El gobierno-PSUV convocó el referéndum consultivo de manera unilateral y sin haber realizado previamente una amplia consulta a todos los sectores de la vida nacional, por tratarse de un asunto de "interés nacional", con el fin de unificar criterios sobre un tema tan delicado y trascendente para la Nación. Demostró una vez más su talante inmediatista, prepotente, sectario y autoritario, con la pretensión de sacarle provecho politiquero a un asunto de Estado, creando justificados recelos en quienes lo adversamos y en la población en general. Lo más grave es que esa conducta autoritaria, en lugar de contribuir a construir la unidad nacional necesaria para enfrentar al gobierno de Guyana y los poderes fácticos que lo acompañan en su afán de legitimar el despojo de nuestro Esequibo, más bien ha contribuido a crear confusión en un pueblo que se encuentra desesperanzado por la precarias condiciones de vida que hoy padece y a darle justificación a los agentes internos tutelados por los intereses de EEUU, de la Exxon Mobil y demás corporaciones petroleras transnacionales.
Así como afirmamos que el gobierno de Maduro no ha tratado el tema del referéndum como un asunto de Estado y de interés nacional, porque al sectarizarlo ha dificultado la unidad de todos los factores políticos y movimientos sociales en torno a la defensa del Esequibo. Con la misma fuerza deploramos la conducta del sector opositor de extrema derecha encabezado por María Corina Machado que promueve solapadamente la abstención, la política de Guyana y de sus compinches de la ExxonMobil y el Comando Sur, orientada a sabotear el referéndum consultivo del 3D y a llamar a votar contra la política histórica del Estado venezolano de oponerse a la jurisdicción de la Corte Arbitral de la ONU (CIJ) y reclamar la vigencia del Acuerdo de Ginebra, porque además, hay suficientes evidencias de que se está fraguando en esa instancias la validación fraudulenta del Laudo de París para materializar el despojo de nuestro Esequibo.
Críticas al referéndum consultivo
Una de los principales críticas, que se oyen en el Metro y en la calle, a la participación en el referéndum del próximo domingo 3 de diciembre, es que con esa iniciativa del Maduro lo que busca es morigerar, con la bandera de un nacionalismo patriotero, la terrible situación de pobreza, abandono y emergencia social que están sufriendo la mayoría de las venezolanas y venezolanos sometidos por su mal gobierno, a salarios y pensiones de hambre, a graves deficiencias en los servicios de agua, electricidad, gas, gasolina, gasoil, educación, comunicaciones y transporte. Ésta crítica es reforzada con afirmación de la verdad inocultable de que siendo éste un gobierno deslegitimado y con más del 80% de rechazo, lo que busca es utilizar la bandera de la defensa del Esequibo para intentar mejorar el respaldo popular que perdió por su pésima y corrupta gestión, profundamente neoliberal, autoritaria, anti popular y antinacional.
Si consideramos éstas críticas en términos absolutos y en forma aislada, podríamos pasar por alto la importancia que tiene éste momento único en la historia, en el que los ciudadanos tenemos la oportunidad de ejercer directamente, a través del voto, la soberanía popular según lo establecen los artículos 5 y 71 de la Constitución. Podemos participar en la decisión de un asunto trascendente y de sumo interés nacional, en un acto de reafirmación de nuestra soberanía sobre el territorio Esequibo, conquistado a sangre y fuego en la lucha por la independencia de la Nación contra el imperio español, que nos fue arrebatado por imperio inglés. Participar es éste referéndum no significa que quienes asistamos a votar el próximo domingo 3 de diciembre, al hacerlo estaremos respaldando al gobierno autoritario y neoliberal de Maduro, porque el asunto que se está consultado es de de defensa de la integridad del territorio de la Nación y eso no solo es una obligación del gobierno sino también de toda los ciudadanos y las ciudadanas, porque además forma parte del legado que dejaremos a las futuras generaciones, Por más que Maduro intente manipular, para lograr indulgencias con escapulario ajeno, nuestro pueblo sabrá darle su merecido cuando corresponda, en las elecciones presidenciales de 2024.
