Luego de todos los lamentables y desagradables incidentes ocurridos en las elecciones presidenciales, incluyendo las ilegales actuaciones del Consejo Nacional Electoral y del propio Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno del presidente Maduro arremete contra las protestas sociales generadas, con acciones represivas por parte de los cuerpos policiales y la judicialización de quienes participan, bajo el argumento de que se trata de un plan de desestabilización instrumentado por la oposición que se arroga el triunfo electoral.
Adicionalmente, el gobierno asume la realización de una reforma legal electoral en la Asamblea Nacional, con la que realmente pretende reducir mucho más la ya constreñida participación electoral de la población venezolana. Dada la crisis de legitimidad de origen que el Ejecutivo enfrenta, uno pensaría que esa reforma debería dirigirse a subsanar todas las fallas, limitaciones y vicios existentes en el sistema actual, así como a cambiar totalmente la composición del árbitro electoral, cuya reputación resultó totalmente deñada y goza hoy de muchísima menor credibilidad que la ya deteriorada que tenía.
Pero no es así. Como siempre, el gobierno rechaza cualquier posibilidad que signifique aceptar que se equivocó, que no actuó conforme a derecho, que los resultados electorales son rechazados por buena parte de la población, que tiene una posición comprometida internacionalmente y que la división del país y los enfrentamientos permanentes dificultarán en forma importante, la necesaria y urgente recuperación económica y social del país. En una suerte de huida hacia adelante, la autocrítica gubernamental desaparece, el autoritarismo recrudece y el sectarismo se enseñorea del escenario político.
Nuevamente se desprecia la posibilidad de buscar una salida nacional con la mayoría del país, que relegue definitivamente la violencia política y que genere las aproximaciones necesarias, para la construcción de un camino de unidad, progreso y paz, que es lo que en definitiva anhela el pueblo venezolano. Se vuelve a imponer un criterio de gobierno, que no ha dado resultados positivos en estos 25 años de gestión. Así como la oposición intransigente ha fracasado durante estos cinco lustros, el gobierno también ha fracasado, pues no ha podido gobernar en paz, ni en forma constructiva, y hoy se encuentra en una posición peor que la que tenía antes de las elecciones.
Vuelve a imponerse la conducta de obligar antes que convencer, de imponer antes que persuadir; de la amenaza constante, del castigo permanente, de la burla siniestra, del conflicto inmutable, de constante intranquilidad, desasosiego y desesperanza, escenario que no les ha servido a los venezolanos, que es rechazado por la inmensa mayoría y que deja de lado sus necesidades apremiantes. Pareciera que el peligro real de disolución de la nación no tiene mayor importancia y que se ha llegado al extremo de relegar los altos intereses de la Patria, frente a los bastardos intereses de personas y grupúsculos.
No nos cansaremos, por el tiempo que nos quede, y corriendo el peligro de no ser comprendidos, de recriminar a quienes ejercen el poder su inatención a estas quejas y demandas. Es al gobierno, precisamente porque gobierna y no puede desprenderse de esta realidad, ni mucho menos esconderse detrás de excusas pueriles, a quien nos dirigimos preferentemente, sin que esto signifique no exigirles a todos los actores políticos, la sindéresis que un momento como el que vivimos requiere. Es la supervivencia de la patria lo que nos estamos jugando y hay que comenzar con tener conciencia de ello.