La Asamblea Nacional ha avanzado en la revisión de las leyes y normas que aprueban la actividad electoral en Venezuela. Esta iniciativa surge de la sangrienta experiencia nacional de los días 28, 29 y 30 de julio pasado, cuando las fuerzas terroristas de la derecha venezolana, acicateadas por los Estados Unidos y bajo la dirección de María Corina Machado, mancho de sangre el proceso electoral libérrimo que se había ejecutado.
Durante esos días se cometieron delitos de todo tipo y de toda magnitud, trasmitidos además en vivo por las redes sociales de los propios ejecutores quienes exaltados destruían todo a su paso para imponer los intereses de los Estados Unidos y del capital criollo.
Esta revisión se realiza mediante 3 subcomisiones, de convivencia, la del funcionamiento de los partidos políticos y nuevos textos legales. Bien, pero hay que realizar una observación el grupo político que dirigió y ejecuto estas acciones terroristas, y al cual lamentablemente se le dan todos los visos de legalidad, no es un interlocutor válido ya que no es un partido político reconocido en el CNE estando su máxima dirigente inhabilitada, por lo que no vemos cómo se va a ubicar esa problemática de actividades políticas no legales en las subcomisiones creadas. También hay que recordar que la iglesia católica dio su apoyo tácito a estas acciones.
Lo dicho antes nos permite señalar que las actividades políticas públicas van más allá de lo que son las actividades de los partidos e incluye a grupos de avanzada terrorista directa y reconocidamente vinculados a la política norteamericana. Por ello creo que la acción que se está emprendiendo debe ser más sistémica a fin de incluir una variedad de factores, todos terroristas y vinculados al imperialismo, que están presentes en Venezuela y tienen su efectividad y su impacto.
Así que definir que es participación política, cuales son las barreras de entrada y salida de lo político, cuales son las restricciones, por ejemplo, al Cesar lo que es del Cesar no se puede utilizar colegios religiosos o iglesias para mensajes políticos ni contra el gobierno y su sistema, cuales son los controles que deben mantenerse sobre el ejercicio político y por supuesto cuales son las sanciones, legislando sin complejo de culpa democrático, con sanciones estipuladas.
Debe dársele un tratamiento adecuado al uso de los medios de comunicación y las redes que se han convertido en el medio de acción política idóneo con desinformación, falsas noticias, vejámenes a las instituciones y sus autoridades, influenciando lógica y electoralmente a la población, por lo que su uso en este sentido debe considerarse ampliamente en estas nuevas normas en elaboración.
Igualmente considerar las áreas de desregulación de los partidos donde por supuesto no habría normas y controles gubernamentales todo ello dirigido a incrementar la competencia política, sana, constructiva con propuestas e ideas que favorezcan al desarrollo del país y de su gente.
Estas normas y leyes necesitan sistemas complementarios de apoyo y monitoreo a fin de garantizar que efectivamente actúan en su ámbito de acción. Así se deben considerar los sistemas de seguimiento y evaluación necesarios para el cumplimiento de las normas establecidas.
Entendemos así que el trabajo que realiza la Asamblea Nacional para regular la actividad de grupos en lo político debe darse dentro de dos grandes parámetros como son la integralidad, donde se incluya en la medida de lo posible todos los elementos que pueden ser utilizados por su debilidad en las tareas subversivas de la derecha y el otro parámetro es que sea multifacético que incluya otros elementos como lo internacional, lo social, la información.
Se debe incluir entre los mecanismos considerados de preservación política del gobierno y su sistema bolivariano los elementos de la cultura de la resistencia y la autodefensa comunitaria, movilizando a la población y el impulso a campañas educativas y de concientización sobre la defensa política con la defensa de las instituciones, la libertad, la independencia y el socialismo.