Diversos hechos relativamente recientes muestran que el gobierno que preside y dirige Gustavo Petro parece haber empezado a superar los obstáculos que la oligarquía y la clase política tradicional le colocaron durante los dos (2) primeros años de su administración. Esas trabas y trampas fueron la concreción de la política del bloqueo institucional, guerra jurídica y cerco informativo que hacían parte de lo que el primer mandatario denominó "golpe blando".
Las crisis, apagones y catástrofes que ha pronosticado la oposición se han quedado en anuncios y alertas fallidas. Desde el desabastecimiento de medicinas hasta el apagón financiero y material del sistema energético pasando por la supuesta crisis del sector salud y de la expedición de pasaportes, terminaron siendo desmentidos por la realidad. Toda la estrategia para crear pánico y generar un clima de incertidumbre parece entrar en fase de agotamiento.
Así mismo, otros desastres que los enemigos imaginan o desean, no se han concretado. Se enfrentó y resolvió el paro de los transportadores con cierta rapidez y oportunidad, la COP 16 se realizó en Cali sin mayores problemas y en un clima de tranquilidad, y el manejo de la economía empieza a mostrar ciertos resultados positivos en algunas áreas productivas como la agricultura, mientras la inflación va a la baja y el desempleo se mantiene controlado. También, contra todo pronóstico el trámite legislativo de las reformas sociales avanza en el Congreso.
Ahora que Donald Trump fue reelegido como presidente de los EE.UU., el nuevo deseo y anuncio catastrófico es de confrontación con el gobierno de Petro. Algunos sectores de la derecha extrema y los analistas a su servicio pronostican la intervención del gobierno estadounidense en Venezuela y, en consecuencia, el rompimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Es el nuevo pánico que utilizan para crear incertidumbre y pesimismo.
Y, por otro lado, es indudable que el desempeño de algunos ministerios ha mejorado sustancialmente y se empiezan a mostrar resultados importantes (agricultura, comunicaciones, minas y energía, interior, etc.). Igualmente, la gestión de funcionarios como Carlos Carrillo en la UNGRD y de Gustavo Bolívar en el DPS, no sólo son una demostración de aprendizaje, sino de que a pesar de las diferencias ideológicas se puede y debe trabajar con alcaldes y gobernadores de todo el país, y con sectores de todas las tendencias políticas.
Mientras tanto, entre algunos sectores minoritarios de la izquierda que posa de "radical" y "nacionalista", acusan a Petro de "ser la continuidad del neoliberalismo" e "instrumento del imperio estadounidense para derrotar la insurgencia armada". Tales calificativos surgen porque el gobierno progresista realizó el ajuste en el Fondo de Estabilización de los combustibles e incrementó el precio de la gasolina y el diesel, y, además, tuvo que reducir el presupuesto nacional debido a las decisiones tomadas por la Corte Constitucional (impuestos a regalías). Y, además, porque se vio obligado a intervenir con las FF.AA. en el Cañón del Micay.
Lo que no entienden estos amigos es que la continuidad neoliberal no depende de la voluntad del gobernante. Es un problema de correlación de fuerzas. Cuando los sectores democráticos y populares no han acumulado una fuerza importante y mayoritaria para hacer un rompimiento estructural, cualquier intento prematuro que vaya en ese sentido, se convierte en un desgaste para el gobierno y para las mismas fuerzas democráticas y populares. Eso es comprobable.
Es claro que con una pequeña ventaja electoral y con un movimiento social débil, burocratizado y dividido, con algunos sectores sociales todavía instrumentalizados por la "policía rural al servicio de los narcos" que se disfraza de insurgencia, no se puede hacer una "revolución antineoliberal" sólo desde el gobierno. Esa creencia es fruto de no superar los "sueños insurreccionales" que todavía están en la cabeza de algunos dirigentes, que de llevarse a la práctica se convertirían en aventuras insulsas e intentos fallidos. Eso es lo que hay que revisar.
Las experiencias de Venezuela, Ecuador y Bolivia son una demostración de que del afán sólo queda el cansancio. En esos países, los gobiernos socialistas intentaron superar el neoliberalismo y no lo han logrado. Y eso que contaban con más fuerza electoral, social y político-organizativa en comparación con Colombia. Y, además, tuvieron en sus manos importantes recursos económicos fruto de la bonanza de los precios de los commodities durante la primera década del siglo XXI.
Toda esa experiencia debe ser estudiada en detalle para sacar lecciones que deben servir para replantear la estrategia. El problema a resolver es: ¿Cómo acumular fuerza social y política en medio de un ejercicio gubernamental alternativo y de carácter popular? ¿Cómo fortalecer los movimientos sociales sin cooptar en ese ejercicio a los dirigentes de sus organizaciones? ¿Cómo gobernar para toda la sociedad y ganar a otros sectores sociales y económicos, como las "clases medias", los pequeños y medianos empresarios y productores, los profesionales precariados y algunos sectores de la burguesía emergente, que tienen contradicciones reales con la oligarquía financiera y el imperio estadounidense? Esas y otras preguntas deben ser respondidas.
Ahora que el gobierno progresista empieza a respirar y puede con tranquilidad pasar a la fase de una ofensiva táctica y estratégica, es necesario plantearse este tipo de interrogantes para no caer en triunfalismos infantiles que siempre conducen a la aventura, a la soberbia sectaria y a la autoderrota. Los relativos avances y triunfos logrados con el PDA, que fueron muy mal administrados por sus dirigentes, son antecedentes a tener en cuenta para mantener la unidad del Pacto Histórico y avanzar con consistencia en esta etapa de acumulación de fuerzas.
Un firme pero prudente gobierno progresista sumado a un movimiento social autónomo e independiente parece ser la fórmula para avanzar con consistencia. Claro, sin ilusiones vanas y sin voluntarismos aventureros.
Bogotá, 7 de noviembre de 2024
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