Con una ingenuidad dudosa que raya en la "inocencia", aunque no por ello menos corrosiva y desmotivadora, algunos "expertos" han advertido que votar en el referéndum es inútil porque su efecto es nulo en el ámbito internacional y particularmente en la decisión que tome la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a cuya objetividad y equilibrio me referiré más adelante. El referéndum consultivo, sin duda, expresará la voluntad unitaria de la Nación de reafirmación de la soberanía venezolana sobre la Guayana Esequiba y la aplicación del Acuerdo de Ginebra como único mecanismo válido para arreglar pacíficamente la controversia territorial con Guyana, a través de la negociación hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Ésta manifestación pacífica y democrática de voluntad se convertirá en un hecho político de transcendencia internacional e histórica, que enviará un claro mensaje a los pueblos del mundo y a la comunidad internacional, de que Venezuela no se rendirá ante los intereses de las grandes corporaciones petroleras capitaneadas por la ExxonMobil y el gobierno títere de Guyana que le sirve, ni tampoco ante la presencia amenazante del Comando Sur de EEUU en el territorio en disputa.
La importancia de ésta manifestación referendaria del pueblo venezolano hay que verla con un enfoque prospectivo y considerando que el escenario más probable es que la CIJ declare válido el írrito Laudo de París, aunque por supuesto, lo haría violando el derecho internacional y su propio estatuto como de hecho lo viene haciendo. Como consecuencia dicha Corte de arbitraje le otorgaría a Guyana la totalidad de nuestra Guayana Esequiba, incluyendo la salida atlántica de nuestra plataforma deltana. En ese caso no tendríamos nada que reclamar. Empero, si con base en el mandato popular se mantiene la que ha sido una política de estado los distintos gobierno venezolano que antecedieron al actual, de no aceptación ningún tipo de arbitraje, y mucho menos en éste momento, en el que hay serias evidencias de que dicha Corte de Arbitraje de las Naciones Unidad (CIJ), está parcializada a favor de la ExxonMobil y el gobierno de EEUU para darle la razón a Guyana.
La Conspiración del Laudo de París se repite en La Haya 124 años después
Venezuela está ante el gran desafío histórico de tener que enfrentar una conspiración urdida por el gobierno de Guyana, la ExxonMóbil y el gobierno de EEUU, con el fin consumar el despojo de nuestra Guayana Esequiba al rechazar el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 entre Gran Bretaña y Venezuela con el propósito de encontrar una solución pacífica mutuamente satisfactoria para ambas parte a través de la negociación Esa conspiración se adelanta en dos escenarios. En el terreno, creando el hecho cumplido de otorgar unilateralmente concesiones petroleras y mineras en el territorio en reclamación y, en la Corte de Arbitraje de las Naciones Unidas (CIJ) la cual ha demostrado estar parcializada con Guyana al aceptar su demanda de re-validación del espurreo laudo arbitral de París, que le otorgó en 1899 el territorio Esequibo al invasor inglés quién luego aceptó su nulidad cuando firmó con Venezuela el Acuerdo de Ginebra vigente.
Demanda de Guyana en la CIJ: un proceso viciado de origen
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el medio a través del cual se generalmente resuelven pacíficamente las controversias territoriales entre los Estados, es a través de la negociación y en última instancia se utiliza el arbitraje. Ese principio está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia es el tribunal de arbitraje de la ONU, el cual es uno entre otros tribunales arbitraje al que pueden acudir, si así lo desean, los Estados para zanjar sus diferendos territoriales. El arbitraje tiene como condición sine qua non, que debe de ser un mecanismo voluntario y adoptado por consenso entre las partes en litigio, de forma tal que la determinación del árbitro obviamente también debe ser consensuada.
