A comienzos del año 2019, Donald Trump anunció al mundo que, en el caso de Venezuela "todas las opciones están sobre la mesa". Se impusieron nuevas sanciones económicas y se decretó máxima presión sobre el país. En el 2023, el gobierno de EEUU admite que las medidas coercitivas no han dado resultado porque acentúan la hostilidad y la salida es la negociación combinada con la presión interna e internacional. Mientras tanto el país resiste las secuelas de la corrupción, la ineficiencia y el hostil laberinto de las sanciones.
A finales del año pasado, el Wilson Center (Un tanque de pensamiento adscrito al Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson) presentó un informe denominado: "Venezuela en 2023 y más allá: trazando un rumbo distinto". Un informe de 28 páginas firmado por el reconocido académico y político Abraham Loewenthal y 18 signatarios más. Un escrito que se ha convertido en documento oficial de EEUU para definir acciones contra Venezuela. El Wilson Center es financiado por el Congreso de EEUU, el Departamento de Estado, la Corporación Fortune 500, Chevron, Exxon Mobil, J.P. Morgan Chase; entre otros.
El informe del Wilson Center plantea como premisa esencial que la negociación con acuerdos que favorezcan tanto al gobierno como a la oposición es el nuevo rumbo. Premisa que no implica garantía de solución a los grandes problemas de la sociedad venezolana, ni compromiso para la recuperación económica. Advierte que no se justifica la insistencia en medidas coercitivas que profundizan la hostilidad cuando lo necesario es construir la coexistencia para que la oposición aparezca como instrumento para canalizar la solución a los grandes problemas bajo la tutela del EEUU. Es una nueva forma de intervención y dominación para el control de los recursos naturales.
Es una redefinición estratégica de ruta. No hay un cambio de paradigma en las relaciones de EEUU hacía Venezuela. Se mantiene el esquema de presión abierta en el escenario nacional e internacional. Este cambio estratégico ha permitido la presencia de la Chevron y otras transnacionales con autorización del gobierno de EEUU y el aplauso del gobierno venezolano. Se está imponiendo un modelo de saqueo silencioso y civilizado cuyo punto de inflexión son las elecciones presidenciales de 2024.
La política de sanciones económicas ha demostrado que puede tener efectos duraderos y consecuencias no previstas. En el caso venezolano ha provocado la transformación de las políticas públicas, propiciado la aparición de nuevos actores sociales y surgimiento de un contraste social entre la informalización de la economía e inversiones de capital privilegiado y fugaz como los grandes bodegones e importadoras que solo sirven para el enriquecimiento fácil y rápido de una minoría mientras la mayoría de la población vive con profundas carencias sociales y materiales.
Las sanciones económicas (particularmente las aprobadas en 2019 hacia la industria petrolera) contra Venezuela han tenido un efecto devastador, pero también han sido utilizadas para justificar ineficiencia, fracaso de políticas públicas y corrupción. Su levantamiento o flexibilización abre posibilidades para iniciar la recuperación del aparato productivo a riesgo de la postergación de cualquier proceso de cambio político y transformación social para la construcción de una patria donde todos podamos vivir con dignidad.
No es casual que aparezcan Manuel Rosales, Gerardo Blyde, la cofradía de "Los Alacranes" y algunos empresarios solicitando, en coro, la suspensión de las sanciones económicas. Después imploraron su aplicación. No es un acto de contrición política, es una estrategia ordenada por EEUU para que la oposición aparezca como instrumento de solución a los grandes problemas y se imponga un mecanismo de dominación silenciosa con el capital transnacional como protagonista de trascendentes actividades económicas. ¿Qué pasaría si factores de oposición logran que EEUU y la Unión Europea levanten o flexibilicen las sanciones?
Más allá de elecciones libres y levantamiento o flexibilización de las sanciones se impone la urgencia de un nuevo Consenso Social para superar los efectos negativos que ningún acuerdo de cúpulas puede superar a corto o mediano plazo. Se trata de una exigencia para salir de las contradicciones y afrontar con certeza el hostil laberinto de las sanciones…