Hugo Chávez desde el primer momento en que comenzó a recorrer al país, concientizando al pueblo sobre las aberraciones de la oligarquía, al igual que la de la burguesía, encadenadas a los monopolios y al rancio empresariado, quienes a su vez se articulaban a los lineamientos imperiales, tras mostrar una enorme preocupación por el rumbo que tenía trazado el pueblo venezolano, justamente, contrario a sus propios intereses, planteó una Asamblea Nacional Constituyente.
Así una vez que llegó a la Presidencia de la República inmediatamente impulsó la Asamblea Nacional Constituyente la cual trajo la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), que derogó la Constitución de 1961.
Es innegable cómo Chávez luchó por la defensa de los derechos humanos. Materia que logró impulsar a través de la nueva Carta Fundamental la cual tipifica que "el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos".
Asimismo prevé la Carta Magna que "ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…".
En la Constitución de 1961 tales garantías sobre el respeto y garantías a la dignidad de las personas estaban prácticamente excluidas, a tal extremos que pese a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmó en Paris, en fecha 10 de diciembre de 1948, fue una suerte de saludo a la bandera, pues los constituyentes de 1961 ignoraron el menú de los derechos fundamentales de la Declaración, que quedaron sinterizados en un solo artículo, que por cierto, ni siquiera mencionó la frase derechos humanos.
Hoy día desde el año 1999 están resguardados y protegidos constitucionalmente el respeto a la integridad física de las ciudadanas y los ciudadanos, al igual que las libertades y la dignidad de todas y todos. La Constitución Socialista y Bolivariana fue aprobada con el 84% de los votos del pueblo. En ella Chávez traslado la democracia representativa de 1961 a la genuina democracia participativa y protagónica, convirtiéndola en modelo de democracia social.
Luego, el Estado Venezolano que se erigió con la Constitución de 1999, a través de la Asamblea Nacional, para castigar los crímenes de la oprobiosa cuarta república, promulgó la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998, con la que se acometió responsabilizar a los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado que incurrieron en una masiva violación de los derechos humanos contra la disidencia política.
Por la impunidad de tantos delitos fue necesaria la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad en 2013 para investigar las causas y las consecuencias que generó el terrorismo de Estado ejercido en esa época. Esta comisión ubicó restos de víctimas, el testimonio de sus familiares y sobrevivientes. Totalizando 10 mil 23 víctimas de crímenes y desapariciones forzadas por razones políticas durante el período de 1958 a 1998. De la cifra anterior, 1.475 personas fueron asesinadas y 453 desaparecidas, mientras que el resto corresponde a sobrevivientes que resultaron heridos por organismos de seguridad.
Contra la tortura y los tratos crueles el Chávez cumplió con su promesa al promulgar la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Ante estos escenarios de criminalidad es un imperativo de la ciudadanía la recuperación de la memoria histórica; mientras que el nuevo Estado venezolano, como en efecto lo hace, garantiza que no se repitan hechos similares a las violaciones sistemáticas de derechos humanos como las ocurridas durante los gobiernos de la cuarta república en el que hubo víctimas, hubo persecución y esto no puede ocurrir más.
La Constitución del 99 blindó de manera integral cualquier quier violación de los derechos humanos en la República Bolivariana.