Ésta aclaratoria es importante porque hay quienes critican la tercera pregunta del referéndum referida al reconocimiento o no del Árbitro o sea de la CIJ, afirmando que esa pregunta lo que busca es "validar la política del gobierno de Maduro" de no ir a la CIJ para evadir su responsabilidad. Pero, más allá de que esa presunción tenga o no asidero, lo importante aquí es definir qué es lo que le conviene a Venezuela. No por casualidad el estatuto de la CIJ establece que será obligatorio para un Estado acudir a ese mecanismo de arbitraje, solo cuando haya hecho una declaración expresa manifestando su deseo de aceptar "obligatoriamente" las decisiones de dicho tribunal , cosa que nunca ha hecho Venezuela porque históricamente siempre ha rechazado el arbitraje internacional como medio para dirimir la controversia sobre el Esequibo. La que la da sentido y justificación a la pregunta, aparentemente redundante, es la significación que tiene la reafirmación del pueblo venezolano de que debe ser el Acuerdo de Ginebra y no el arbitraje de la CIJ teniendo como base el Laudo Arbitral de París que es lo que pretenden los partidarios del despojo. El Acuerdo de Ginebra es el que está vigente como tratado internacional válidamente suscrito por las partes en la ciudad de Ginebra en 1966, o sea, firmado entre Venezuela, el Reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la representación de lo que después sería la República de Guyana y depositado en la Secretaria de Naciones Unidas
Vicia de ilegalidad el proceso el que la CIJ haya aceptado la demanda de Guyana para considerar la re-validación del Laudo Arbitral de París, descartando el Acuerdo de Ginebra como el marco rector legalmente válido para arbitrar la controversia, colocándose al margen del derecho internacional. Esto quiere decir que los criterios de la CIJ para decidir se sustentarán en los términos acordados por EEUU y el Reino Unido en 1871, que dieron lugar al llamado tratado de arbitraje de Washington sobre el Esequibo. Ya sabemos que allí fue donde se fraguo el despojo de nuestro Esequibo que luego formalizo el tribunal de arbitraje en 1899. Éste proceder de la CIJ transparenta su parcialización con el equipo de ExxonMobil-Guyana-EEUU. En términos del boxeo, todo indica que la mayoría de "los jueces están vendidos" al contrario. Por otra parte hay quienes señalan que no tiene sentido decidir si el Estado debe ir o no a la CIJ, porque de hecho ya aceptó su jurisdicción para tratar el diferendo, al presentarse a las dos primeras audiencias que ella ha convocado Esa comparecencia fue en la la fase preliminar relativa a la competencia de la Corte y la admisibilidad de la demanda. Venezuela decidió no hacerse presente en el juicio sobre el tema de fondo que es la validez del Laudo de París y no el Acuerdo de Ginebra que como ya dijimos es el tratado que rige legalmente la controversia. Asistió sí a las audiencias preliminares para contradecir la incompetencia de la Corte y oponerse a la admisibilidad de la demanda de Guyana. Por lo tanto, aún no hay una aceptación del arbitraje de la CIJ en el caso del Esequibo.
Otro de los señalamientos de quienes plantean que Venezuela debe ir a la CIJ, es que el Acuerdo de Ginebra obliga a las partes a concurrir a ella como última instancia en el caso de que la negociación y la mediación fracasen, lo cual no es más que una manipulación leguleya, porque en dicho acuerdo lo que está planteado es un "arreglo judicial" en el marco de un arbitraje, no una "sentencia judicial unilateral. En todo caso, ese arreglo debería ser aceptado por ambas partes, lo cual tampoco cumplió el Secretario General de la ONU, quién actuó unilateralmente, favoreciendo a Guyana al solicitarle a la CIJ que se hiciera cargo del arbitraje. De hecho, casi inmediatamente Guyana procedió a introducir su demanda pidiendo a la CIJ que se declare válido el Laudo Arbitral de París.
El viejo refrán español: "el que paga, manda", describe elocuentemente los intereses que están detrás de la demanda introducida en la CIJ por el gobierno guyanés. Fue el propio ministro de recursos naturales de Guyana, Raphael Trotman, en su libro "Del destino a la prosperidad" quién reveló la entrega de una importante suma de dinero por la ExxonMobil a su gobierno, para presionar a altos funcionarios de la ONU a fin de que aceptaran pasar la controversia territorial del Esequibo a la CIJ. Eso podría explicar la "fluidez" que tuvo el proceso de cierre de las negociaciones y envío a la CIJ de la controversia sobre el Esequibo por el Secretario General de la ONU y la celeridad con que actuó la CIJ. Pero eso sí, sin contar con la anuencia de Venezuela. De probarse esta injerencia de la ExxonMobil, reñida con la ética y la buena fe que debe privar en las relaciones internacionales basadas en el Estado de Derecho, especialmente cuando se procura "una solución pacífica y mutuamente satisfactoria para ambas partes", no solo hace nulo todo lo actuado en el proceso por estar viciado de origen, sino que hace imprescindible promover un debate en las Naciones Unidas, para denunciar la conspiración que se ha urdido contra Venezuela con el propósito de anular de facto el Acuerdo de Ginebra y reeditar al fraudulento Laudo de París, que despojó a la república de 1/5 de su territorio para cedérselo al invasor inglés apoyado por el naciente imperio estadounidense.
