo debate sobre los Fondos de Pensiones y Jubilaciones. Ese, parece ser, el rumbo que pretende tomar el Poder Ejecutivo Nacional.
La jubilación y la pensión por vejez no deben considerarse como un acto vital. Es parte de un proceso administrativo que no está asociado a la decadencia social que termina por deshonrar la edad tanto biológica como personal. Como derecho social y humano debe servir para garantizar una vida digna, tranquila y con mucha calidad. De dignidad se trata.
Jubilados y pensionados han soportado, estoicamente, la hiperinflación, la pandemia, los efectos de las sanciones impuestas al país y las consecuencias de una devastadora corrupción administrativa que ha destrozado las instituciones. Ahora, pretenden imponer una política de Seguridad Social inhumana e indolente que castiga con pensiones y jubilaciones miserables y niega la CRBV para someter a jubilados y pensionados al martirio de un interminable viacrucis.