Las perspectivas económicas y políticas del país están condicionadas por las elecciones presidenciales tanto en EEUU como en Venezuela. El gobierno norteamericano necesita concertar un acuerdo con el gobierno venezolano para resolver problemas como la masiva migración de venezolanos a Estados Unidos, atender la crisis energética interna y apaciguar el avance de Rusia y Arabia Saudita en el mercado petrolero internacional. Se trata de cuestiones que pueden garantizar la reelección del presidente Joe Biden. Las elecciones presidenciales en Venezuela son el contrapeso en la mesa de negociación. Esas dilatadas, controversiales y secretas conversaciones diplomáticas pudieran fracasar o abrir cauce a un mejor escenario político y económico para el país. Todo depende de la voluntad y capacidad para preservar el interés nacional y acelerar el fin de las sanciones.
Agencias especializadas en temas económicos señalan que los precios de los bonos del gobierno venezolano comenzaron a subir en las últimas semanas porque los inversionistas reciben información sobre un inminente acuerdo diplomático que contempla la flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales (sanciones), una apertura económica para la explotación petrolera en Venezuela y la posible emisión de licencias que autoricen transacciones financieras con los bonos venezolanos en el mercado estadounidense. Tampoco es casual, el anuncio de un Acuerdo Bilateral sobre migración para reactivar el Plan Vuelta a la Patria que facilite la repatriación, ordenada y respetuosa, de ciudadanos venezolanos como una medida para aliviar la crisis migratoria que vive EEUU.
El otrora poderoso imperio está dirigido por una anémica figura política que ha demostrado profundas limitaciones para tal desempeño. En el terreno republicano, Donald Trump, está imponiendo su candidatura en medio de serios problemas judiciales. Los funcionarios del alto gobierno están sumergidos en una guerra interna. Se desarrolla un intercambio de acciones judiciales. El senador demócrata Bob Menéndez fue acusado, formalmente, de sobornos y su esposa de traficar lingotes de oro. El republicano Kevin McCarthy fue destituido como Presidente de la Cámara de Representantes por dudosos acuerdos y manejo de fondos para financiar la guerra en Ucrania. La criminalización de la política es mutua y la crisis parlamentaria es indetenible. Las alarmas están encendidas y la amenaza de la recesión económica multiplica la presión sobre un gobierno débil que no garantiza la gobernabilidad. En este resbaladizo escenario, Biden necesita aliviar las tensiones con Venezuela flexibilizando las sanciones. Aunque, calificados analistas sostienen que los halcones del Pentágono pueden provocar una guerra franca con Rusia como recurso de sobrevivencia para el debilitado gobierno de Joe Biden.
Venezuela está obligada a aprovechar las condiciones de este momento histórico para reforzar un equilibrio en las relaciones internacionales. Equilibrio que respete la diversidad del mundo actual y el surgimiento de un mundo pluripolar. Un equilibrio que permita ampliar el intercambio comercial y proteger nuestras fortalezas económicas como nación soberana e independiente.
La mayoría de la población (76%), dirigentes políticos, empresarios y algunos voceros de la oposición han manifestado su interés en que las sanciones económicas sean suprimidas porque es evidente el daño que han causado al país aunque no constituyen la única causa de la parálisis del aparato productivo, deterioro social y salarios misérrimos. Así mismo, las sanciones personales a funcionarios son aprobadas por una indiscutible mayoría.
Ante los síntomas de ocaso de la supremacía de EEUU, el Gobierno Nacional está obligado a expresar su voluntad de negociar la supresión o flexibilización de las sanciones con demostraciones de estricto apego al derecho internacional, a los preceptos constitucionales y la Soberanía Nacional. Las elecciones presidenciales aún sin fecha, y bajo la conducción de un nuevo Consejo Nacional Electoral debe ser garantía de amplitud, pluralidad y transparencia democrática. Cualquier acuerdo sobre una posible apertura petrolera debe respetar los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…El escenario político y económico luce impredecible…