Dos ruta para materializar el despojo: ocupar y luego legitimar
Fue en 2015 cuando el gobierno de Guyana comenzó a dar concesiones petroleras en el territorio en reclamación, luego de desconocer el Acuerdo de Ginebra (1966) y esgrimir el fraudulento Laudo arbitral de París (1899) como el único instrumento "válido" que estableció la frontera entre Venezuela y Guyana. En 2016, Ban Ki moon, a la sazón Secretario general de lla ONU, decidió unilateralmente cerrar la negociación y optar por enviar el caso a la CIJ, lo cual fue concretado por quien lo sucedió en el cargo, Antonio Guterres. Luego, en 2018 la transnacional petrolera estadounidense ExxonMobil dirigida en esa oportunidad por Rex Tillerson (2015-2016), futuro Secretario de Estado del gobierno de Donald Trump (2017-2018), anunció el hallazgo de un gran yacimiento petrolero en el llamado "bloque Stabroek" (1400 MMB) en aguas contiguas al territorio en reclamación del Esequibo. Ese mismo año el gobierno de Guyana introdujo su demanda para validar el Laudo arbitral de París. Ésta inverosímil coincidencia entre el hallazgo petrolero en aguas del Esequibo y la decisión de Guyana de salirse del Acuerdo de Ginebra, tuvo como denominador común la presencia a Rex Tillerson como actor decisivo, quien representaba los intereses de la ExxonMobil y del gobierno de los EEUU a la vez. Ésto podría explicar en buena medida el cambio de rumbo que tuvo la controversia por la soberanía del Esequibo teniendo como "pivote" al Departamento de Estado. En 2022-2023, cuando la CIJ comienza a dar los primeros pasos en la consideración de la demanda de Guyana y ante la reacción del gobierno venezolano de oponerse a la competencia de la CIJ y la admisibilidad de dicha demanda, la respuesta del gobiernos de EEUU fue apoyar a Guyana y posicionarse en el territorio de la zona en reclamación con unidades del Comando Sur, para prestarle apoyo militar con el fin de resguardar la labores de extracción y explotación ilegal de los yacimientos petroleros y la seguridad del gobierno guyanés.
Ésta relación de los hecho evidencia la sincronía entre la ruta del proceso jurídico, manipulado por los mismos actores: ExxonMobil, gobierno de de EEUU y Guyana, articulándose con los órganos de la ONU correspondientes, la Secretaría General y la CIJ, teniendo como objetivo re-legitimar el Laudo de París; y la ruta de la ocupación de facto del territorio a través de concesiones petroleras en las que está comprometidas inversiones de mediano y largo plazo, además de mercados internacionales hacia Europa, EEUU y Asia en el contexto de la crisis energética creada por la guerra de Ucrania.
Reedición del Laudo de París ahora en La Haya: ¿Qué hacer?
Si Venezuela mantiene su posición histórica de rechazar el arbitraje de la CIJ, de cara al futuro podrá mantener su reclamo histórico sobre el territorio Esequibo. Con mayor razón debe actuar así en un proceso que está viciado en su origen, concebido con el fin de tendernos una "trampa-jaula" al margen de la legalidad internacional, para que aceptemos la reproducción actualizada del fraudulento laudo de París, ahora en La Haya. Si así se procediese tendríamos la oportunidad de mantener nuestro reclamo histórico sobre el territorio Esequibo y la fachada atlántica. Por el contrario, si se acepta la jurisdicción de la CIJ confiando en su "buena fe" y contando con la razón que no asiste la razón histórica como hicimos en 1899, estaríamos clausurando el Acuerdo de Ginebra como medio para resolver la controversia pero si perdemos ésta apuesta y la CIJ re-valida el laudo de París, lo perderíamos todo, sentando un precedente que podría tener consecuencias irreparables y causar una herida profunda en el costado de la Patria.
Lo que debe hacerse es no aceptar la jurisdicción de la CIJ y ratificar la validez del Acuerdo de Ginebra firmado entre Venezuela, el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la representación guyanesa. De esa manera muestro reclamo histórico sobre el Esequibo se mantendría vivo-
¿Por qué participaré en el referéndum y votaré por Venezuela?
En el marco de una de las mayores crisis de su historia, la República se encuentra frente al gran desafío de tener que enfrentar una conspiración internacional apoyada en la grave crisis política, económica y social interna que padecemos, para amputarle la Guayana Esequiba y la fachada atlántica, mediante una estrategia leguleya abiertamente al margen del derecho internacional, combinada con la fuerza de los hechos cumplido y la amenaza militar velada. Frente a ésta feroz inquina de los poderes fácticos que intentan doblegar a Venezuela, la respuesta no puede ser otra que la unidad de todos, independientemente de nuestra ideología, posición política o modo de pensar, para defender nuestro territorio. Por ahora, el instrumento que está a nuestro alcance, más allá de sus imperfecciones y del manejo politiquero que pretende darle el gobierno de Maduro, es el voto como expresión genuina de reafirmación de soberanía en defensa del Esequibo y la fachada atlántica. Por esas razones, a pesar de que adverso al gobierno de Maduro, votaré cinco veces sí.
YO VOTO VENEZOLANO!!