La situación del país requiere con urgencia un acuerdo político para concertar una salida que quiebre la incertidumbre social y la tensión política hasta devolverle la paz y el sosiego a la población. Por intermedio del Presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Inácio –Lula- Da Silva, se planteó la posibilidad de constituir un Gobierno de Cohabitación con carácter transitorio o repetir las Elecciones Presidenciales con nuevas condiciones previamente acordadas por las partes. Ambas propuestas fueron rechazadas por el Presidente Nicolás Maduro y por la oposición. Más allá de estas reacciones, la gente se sigue preguntando: ¿Se repetirán las elecciones?
Es indiscutible que un acuerdo político interno es la mejor alternativa para construir una salida porque la situación del país debemos resolverla los venezolanos sin olvidar que formamos parte de una Comunidad Internacional cuya dinámica social atiende normas de una sociedad globalizada. Desde esa perspectiva debemos reconocer que Brasil y Colombia han asumido una mediación de alto calibre por su carácter internacional con propuestas coincidentes y complementarias. La proposición de Lula con el apoyo del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, es el resultado de una consulta con gobiernos de distintos países y organismos multilaterales. No es una propuesta personal ni apresurada.
Nicolás Maduro fue proclamado como vencedor de las Elecciones Presidenciales del 28 de julio. La oposición desconoce esos resultados y exige la publicación de los resultados mesa por mesa y las Actas de Escrutinio de cada Mesa electoral, al mismo tiempo, un significativo número de países y organismos internacionales han exigido, de manera clara y precisa, la publicación de las Actas de Escrutinio para reconocer la legalidad de tales resultados. El CNE no ha cumplido con esa responsabilidad y anunció públicamente la entrega de las Actas de Escrutinio a la Sala Electoral del Tribunal Supremos de Justicia como requisitoria de una acción judicial solicitada por el Presidente Nicolás Maduro como parte interesada.
Ahora, las Actas de Escrutinio están en poder de la Sala Electoral del TSJ y el CNE puede utilizar ese argumento para justificar el incumplimiento de la publicación de resultados discriminados y actas tal como lo exige la ley. El examen de las Actas de Escrutinio que realiza el TSJ puede concluir señalando que estos documentos oficiales fueron dañados por la acción y efecto de los ataques cibernéticos denunciados previamente por el CNE y negados por expertos y veedores internacionales.
El proceso electoral demostró la fortaleza del Sistema Electoral Automatizado, pero la actuación del CNE deja una estela de dudas sobre el manejo y divulgación de los resultados que le pueden quitar legitimidad a cualquier gobierno. La posibilidad de publicar resultados y actas discriminadas mesa por mesa como esperan todos los sectores sociales, económicos, académicos y políticos de la sociedad venezolana y que se ha convertido en un reclamo de la Comunidad Internacional se torna cada día más difícil. Solo un acuerdo político puede abrir cauce a una salida democrática y constitucional.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales –LOPRE- (Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.928 del 12 de agosto de 2009) establece en su artículo 170 que: "Declarada por el Consejo Nacional Electoral o por los órganos titulares de la jurisdicción contencioso electoral, la nulidad de una elección o de una votación de un proceso electoral y determinada en este último caso su incidencia en el mismo, corresponderá únicamente al Consejo Nacional Electoral convocar un nuevo proceso electoral o la repetición del acto de votación". Esta premisa legal puede convertirse en el soporte legal para convocar un nuevo Acto de Votación y ratifica la urgencia de un acuerdo político interno que establezca nuevas condiciones y garantías electorales como una salida que nos permita romper la incertidumbre social y bajar la tensión política.
Solo una salida democrática y constitucional nos permitirá retomar el camino de la recuperación económica y avanzar hacia un "Nuevo Consenso Social".