Si el Fiscal General de la República es competente o no, estaría en discusión, lo cierto fue que generó un "pequeño" daño, afectación, una lesión en los derechos del excandidato presidencial Antonio Ecarri, entre otros, con muchísima significación.
Tampoco, hacer responsable al Fiscal General de su vida, "de su familia y su equipo de militantes" -crasso error por ser un encauzamiento o orientación del planteamiento con un sentido demasiado personal-.
Las primeras preguntas serían: ¿Hay un estado de excepción? ... ¿Hay represión policial? ... ¿Hay bandidos y matones sueltos en la calle para matar a la gente? ...
Definitivamente, el problema de la institucionalidad referida por Antonio Ecarri da en el punto central de la crisis de legitimidad ... No estan claras las competencias de los poderes ... si cada uno de ellos es autónomo ...
Entonces, Antonio Ecarri tiene razón! ... lo que planteó es clarísimo ... se puso de cara a la historia: en Venezuela hay Ley, hay Constitución, hay Instituciones, hay Estado, hay un Pueblo al cual hay que respetar.
El excandidato presidencial fue víctima de agravio, daño, ofensa o perjuicio -para no decir subestimado, minusvalorado, menospreciado, desestimado-, por el Fiscal General de la República en su solicitud.
Esa solicitud de recurso de interpretación al Poder Judicial tiene sentido por la necesaria independencia de los poderes.
Las segundas preguntas obvias serían: ¿La solicitud de del Poder Ejecutivo descalificó la competencia del Poder Electoral como poder autónomo? ... ¿Le quitó al Poder Electoral sus propias competencias y se las otorgó al Poder Judicial? ... ¿El Poder Electoral se declaró incompetente?...
En consecuencia, Ecarri tiene razón, porque la solicitud del Poder Ejecutivo al Poder Judicial es válida, firme, subsistente y que debe valer legalmente como aceptable.
Es un argumento válido, pero en la práctica el Poder Electoral perdió su competencia en el mismo momento que entregó las actas al Poder Judicial y no las hizo del conocimiento público-, como era de su absoluta competencia y obligación ...
Entonces, pudiéramos pensar que hubo silencio administrativo o pérdida de la función institucional del Poder Electoral.