Sin duda, las discusiones sobre el referendo convocado por el gobierno, en relación al tema del territorio Esequibo, han estimulado el estudio y análisis de la situación vigente en torno al reclamo venezolano, lo que ha llevado a actualizar los conocimientos sobre la materia, a reinterpretar documentos jurídicos diversos y a pasearse inteligentemente por las consecuencias políticas derivadas de la realización del referendo, en el éxito de la reclamación venezolana. Se trata de la búsqueda objetiva de los mejores enfoques, para apuntalar los intereses de la nación venezolana, sin complejos ni chantajes, y sin caer en posiciones derivadas de la lucha política interna, algo sobre lo cual la mayoría advirtió desde un principio, pero que en definitiva escapó del control de esa mayoría, que terminó alineándose en una u otra forma alrededor de los polos determinantes de nuestro devenir político en los últimos años.
Lastimosamente, el gobierno perdió una oportunidad de oro para nuclear a su alrededor a toda la nación, en la defensa integral del territorio, lo cual sería un hecho muy impactante en el ámbito internacional y habría favorecido sin duda la posición venezolana de reclamación del Esequibo ante Guyana. Pero, se sucumbió a la tentación bastarda de hacer aparecer a la oposición con la que se negocia, y con la que se han firmado varios acuerdos, como traidora a la patria, en la creencia de que esa visión la haga perder parte del respaldo, recientemente conquistado, con el triunfo de María Corina Machado en las elecciones primarias. El gobierno le ha facilitado el trabajo a esa oposición, cuyo liderazgo tampoco quería verse envuelto en una alianza con Maduro, que pudiera desdibujarla y hacerles perder los apoyos conquistados. En síntesis, estamos ante dos sectores a quienes Venezuela importa muy poco, sin importar el discurso que tengan.
La conducta del gobierno no ha ayudado ni a sus supuestos intereses, ni al interés trascendental de la nación. No ha sido claro ni autocrítico. Ha ocultado su culpa en no haber avanzado en las negociaciones directas con Guyana. Aparecen hoy como defensores del Acuerdo de Ginebra de 1966, cuando Maduro junto a la contraparte lo desechó y menospreció, pues era el producto de un imperio colonial y un gobierno servil a ese imperio. Han ocultado que Chávez en 2004 acabó con la política exterior tradicional de Venezuela de oponerse a la explotación de dicho territorio por Guyana, lo que ha llevado a permitírsela por años. No han explicado las razones de todas las ventajas comerciales en petróleo y las condonaciones de deudas hechas al CARICON, pese a la posición que mantiene contraria a nuestros intereses. Ni hablar de la grotesca y desleal posición de Cuba al respecto.
Las contradicciones del gobierno también empastelan la situación. Dice rechazar a la Corte Internacional de Justicia, pero ya van tres veces que se presenta ante ella en solicitud de que asuma determinadas acciones, lo que significa que la ha reconocido. El año pasado, Venezuela solicitó a la CIJ que no admitiera la demanda de Guyana, lo que evidentemente es un reconocimiento de que la corte podía o no admitir dicha demanda. De nuevo, hace poco, Venezuela vuelve a la corte para presentar sus alegatos contra una posible decisión del organismo sobre el referendo, algo que considero inaudito, pues es más que evidente que la corte no tiene ninguna competencia para impedir la realización de un acto soberano de carácter interno. Es decir, el gobierno plantea no ir a la CIJ en el caso del Esequibo, donde la misma sí tiene competencia, pero asiste ante ella en un caso donde es claramente incompetente. ¡Totalmente irracional!
Se entiende perfectamente que Venezuela siempre haya preferido, antes y ahora, favorecer un acuerdo bilateral y no ir a un tribunal de arbitraje internacional, pues éstos tienden a favorecer a los grandes intereses económicos y políticos, que hoy están con Guyana. Se entiende que se tengan dudas de la imparcialidad de la CIJ. En el caso del gobierno, este resquemor debe ser mayor, pues ellos saben cómo manejan la justicia, como la manipulan y la ponen a su servicio en los tribunales y en el mismo TSJ. Pero si ése es el caso, pues díganlo y no busquen argumentos que no son. El Acuerdo de Ginebra contempla la posibilidad del arbitraje de la CIJ, si no hay acuerdo entre las partes. Le da esa potestad al Secretario General de la ONU, quien la asumió. Por tanto, no se puede argumentar que las partes tenían que estar de acuerdo para que el caso pasara a la CIJ.
Decidir no ir a la CIJ es igual a que un preso político venezolano no acepte someterse a los tribunales nacionales, porque los mismos están parcializados en su contra. La CIJ es una instancia y es una oportunidad que se nos presenta. Son 15 jueces y no todos pueden ser controlados. No acudir a ella es abandonar un proceso y dejarlo sólo en manos de Guyana. Es abstenerse de ejercer un derecho, algo que todos le hemos criticado a la oposición venezolana. Es la oposición absteniéndose en 2005 en las elecciones de la Asamblea Nacional, dejando al gobierno solo por 5 años haciendo y deshaciendo. Es esa misma oposición absteniéndose en 2018 en las presidenciales, y luego en 2020 nuevamente en la Asamblea y en las elecciones de gobernadores. ¡Y cuidado! Hay algunos acariciando la idea de volverlo a hacer en 2024.
Como no soy experto, me atrevo a proponer que Venezuela pida a la CIJ, como asunto previo a decidir antes de pasar al juicio propiamente dicho, que exija a Guyana que paralice todas las actividades de exploración y explotación de recursos de cualquier tipo, en toda la región del Esequibo y en la plataforma continental correspondiente, pues no puede asumir como propio un territorio que está en reclamación y sobre el cual no existe decisión en este momento. Así mismo, las fuerzas militares y policiales guyanesas deben abandonar el Esequibo, pues el mismo no es parte del territorio guyanés en este momento. Igual derecho tendríamos los venezolanos de estar allí y de hacer todo lo que Guyana hoy hace. Estoy seguro que, si esto se lograra, el gobierno de Guyana nos llamaría inmediatamente a conversar y a ponernos de acuerdo en una salida beneficiosa para ambos.