Es más que evidente para toda Venezuela, y para los conocedores de ésta en el exterior, que la crisis política y económica de años de nuestro país es responsabilidad de todas sus élites políticas, cuyo desempeño en las últimas dos décadas ha sido muy desafortunado y trágico. Un país petrolero privilegiado con los mayores yacimientos del mundo, pero además con muchos otros recursos mineros y naturales en general, con unas potencialidades inmensas, hoy se encuentra en una lamentable y triste situación de miseria y de grave descomposición nacional. Ésta amenaza incluso con hacerlo desaparecer engullido por sus "hermanos" vecinos.
Uno de los aspectos más peligrosos y lamentables del último cuarto de siglo ha sido el desarrollo gigantesco de la delincuencia organizada, en términos no conocidos el siglo pasado y que ya nos iguala a países que nos llevaban una ventaja grandísima en este terrible aspecto. Hoy nos asimilamos a Colombia, en la aparición de una delincuencia nacional de conducta sanguinaria, inexistente hace 40 años. A Brasil y sus bandas en los inmensos barrios marginales de las grandes ciudades, que son dueños de esos territorios urbanos, sin que los distintos operativos policiales, algunos de gran dimensión, puedan erradicar o siquiera detener semejante situación.
O a México, donde se conjugan todas las características de la delincuencia iberoamericana: tráfico de drogas y de seres humanos, en especial de mujeres y niños; contrabando de extracción, secuestro y extorsión, sicariato, un grado elevado de violencia y deshumanización, penetración del sistema de justicia y de los cuerpos de seguridad, un gran poder financiero, control armado territorial, desplazamiento del Estado en el control de porciones geográficas importantes y expansión hacia otros países de la región de las actividades y organizaciones delictivas. En Venezuela pasamos de importadores de delincuentes a exportadores hacia nuestros vecinos.
Ya habíamos, muchos años atrás, denunciado como muy peligrosas las acciones de complicidad y los acuerdos de "no agresión" asumidos por José Vicente Rangel Ávalos, alcalde del Municipio Sucre de Miranda, en relación a las bandas delictivas de los barrios de Petare. También lo hicimos con Iris Varela y los acuerdos con los jefes de las bandas de las cárceles venezolanas, que buscaban reducir la violencia homicida en estos antros de detención, pero a un costo muy elevado que limitaba la acción del Estado en el control de los centros penitenciarios. Pero se impuso la vía fácil y la demagogia politiquera, que quería presentar como exitosos unos planes y acciones suicidas.
Nos pronunciamos en muchas ocasiones, en artículos de prensa y en programas audiovisuales, contra la política absurda y negligente de las llamadas "zonas de paz", que dieron tiempo para que la delincuencia urbana y suburbana creciera y se desarrollara en forma fácil, con total impunidad y bajo la protección policial y militar. Al final llegamos a lo que hoy tenemos, zonas territoriales importantes que no son controladas por el Estado, sino por estos grupos delictivos, que actúan y someten a la población a su real saber y entender, llegando en ocasiones a retar incluso la autoridad del Estado. El caso del Coqui y la Cota 905 fue más que evidente y nos ahorra tener que seguir insistiendo.
Por otra parte, pero conectada con la anterior, hoy tenemos a grandes complejos carcelarios en manos de los pran, que gozan de unas facilidades y condiciones de vida similares a las de los de los altos jerarcas del gobierno, y que mantienen bajo su poder a toda la población carcelaria y a sus familiares y amigos, creando aglomeraciones urbanas alrededor de los centros de detención con mejores servicios que los barrios pobres marginales de las grandes ciudades. El caso reciente de Tocorón es más que aleccionador de las consecuencias de políticas totalmente equivocadas, en las que se plantea alianzas con el lumpen atribuyéndole cualidades "revolucionarias" que no tiene ni puede tener.
Hemos dado, en relación con la delincuencia "súper" organizada, un salto cualitativo evidente, que coloca nuestros problemas en una nueva dimensión, en el que no basta el enfrentamiento de los retos económicos y sociales, ni la dilucidación de la lucha por el poder, sino que ahora hay que también enfrentar y acabar con el para poder delincuencial ya establecido y consolidado.