Milton Friedman, padre del Neoliberalismo, estuvo a favor siempre de reducir los impuestos, "en cualquier circunstancia, con cualquier excusa y por cualquier razón, siempre que sea posible". Esta idea fue tomada literalmente, por quienes, defendiendo políticas "ortodoxas" a favor del mercado, buscaban favorecer especialmente a los miembros más ricos de la sociedad. Esta idea ha contado con defensores, especialmente, en Latinoamérica. Efectivamente, los países de Nuestra América se caracterizan, en general, por tener muy bajos impuestos, si los comparamos con cualquier otra región o país del mundo; particularmente, si los comparamos con países de mayor desarrollo relativo, sobre todo, si nos comparamos con países donde existe una mayor calidad de vida e integración social. Resalta, por contradictorio, sin embargo, que los países más ricos, en dónde la calidad de vida es superior y los problemas sociales son menores, poseen simultáneamente mayores tasas de impuestos. Resulta forzoso concluir entonces que hay unos niveles de equilibrio superiores, en los que mayores niveles de impuestos son posibles, disfrutando al mismo tiempo de mayores niveles de calidad de vida y cohesión social.
Es obvio, que el interés más superficial de los sectores más ricos de nuestras sociedades es mantener los impuestos bajos. Pero, si consideramos los intereses más profundos y de largo plazo de las sociedades: crecimiento económico sostenible, que genere simultáneamente mayor calidad de vida para todos y al mismo tiempo mantenga la paz social; no resulta para nada contradictorio adoptar una política diseñada para alcanzar una mayor contribución fiscal de los empresarios y sectores sociales más ricos y simultáneamente lograr una elevación de la calidad de vida y tranquilidad social para realizar los mejores fines que podamos imaginar.
Esto es particularmente cierto, en el caso de sociedades que tienen tiempo sin crecimiento económico, o dónde este es apenas positivo, o ha sido muy inestable y ha dado lugar a ciclos económicos de depresión (caída del ingreso, el empleo y el crecimiento económico) que duran demasiado tiempo. O dónde este crecimiento económico es muy inequitativo, injusto o desigual, porque de cualquier crecimiento del producto, no le que da nada o le queda muy poco a la mayoría de los miembros de la sociedad. Esto es particularmente notable, en países donde el crecimiento económico se concentra en muy pocos, reflejado en la existencia de una porción reducida de la sociedad que tiene un consumo grosero de mercancías demasiado lujosas, que contrastan con las limitaciones, escasez y carencias de la vida cotidiana de amplios sectores de la sociedad. Es claro, de que en estas sociedades debe adoptarse urgentemente reformas en la política fiscal o impositiva para redefinir el modo, ritmo y distribución del crecimiento económico. Pues, sin tales reformas, es poco lo que se puede esperar en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza y paz social.
Defendemos la tesis de que es necesaria una reforma fiscal; tomando una línea de acción actualmente adelantada por la CEPAL (Comisión de Naciones Unidas para el desarrollo económico de América Latina) hemos llamado a esta reforma: un nuevo Pacto Fiscal.
Esta reforma fiscal es, sobre todo, necesaria en Venezuela, para poder reanudar de verdad el crecimiento económico y, mucho más, lograr un crecimiento económico sostenible y más justo desde el punto de vista social. Venezuela no requiere de ofrecer mayores reducciones de impuestos, para hacerse atractiva a los empresarios; las oportunidades de generar riquezas en Venezuela son múltiples y evidentes; son notables sus riquezas de tierra, clima y recursos naturales, paisajes turísticos, una infraestructura promedio de comercio, industrias y servicios, etc. , a lo que se agrega una población relativamente numerosa y medianamente calificada, que además hoy día puede contratarse de manera extraordinariamente barata. No es necesario ofrecer, entonces, mayores rebajas de impuestos para asegurar beneficios al capital invertido en Venezuela. Por el contrario, ofrecerlos resultaría perjudicial a las oportunidades de lograr un crecimiento económico estable y de calidad.
