Ha sido una invariable actitud desde que Hugo Chávez llegó a la Presidencia de Venezuela, la negativa constante de la oposición más derechista a las instituciones del país, la legalidad de su funcionamiento e inclusive su idoneidad y competencia. Esta actitud de negación es la que da paso o justificación a que esa oposición se considere con derecho de tomar cualquier posición que vaya en contra del gobierno, su funcionamiento y los funcionarios que en ellos trabajan. También esta actitud negacionista del país y sus dirigentes es la que permite presentar como plenamente permitido la intervención extranjera en nuestros asuntos y hacer llamados para una intervención militar.
Esta situación no puede continuar ni siquiera en las más pequeñas manifestaciones porque además se suman a una gran expresión de control imperialista de nuestras naciones, que precisamente pasa por la negación del país, sus derechos, su constitución y sus leyes, en definitiva su modo de vida.
Por otra parte aunque el centro de sus exhortaciones políticas es el llamado a la democracia y la libertad y sacudirse de una dictadura y su tiranía, la actitud para lograrlo es completamente despótica, negando las instituciones, llegando al crimen sin medida, obstaculizando completamente la democracia con su consigna "el final está en la calle" que es una posición completamente arbitraria. Los negadores de la democracia son ellos.
En los actuales momentos, después de pasados los momentos más álgidos de la confrontación con esa derecha negadora de la vida política actual del país y ya marginados por ahora de las primeras planas comunicacionales sus dirigentes más notorios, han enviado a un grupo de políticos menores, que comienzan a cuestionar tanto la situación resultante de las elecciones como a revivir las consignas iniciales de negación de los resultados y cuestionar y dudar sobre la idoneidad de las actuaciones del CNE. Son los comanditos en las redes y medios de comunicación.
La tarea encomendada es ir calentando la primera plana y los medios con un in crescendo que debe llegar a su máximo hacia el 10 de enero del próximo año, cuando Nicolás Maduro asuma nuevamente como Presidente de la República.
Eso no puede seguir tolerándose, pues detrás de cada perdón vendrá una conspiración. Hay que darles un parao a todos y considerar como cómplices a los que desde el gobierno piden tolerancia. El Tribunal Supremo de Justicia emitió ya su fallo, Nicolás Maduro es el Presidente electo, lo cual puede gustar o no gustar, pero es la ley y hay que cumplirla y acatarla, el que no lo haga esta fuera de la ley. Es un delincuente. El que llame a desconocerla hay que aplicarle esa misma ley nacional.
En un país donde existen organizaciones o personas que no reconocen su institucionalidad, la posición del Estado debe ser la de proteger la legalidad y la soberanía del país, actuando de acuerdo con la ley y haciendo valer el orden democrático establecido. Aunque el Estado este siempre abierto al dialogo como lo señala constantemente el Presidente Maduro, es importante que el Estado defienda su legitimidad y autoridad, llamando al botón a los infractores del respeto a las instituciones, promoviendo también la participación ciudadana en la vida política y social del país, como es característica del socialismo y del Gobierno Nacional.
No puede seguir aguantándose los planteamientos que llenan de dudas a la opinión pública o que las instituciones del estado se apoyan unas a otras sin ningún criterio institucional o legal.
Es comprensible que la situación política en Venezuela genere sentimientos intensos y divisiones. La negativa de la oposición a aceptar las instituciones puede ser vista como una respuesta a la percepción de que estas no funcionan de manera justa o efectiva. Sin embargo, aceptar pasivamente esta actitud podría no ser la mejor opción para el desarrollo político e independiente del país. Es importante fomentar el diálogo y la búsqueda de soluciones que incluyan a todas las partes, promoviendo así un ambiente de respeto y colaboración pero eso no incluye permisividad con los comanditos en las redes y los medios, son terroristas pidiendo democracia.
No pueden seguir teniendo los mismos derechos de participación y reconocimiento político, como ya lo han asomado altos dirigentes del PSUV y del gobierno, quienes niegan al estado, al gobierno, insurgen contra las instituciones y ya llevan 25 años en esa campaña terrorista. Hay que tomar medidas contundentes y sin temor de que nos quiten la patineta, pues ya lo hicieron una vez.
Creo que se debe legislar prontamente para que la participación dependa del respeto a la paz, las instituciones, el bienestar nacional y de sus posturas democráticas. Vacilar es caer nuevamente en la diatriba sin fin.