Ya el poder judicial venezolano actuando como uno de los cinco poderes públicos que son independientes y autónomo en sus funciones, comenzó su investigación para constatar y verificar los resultados de las elecciones presidenciales realizadas el día domingo 28 de julio del 2024…
El inicio fue con la convocatoria a los 10 candidatos presidenciales (asistieron 9) que participaron en la contienda electoral, para que faciliten cualquier tipo de recaudo que contribuya a responder para verificar cuales son los verdaderos resultados electorales y se compruebe si hubo algún ilícito electoral, a través de un recurso solicitado por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su condición de candidato presidencial ganador y proclamado por El Consejo Nacional Electoral…
Por supuesto, que en la investigación judicial, el CNE tiene que enviar en las próximas 72 horas todos recaudos, incluyendo las actas electorales a la sala electoral del máximo tribunal del país y todo de acuerdo a lo señalado en el artículo 297 constitucional: "La jurisdicción contencioso electoral será ejercida por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley"…
Lo cual se convierte en un paso muy importante para aplicación de la justicia, ya que existe una temeraria denuncia pública por parte de la ultraderecha "venezolana", cuando aseguran que se cometió un gran fraude electoral y que permitirá generar responsabilidades para los casos en que se determine la simulación de un hecho punible…
Igualmente está ocurriendo con los comanditos guarimberos que han sido detenidos, en algunos casos han confesado que fueron pagados para generar desorden, caos, destrucción y cualquier cantidad de acciones criminales que deberán responder ante la justicia venezolana, en la que debe ampliarse la investigación de todos los hechos ilícitos hasta llegar a todas y todos los autores intelectuales, para que sean juzgados por nuestros tribunales…
Y la población venezolana, no quiere más que queden crímenes sin castigos, ya que el peor enemigo para la credibilidad de la institucionalidad democrática venezolana, es que se imponga de nuevo "la impunidad de los apellidos" y evitar que de manera "conveniente" huyan del país…