El sector privado o empresarial en Venezuela, se benefició por mucho tiempo de los abundantes ingresos petroleros, no sólo directamente, a través del gasto por compras y subsidios estatales (los subsidios no los reciben sólo los más pobres en la sociedad), sino también de manera indirecta, a través de los impuestos que dejaron de pagar, pues no fue necesario que contribuyeran con el mayor pago de los mismos a financiar el funcionamiento del Estado y los servicios públicos provistos a través de éste. Y la suma de esta transferencia de recursos por estos conceptos al sector privado en Venezuela ha alcanzado una suma verdaderamente exorbitante. Para tener una idea sólo parcial de ella, multipliquemos la diferencia entre el valor de mercado y el precio real de venta de las divisas generada por la industria petrolera estatal y dadas al sector privado durante toda la historia de la industria petrolera nacional, aunque esto es también válido para el período de la industria petrolera bajo explotación de las empresas petroleras extranjeras. Nada más que, por esta razón, el sector privado en Venezuela tiene una enorme deuda, al menos, moral con el pueblo venezolano; por lo que, debería estar más que dispuesto a contribuir con una mayor inversión y pago de impuestos al crecimiento económico y distribución del producto de éste entre los venezolanos.
Hemos reconocido que las sanciones son unos de los obstáculos evidentes de la reanudación y normalización de la vida económica y social de los venezolanos. Esto tiene que ser reconocidos por todos y, de hecho, lo es por una gran mayoría de la sociedad. Hemos estimado que cada año de sanciones, les cuesta a los venezolanos, y esto afecta sobre todo a los más pobres, al menos 130 a 150 mil millones de dólares (no exageramos) anualmente; entiéndase, cada año. Así que multiplique esta cifra anual por el número de años transcurrido desde 2015, al menos, y va a tener usted un idea de lo que la insensatez de las sanciones ha costado en especial al pueblo venezolano.
Es obvio que este costo lo debe pagar alguien. Hasta ahora, lo está pagando, sobre todo, el pueblo más humilde, quien debió perder su trabajo, ver reducir sus ingresos o salarios, cerrar su pequeña empresa, ver desaparecer sus ahorros, o vender su patrimonio para poder más o menos mantener los gastos… y así, adoptar diferentes estrategias, para subsistir en un escenario muy adverso. Inclusive, tuvo que ver partir sus hijos y demás familiares al extranjero. Es natural, poder pensar que el precio pagado por los más pobres ha sido muy elevado y que no puede pedirse una mayor contribución por parte de ellos.
Resulta necesario, por lo tanto, reconocer que los más humildes y trabajadores están realizando un gran esfuerzo para sostener la economía nacional. Que no es posible ni válido exigirles una mayor contribución. Al contrario, es necesario que los sectores que acumularon una gran fortuna durante todo este tiempo, asuman la responsabilidad social de contribuir también; esto es, aumentar las inversiones. Existe todo un cuantioso patrimonio de venezolanos en el exterior, expresión de la enorme fuga de capitales ocurrida en diferentes períodos y en el pasado no tan lejano. Y, también, a través de una mayor contribución fiscal más progresiva y responsable por parte de los empresarios y familias más ricas. Existe, al menos, unos 400 mil millones de dólares, patrimonio de venezolanos en el extranjero. Una fracción de estos fondos sería suficiente para la reactivación de la economía. La repatriación de una parte de las fortunas de venezolanos en el extranjero, la inversión en actividades verdaderamente productivas y no, por ejemplo, en actividades de consumo suntuario y bienes de lujo para sectores muy minoritarios de la sociedad. El gasto fiscal responsable, transparente, controlado y con impacto social asegurado es imprescindible también para lograr el tipo de crecimiento económico que nuestro país necesita.
Sin realizar este tipo de consideraciones, será muy difícil lograr de nuevo el crecimiento económico que los venezolanos requieren y merecen. No habrá crecimiento de salarios ni empleo ni gasto estatal necesarios e imprescindibles. Se incrementarán la pobreza y el desempleo, así como los problemas asociados con éstos: hambre, enfermedades, delincuencia, violencia, etc.
Para concluir este artículo ya muy largo, sólo diré que estamos en los inicios de una crisis global de grandes dimensiones, que afectará sobre todo a los países más desarrollados y puede hacer fracasar cualquier apuesta de una estrategia de crecimiento basada exclusivamente en el impulso desde el extranjero. Así que, de manera previsiva y complementaria, habría que fomentar y fortalecer los factores internos que generan crecimiento. Elevar la calidad de vida de todos los venezolanos debe ser el objetivo común de ambas estrategias.
Finalmente, cualquier mejora en la situación de los ingresos petroleros nacionales debe redundar principalmente en beneficio de los venezolanos más humildes. Como dije arriba, es una deuda, al menos, moral y ya no sólo social.