"La política es el arte de hacer lo imposible"
Marta Harnecker
El próximo 28 de julio será un día histórico en Venezuela. El pueblo podrá decidir con su voto el rumbo que debe tomar el país en los próximos seis años. No se trata de unas elecciones rutinarias. En ésta oportunidad estamos ante una encrucijada de dos vías. Venezuela podría seguir disparada hacia la consolidación del régimen autoritario neoliberal del partido-Estado, o avanzar hacia una transición orientada al restablecimiento de la constitución, el estado de derecho y la instalación de un gobierno de unidad nacional constituido alrededor de un acuerdo nacional y un pacto de Estado, enfocado en la atención de la emergencia social compleja, en la construcción de una economía diversificada sustentable que deje atrás el modelo extractivista rentístico dependiente y en el ejercicio de la soberanía del Estado en todos los espacios y dimensiones de la vida nacional. De ahí la importancia de blindarse contra las provocaciones del gobierno destinadas a estimular la abstención y de los desafueros de quienes desde la acera de una oposición de extrema derecha, de hecho favorecen la permanencia de Maduro en Miraflores a pesar de que exhiben un discurso pugnaz y altisonante, al privilegiar sus proyectos personales y/o políticos no exentos de un narcisismo mesiánico y del tutelaje de intereses extranjero. En esta coyuntura decisiva, el voto es el único instrumento disponible para impulsar el cambio hacia una nueva Venezuela. Afortunadamente, nuestro pueblo está cada vez más consciente de que la abstención no es una opción y que, hay que taparse los oídos para no sucumbir ante los "cantos de sirenas" que invitan de nuevo a desviarnos de la ruta electoral como hicieron en el pasado reciente aunque digan lo contrario, y mucho menos, perder de nuevo el "autobús" que podría llevarnos hacia un cambio posible a través de un proceso de transición que saque a ésta Patria lacerada del laberinto en que se encuentra.
No hay que olvidar que en las elecciones presidenciales de 2018, el sector de la derecha extremista de la oposición, llamó a la abstención con el respaldo de EEUU, la UE y sus aliados en la región, regalándole, "por carambola", la reelección a Nicolás Maduro, a pesar del altísimo rechazo que tenía en el contexto de la terrible crisis económica hiperinflacionaria que existía para entonces. Si la abstención se hubiese mantenido en su porcentaje histórico, probablemente Maduro habría sido derrotado a pesar de las marramucias y arbitrariedades que hizo el partido-Estado desde el TSJ y el CNE para impedirlo. Esa fue el "empujonsito" que hizo la diferencia para que Maduro lograse mantener el poder por seis (6) años más. El escenario del proceso electoral presidencial actual ha sido configurando minuciosamente por el Partido-Estado según sus designios, aplicando la misma estrategia que utilizó en las elecciones presidenciales de 2018 consistente en promover la división en la oposición y el incremento de la abstención, con el propósito de imponer nuevamente su minoría mediante la dispersión del voto opositor y el aumento de su peso relativo en un universo electoral de menor participación. Para lograr su propósito el partido-Estado ha tenido a su favor la confrontación interna aguda que cursa en el seno del sector opositor que se agrupa en la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y el uso desmedido y obsceno de los poderes públicos bajo su control para aplicar un ventajismo descarado, así cómo la utilización de múltiples subterfugios leguleyos para impedir la participación electoral a los adversarios. Esto lo ha combinado con la aplicación de una persecución y represión selectiva que viola flagrantemente la Constitución y el debido proceso, destinada a provocar miedo y terror en los liderazgos sociales y políticos. La judialización, ilegalización e inhabilitación de partidos y candidatos opositores de izquierda y de derecha, así cómo el establecimiento de un cronograma electoral adelantado con el objetivo de ganar tiempo e impedir la conformación de un bloque opositor unitario que le dispute el poder, son algunas evidencias de los grandes abusos que ha cometido el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. A ésto se suma el ajuste a su medida de la normativa electoral violando la constitución y la ley. Éstas son señales de que nunca como ahora el régimen autoritario del partido-Estado, se encuentra en una situación de suma debilidad por la pérdida de apoyo de su base política y social.
