En las últimas horas, distintos medios han confirmado que el martes 17 de octubre el gobierno y un sector de la oposición se reunirán (¿en Barbados?) para firmar un nuevo acuerdo político que cambiaría aliviamiento de sanciones por garantías electorales. Hasta que se publique dicho acuerdo, no podremos opinar con certeza sobre el mismo. Pero si podemos considerar algunos aspectos de la situación política que vive el país actualmente, como lo hacemos de seguidas:
1) Consideramos que la realización de elecciones primarias constituye un mecanismo democrático apropiado para conducir los procesos de selección de candidatos entre las distintas fuerzas políticas de un país. Lamentablemente aquí en Venezuela eso no está normado ni en la constitución ni en las leyes. Es por eso que en el actual proceso de elecciones primarias que adelanta la oposición, sólo una parte de los factores de oposición se han involucrado en el mismo. Resalta incluso que grandes partidos como PJ y UNT se hayan retirado de esas primarias.
2) No obstante, la prevista realización de las elecciones primarias por un sector de la oposición el próximo domingo 22 de octubre, ha levantado importantes expectativas y pudiera movilizar a gruesos sectores de la población que anhelan encontrar una opción para salir democráticamente del gobierno del PSUV-militares que tanto daño le ha hecho al país. Si llega a producirse esa gran movilización de votantes opositores, significaría sin duda un fortalecimiento de las posiciones extremas de la candidata María Machado, y la debacle política de los partidos de Capriles y Rosales. Sería la reproducción del "efecto Barinas" que ya vivimos el año pasado.
3) Algunos personajes que vienen actuando casi como "voceros oficiales" del gobierno, como es el caso de Brito, Ratti y otros, han salido intentando medidas judiciales contra las primarias, y denunciando supuestos planes conspirativos y violentos de los mismos sectores de oposición que impulsan las primarias del próximo domingo. Estos tipos son expresión fiel del terror que cargan internamente los jefes del PSUV ante la evidente y gigantesca pérdida de apoyo electoral que sufre su partido en los últimos años. Pero sus acusaciones no tienen sentido, y aunque la vocación conspirativa y violenta existe sin duda en la oposición pitiyanki venezolana, es difícil de creer que fuerzas políticas que cuentan con un respaldo electoral abiertamente mayoritario, vayan a sabotearse su propia victoria electoral en las primarias. Por el contrario, las denuncias de estos individuos se complementan con un supuesto robo de 33 fusiles en una base militar del estado Falcón, robo del cual ningún vocero del gobierno ha declarado absolutamente nada, pero que hace sospechar que se esté fraguando un falso positivo, una acción de bandera falsa, para intentar nuevamente embaucar a la ciudadanía con teatros fraudulentos que justifiquen la represión contra los opositores.
4) Las primarias son una papa caliente para Maduro. Para el PSUV resulta muy negativo tanto suspenderlas como permitirlas. Sólo les queda la opción de la trampa, inventando conspiraciones y posibles alzamientos militares. Al gobierno del PSUV-militares no les conviene la realización de las primarias, porque puede animar el voto opositor de manera espontánea, como ocurrió en Barinas. Tampoco les conviene suspender legalmente las primarias, porque los desenmascara en el escenario internacional.
En este marco político surge ahora el supuesto acuerdo a firmar en Barbados. Hemos afirmado numerosas veces que una real apertura política promovida por el gobierno para las elecciones presidenciales del 2024, requiere que se cumplan una serie de puntos básicos que permitan hablar realmente de garantías democráticas para un acuerdo nacional que facilite el cumplimiento de la Constitución, hoy vulnerada de múltiples formas.
· Unas elecciones democráticas sólo pueden realizarse si se anulan todas las medidas judiciales que el gobierno ha tomado en los últimos años para intervenir a casi todos los partidos de oposición. Destaca la reciente intervención del TSJ contra el PCV, pero en realidad es una larga lista de partidos intervenidos por el PSUV. Si la ciudadanía no cuenta con esos partidos nuevamente legalizados, con sus siglas originales, no puede hablarse de garantías democráticas reales.
· Igual ocurre con las decenas de presos políticos existentes en las cárceles venezolanas. Destacando los numerosos líderes de trabajadores, que seis de ellos han sido recientemente condenados a 16 años de cárcel por acusaciones falsas y por el hecho real de ser luchadores populares que enfrentan al programa neoliberal de Maduro. Sin la libertad de todos los presos políticos, tampoco existirá elecciones democráticas en 2024.
