Considérese el presente texto como un anexo a mi artículo "Que cada quien eche su cuento". Algunas y algunos lectores me hicieron reclamos, por lo demás muy justificados, que espero satisfacer.
La represión.
Con 22 fallecidos en la cuenta, quiero hacerme la pregunta de cuántos hubiera si el CNE hubiera esperado a resolver la diferencia que el Rector Juan Carlos Delpino expresaba con su ausencia del presunto primer boletín. Pero más aún, ¿cuántos hubiera si, en vez de haber batido el récord mundial de velocidad en proclamaciones presidenciales, el CNE hubiera esperado para proclamar al presidente electo con los resultados definitivos en la mano?
Dicho de otra manera: ¿Tendría que estar el Comisario General del CICPC, Douglas Rico, amenazando al Rector principal del CNE Elvis Amoroso con algún tipo de sanción, algún tipo de búsqueda y captura, por no estar realizando las auditorías a las que está obligado por la Ley, y sobre todo por no entregarle al pueblo de Venezuela las actas y resultados que dijo haber entregado a la Sala Electoral del TSJ? Los Rectores del CNE ¿están o no, obligados por la Ley y la Constitución, a la realización de las auditorías que están taxativamente ordenadas en el texto legal? ¿si no las hacen, como es el caso que nos ocurre con el CNE presidido por Elvis Amoroso, no están infringiendo la Ley? ¿Que se supone que pase, que lo aceptemos en silencio?
Debe quedar claro que la violencia del gobierno/PSUV, expresada en el desconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano que se manifestó en la lectura del presunto primer boletín, con hechos tan graves como que éste no lo produjo la sala de totalización de resultados pues la misma no fue activada, y que de ahí en adelante se fueron suspendiendo una tras otra el conjunto de auditorías que establece el ordenamiento legal, y que así se llega a un acto de violencia aún mayor, como lo fue la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo faltando más de dos millones de votos por contarse. Esa ultima podría clasificarse como violencia criminal masiva, como masivas fueron sus consecuencias.
Con 1305 personas privadas de libertad y de todos los derechos constitucionales, el gobierno del presidente Maduro, exhibe exultante su capacidad represiva, pero ni una pizca de transparencia.
La razzia represiva unida a la constante maniobra intimidatoria, es la tenaza que levanta el gobierno/PSUV para obtener esa cosa opaca y sin derechos que ellos llaman paz. En ese sentido, aprovecho para agradecer a Juan Barreto quien, en su digno enfrentamiento a la provocación intimidatoria que en su momento le lanzó, tanto a él como al excandidato de REDES y el PCV, Enrique Márquez, el diputado y vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello; puso a circular en diversos espacios y redes un video en el que le recuerda a éste que hay personas que no somos malandreables.
La jugada ante la Sala Electoral del TSJ.
Sacar el asunto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de la jurisdicción del Poder Electoral, a través del CNE, para colocarlo en el terreno de la Sala Electoral del TSJ, tenía riegos como los que el presidente Maduro corrió en la sesión convocada por la Sala Electoral el viernes 2 de agosto de 2024, cuando hasta los candidatos que habían reconocido los resultados dados por el CNE, se desdijeron en la práctica de su reconocimiento para pedir transparencia y presentación de actas. Se pedía lo que no había: Transparencia. Se exigían los derechos previstos en la Ley y la Constitución como lo era la verificación ciudadana de resultados mesa por mesa, centro por centro. A cinco días de realizadas las elecciones presidenciales, todo el país político aprovechaba el micrófono del TSJ para gritarle al mundo ¡Queremos transparencia! Ciertamente, ese round no lo ganó el presidente Maduro, pero éste a lo mejor pensó que ¿qué era una raya más para un tigre? Nos jugaron la barajita de donde manda capitán, o sea la Sala Electoral del TSJ, no manda marinero, o sea el CNE. Al éste se le podía exigir la verificación ciudadana. La Sala Electoral del TSJ se las da de voz de Dios, sobre la que no hay verificación posible sino el acatamiento total de la sentencia. Ciertamente, ese round no lo ganó el pueblo venezolano.
¿Dónde estamos ahora?
En el pulso descomunal entre todo el poder del aparato comunicacional del gobierno/PSUV para dar tal apariencia de normalidad, que las elecciones presidenciales parezcan, huelan a periódico de ayer; y la inteligencia de un pueblo que vio lo que vio el 28 de julio, en las mesas electorales, y al que ya nadie le quita lo bailado.
El pasado jueves 8 de agosto, el excandidato Antonio Ecarri introdujo un Recurso de Nulidad ante la Sala Constitucional del TSJ contra todos y cada uno de los actos realizados hasta ahora por la Sala Electoral del TSJ, cuya difusión y consideración ha sido menor que su importancia. Si hubiera forma jurídica de hacerse parte, de apoyar masivamente ese Recurso de Nulidad, esa podría ser una iniciativa ciudadana a seguir en todo el país, pero en todo caso, en esa línea de acción jurídica con capacidad de unificar al conjunto de los venezolanos que rechaza el fraude electoral, todavía son posibles acciones de recurrir ante la Sala Constitucional del TSJ, para impedir la violación a la Constitución Nacional que significa lo hasta ahora actuado por la Sala Electoral del TSJ.
En este sentido, el excandidato Enrique Márquez también introdujo reclamos ante la Sala Electoral por lo que consideró una violación de sus derechos procesales. Como vemos, el espacio de lo jurídico tampoco se ha agotado. Es muy probable que a muchas personas esas les parezcan diligencias inútiles y habría que recordar aquello de que la peor diligencia es la que no se hace y que, para recurrir a instancias internacionales, el requisito es haber culminado las instancias nacionales.
Ojalá que después de una experiencia como ésta, a nadie se le ocurra de nuevo demeritar del Sistema Automatizado de Votación. Este conflicto está levantado gracias a que las máquinas tienen indeleblemente grabado lo que registraron, y que en algún lugar deben de estar las cajas con las papeletas de votación al resguardo del Plan República. Están tratando de desconocer unos resultados, pero los resultados están ahí. Están buscando echarnos tierrita en los ojos, con la Sala Electoral del TSJ, para arrancarnos una Verificación Ciudadana como derecho constitucional
Hay una operación política para poner a la votación del 28 de julio fuera del alcance de la Verificación Ciudadana prevista en la Constitución y las Leyes. Es probable que se pretenda que la votación en estas elecciones presidenciales pase a ser otro "secreto de la patria", como la lista de los que recibieron divisas preferenciales del Teniente Alejandro Andrade, pero la reciente declaración del panel de expertos electorales de la ONU, es otro duro golpe a la pretensión de que al pueblo de Venezuela le arrebaten sus elecciones impunemente. Supuestamente el Rector Juan Carlos Delpino hablará en las próximas horas para hacer revelaciones muy serias sobre el proceso comicial. Todavía nada es tan pasado. Todavía todo está pasando. Y depende de lo que hagamos como ciudadanía que lo que termine pasando sea lo mejor y no lo peor posible. El juego no se ha terminado.