Volviendo a las elecciones presidenciales de 2018 en las que se impuso Maduro con un 30% de los votos del registro electoral, también hubo una alta abstención que alcanzó el 54% del padrón electoral, en la que influyó de manera decisiva el llamado a no votar que hizo la derecha extremista subordinada a Washington. En ésta oportunidad ese sector, agrupado hoy en la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), decidió volver a la ruta electoral y eligió en elecciones primarias a María Corina Machado (MCM) como su candidata, a pesar de que ésta fue inhabilitada por el partido-Estado de manera ilegal y arbitraria. Hasta ahora ningún sector opositor está llamando abiertamente a la abstención, pero existe un clima de tensión interna en la PUD con la inhabilitación de la señora Machado y la imposibilidad de que su sustituta designada por ella, Corina Yoris, pudiese registrar su candidatura en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Debido a que ambas decidieron no retirar la candidatura y llegar "hasta el final", no se ha producido un acuerdo al interior de la PUD en torno a la figura de otra u otro candidato sustituto. Sin embargo, cuando el tiempo hábil para realizar la inscripción estaba por vencerse, el gobernador del estado Zulia Manuel Rosales del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), miembro también de la PUD, decidió inscribir su candidatura presidencial a ultima hora para evitar que su partido se quedase por fuera y la PUD sin candidato. Ésta iniciativa de Manuel Rosales y su partido desencadenó una intensa campaña de descalificaciones en las redes sociales contra él promovida por MCM, calificándolo de "traidor" y señalándolo como "candidato del régimen". Ésta crisis podría desembocar en un nuevo llamado a la abstención para "deslegitimar" las elecciones por parte de los sectores extremistas. De ser así, seguramente Maduro sonreirá frotándose las manos detrás de bastidores, porque la repetición por el extremismo de la política abstencionista podría repetir la "hazaña" que protagonizaron en 2018 y de nuevo proporcionarle al régimen la prolongación de su mandato por seis (6) años más. En ésta ocasión se está presentando una situación diferente porque aún cuando la candidatura de MCM tiene el respaldo de un segmento importante de la población opositora y tiene la primera opción para ganarle a Maduro, por estar inhabilitada no podrá competir. No obstante, los estudios de opinión de las encuestadoras más reconocidas han develado que la mayor parte de quienes votaría por ella, estarían dispuestos a votar por otro candidato opositor que pueda ganarle a Maduro. Dicho de otra manera, más que el candidato o candidata, lo que está determinando la decisión de la mayoría de los electores es la voluntad de cambio que se instaló en el imaginario colectivo y también, la convicción de que el voto es el instrumento para lograr ese cambio. A pesar de que ha crecido la conciencia colectiva del enorme poder que tiene el voto masivo para impulsar el cambio político por la vía electoral, paradójicamente la mayoría del liderazgo opositor que podría canalizar esa voluntad de cambio, debido a sus dislates e incoherencias, ha perdido la confianza de buena parte de la población, además de que hoy se encuentra fragmentada e inmersa en una disputa por el liderazgo en la cual el debate político programático es el gran ausente.
En ésta hora menguada de la Patria en que el partido-Estado, violando la constitución y la ley, sin ningún pudor ajusta las reglas del juego a su antojo, llegando al descaro de descartar todo partido o candidatura que amenace su triunfo o interfiera su estrategia electoral. La oposición está dispersa en 13 candidaturas que pasaron la "criba" del CNE controlado por el partido de gobierno, pero sin que se perfile ninguna de ellas como opción real para ganar. Pareciera que la estrategia del régimen autoritario del partido-Estado se impondrá finalmente, al estar prácticamente "jugando solo" con el árbitro a su favor. La posición de MCM invariablemente ha sido la de descalificar la legitimidad de las elecciones por no permitirle participar a ella o a su sustituta, muy a pesar de que tiene plena conciencia del carácter autoritario del régimen frente al cual estamos y al que ella misma siempre califica de dictadura y por lo tanto, mal podría esperar una actitud distinta si esa es su naturaleza. No se trata de asumir una actitud conformista, sino de actuar con inteligencia y responsabilidad frente a una coyuntura muy compleja y decisiva para el futuro de la Nación, en la que hay que colocar en primer plano el interés general y la salvación de la república, que por cierto con toda seguridad no será el fruto de la intervención "mítica" de un nuevo mesías salvador, llámese como se llame, sino de la voluntad férrea y el esfuerzo soberano sostenido del pueblo venezolano.