· El gobierno mantiene un clima general de persecución política contra todo aquel que le haga oposición. Esto incluye medidas de bloqueo a portales de internet que difunden noticias y opiniones críticas hacia el gobierno, como ocurre con Aporrea y varias decenas de otros portales web. También se imponen censuras a los medios de radio y TV, persecución a periodistas y comunicadores en general, detención y judicialización contra organizaciones e individualidades defensoras de los derechos humanos, etc. Toda esta represión política debe desaparecer para garantizar realmente condiciones democráticas en las venideras elecciones presidenciales del 2024.
Hasta hoy, sólo hemos visto algunas menciones a la liberación de presos políticos (no de todos, algunos hablan de "100 presos políticos a liberar"), pero absolutamente nada sobre las medidas judiciales contra partidos, ni tampoco sobre el cese al bloqueo y persecución contra medios y redes opositoras.
En este punto hay que tomar en cuenta la urgente necesidad del bloque de países occidentales, encabezados por USA, de acceder a otras fuentes de petróleo, ante los efectos de la guerra en Ucrania, a lo que se suma de manera alarmante la recién declarada guerra entre Israel y Hamás. Lo que se complementa con la necesidad de Maduro de que le alivien las sanciones, no para resolver las verdaderas necesidades del pueblo venezolano, sino para acceder a recursos que le permitan desarrollar sus tradicionales campañas electorales clientelares, buscando recuperar algunos votos de los millones que el PSUV ha perdido.
Aquí podemos encontrar el quid del asunto. Se estaría fraguando un pacto de élites, entre los países occidentales y el gobierno de Maduro-PSUV-militares, que tendría como resultado la garantía de petróleo seguro para USA y sus aliados, y unas fraudulentas "garantías electorales" que no permitirían una verdadera participación democrática de la mayoría de los sectores que le hacen oposición al gobierno.
No obstante, para el gobierno de Biden, que entra en año electoral, tampoco le conviene políticamente el aliviar las sanciones al gobierno de Maduro a cambio de nada. La oposición republicana en USA haría fiesta con los demócratas, acusándolos de haber quitado sanciones a Venezuela únicamente para conseguir petróleo. Por tanto, algunas medidas mínimas tendrán que cumplir los del PSUV para que Biden se atreva a dar ese paso de aliviar sanciones.
Sin embargo, los Estados Unidos nunca han tenido problema para respaldar dictaduras feroces en América Latina y el resto del mundo, si ellos obtienen algún tipo de beneficio económico o político por ese respaldo. Por tanto, no nos sorprendería que Biden y Maduro firmen un pacto de dar petróleo a cambio de quitar sanciones, pacto en el cual la oposición pitiyanki venezolana quedaría desplazada del interés estadounidense, y también quedaría por fuera de ese pacto, por supuesto, toda la mayoritaria población venezolana que hoy se identifica con la salida del gobierno de Maduro en las futuras elecciones del 2024.
Los Estados Unidos, pudiera presentarse el caso, colocarán en un segundo plano sus objetivos de sacar a Maduro del poder (injerencismo con el cual nunca hemos estado de acuerdo, como lo hemos denunciado desde hace varios años), y aceptarían la continuidad del PSUV en el poder, siempre que les garantice el suministro oportuno de petróleo y el resto de riquezas naturales que Venezuela tiene de manera abundante.
Esto no significa ni que Biden logrará sus objetivos, ni que Maduro alcance igualmente sus fines de perpetuarse en el poder al infinito. Hay muchos factores que hoy intervienen en el proceso político venezolano, y nosotros apostamos decididamente a la movilización popular en la calle, y a la participación política democrática y pacífica que reivindique los derechos constitucionales del pueblo hoy violentados por el PSUV.
Un pacto de elites hay que denunciarlo y enfrentarlo con la movilización del pueblo. Más de doce meses de continua movilización de los trabajadores exigiendo un salario digno y contra el desconocimiento de todos los derechos laborales, son una experiencia que contribuirá a las luchas democráticas que permitan que las elecciones presidenciales del 2024 se conviertan realmente en un espacio de manifestación de la voluntad de cambio del pueblo venezolano.