A éstas alturas del partido lo prudente es seguir jugando a pesar de los obstáculos puestos por el gobierno, como hizo en las elecciones presidenciales de 2018 la alianza opositora que apoyó a Henry Falcón y no, abandonar el juego llamando a no participar, porque probablemente se obtendría una derrota segura y seis años más del régimen del partido-Estado con consecuencias impredecibles. Ante ésta realidad incontrovertible, lo sensato es procurar entre las candidaturas de oposición inscritas una que reúna el máximo consenso y respaldo popular. El consenso de esa candidatura surgiría en torno al programa mínimo que adelantará el gobierno de unidad nacional que exprese la pluralidad de la sociedad venezolana, con base en una agenda de al menos cinco puntos fundamentales: 1) Restitución de la Constitución y el Estado de Derecho; 2) atención de la emergencia social compleja; 3) recuperación de los sistemas de salud y educación; 4) recuperación de los servicios de agua, transporte y electricidad; 5) estabilización económica e impulso del desarrollo socioproductivo sustentable hacia una economía posrentista.
El meta mensaje implícito en el eslogan "el pueblo no quiere votar sin elegir" en el contexto de la actual coyuntura electoral, es el de que cómo el gobierno impidió, violando la constitución y la ley, que algunos partidos y candidatos participen, las elecciones carecen e legitimidad y por lo tanto, para quienes respaldan a esos partidos y candidatos, "el voto solo serviría para legitimar al régimen". Quienes así opinan caracterizan a éste como una "dictadura" pero esperan que ésta actúe de manera diferente o sea en el marco de la constitución y la ley, lo cual es una contradicción en sí misma, pero les sirve para justificar una política abstencionista que rechaza la apertura democrática que ofrece el régimen, reproduciendo la misma política que le permitió Maduro ganar las alecciones en 2018. No se puede hacer política divorciado de la realidad. La verdad es que la elecciones presidenciales del próximo 28 de julio abren una "rendija democrática" la cual ofrece una oportunidad para que el pueblo exprese su rechazo masivo al gobierno de Maduro, aunque el candidato opositor a elegir no sea el de la preferencia. Lo importante es que ese candidato tenga la potencialidad de ganar para que se desencadene un proceso de cambio que permita desatar los nudos de la crisis. Un candidato que esté dispuesto a realizar un gobierno de unidad nacional, se entienda con quienes hoy detentan el poder para establecer una hoja de ruta que permita transitar en paz hacia la restitución de la institucionalidad democrática y la atención de la emergencia social compleja. Para decirlo en palabras de Marta Harnecker: "(...)la política es el arte de descubrir las posibilidades que existen en la situación concreta de hoy para hacer posible mañana lo que en el presente aparece como imposible. De lo que se trata es de construir una correlación de fuerzas favorables al movimiento popular, a partir de aquello que dentro de sus debilidades constituye sus puntos fuertes". Lo que hará posible que en 2025 se inicie un proceso de transición hacia la restitución del régimen democrático constitucional y el país avance hacia la superación de la crisis política, económica y social, en la vía hacia la construcción de la nueva Venezuela, es la votación masiva. Cuando el pueblo se decide a cambiar, y esa voluntad encuentra un canal de expresión electoral, más allá de las circunstancias que roden el proceso, se podría desencadenar un proceso de transición que haga posible lo que parecía imposible, el cambio político. De esa manera sstaremos haciendo verdadera política, haciendo posible lo que parecía imposible, ejerciendo la soberanía popular.