El régimen opresivo que se ha impuesto en Venezuela tiene varias dimensiones, como la crisis humanitaria compleja de la cual es causa. En la poca opinión pública que permite el cada vez más estrecho margen de debate y comunicación social, los análisis se han enfocado sobre todo en el aspecto político de la dictadura patrimonialista burocrático-militar-policial. Sobre el golpe a la institucionalidad democrática, la violación del artículo 5 que consagra la soberanía popular, así como las garantías del debido proceso, las libertades de expresión, organización y movilización, entre otras. Pocas veces se conecta este terrible panorama político, más parecido a una película de mafiosos que a una disertación politológica, con la catástrofe social de la salud, la destrucción de los servicios públicos, las consecuencias de la pobreza y la desigualdad que han crecido exponencialmente. Y cuando se ha observado lo económico se ha hecho énfasis en el reparto ilícito de la renta que ha dado origen a una nueva fracción de una burguesía lumpen, la continuación y profundización de la "economía de puertos", la creciente deuda externa y los sinsentidos de las políticas económicas basadas en un rentismo ya colapsado y un neoliberalismo más salvaje que los vistos en nuestra propia tierra y en otras naciones. Pero poco se ha mostrado el régimen de esclavitud, ya no asalariada, sino bonificada, a que han sometido a los trabajadores, esta burguesía lumpen y sus agentes burocráticos, militares y policiales.
Recojo la frase de un sindicalista, el amigo Eduard Zapata, que expresó en un encuentro realizado en Valencia hace unos días, una realidad terrible: toda Venezuela es hoy una sola Zona Económica Especial donde se han abolido los derechos laborales, conquistados durante muchas décadas, desde el siglo XIX incluso, con el fin (ya confesado) de ofrecer al capital transnacional una fuerza de trabajo desesperadamente barata. Por supuesto, la situación de los trabajadores evidencia que los intereses de clase que orientan toda la política del Estado bonapartista, patrimonial, autoritario, son los del capital. Esto se evidencia hasta en las cifras, elaboradas por economistas como Manuel Sutherland, que revelan cómo ya más del 75 % de la riqueza va al capital y solo el 30% al lado de los trabajadores. Las Zonas Económicas Especiales constituyen una política recomendada por los grandes faros del pensamiento neoliberal para atraer capitales. Se emplearon un tiempo en varios países, como México y China. Ya se han ido eliminando por el nivel de mera supervivencia a que someten a la clase trabajadora en labores degradantes, en jornadas extenuantes como no se habían visto desde el siglo XIX, cuando lo estudió el joven Engels por allá, en la década de 1840. Pues, ese mismo esquema de esclavitud, ya no asalariada sino bonificada, por razones que de inmediato explicamos, es el que se está aplicando a nivel nacional.
El colmo es que los altos funcionarios del régimen han desaparecido nociones básicas del mismo funcionamiento del sistema capitalista, como el sueldo y los salarios, que viene siendo la remuneración y reproducción del factor central de la producción, el trabajo. La neolengua que impuso el régimen autoritario, en su faz ya claramente esclavista, ahora generaliza la noción de "ingreso mínimo de supervivencia", hasta ahora únicamente en el vocabulario de los discursos políticos de sus principales funcionarios, empezando por el presidente. Mientras, el gobierno centraliza esa emisión de moneda virtual de los bonos, que ni siquiera alcanza para la supervivencia de la fuerza de trabajo obligando, con lo cual obliga al "emprendimiento", la expresión más infame del neoliberalismo.
Antes de generalizarse el uso del concepto de "emprendimiento", la Organización Internacional del Trabajo usaba el término de trabajo informal, para caracterizar aquellas actividades dirigidas a la supervivencia por parte de desempleados, víctimas del aumento del capital fijo gracias a la tecnología industrial. Los organismos multilaterales también se refirieron a la "marginalidad" para hablar de todas esas estrategias precarias de supervivencia, que a veces comprendían actividades ilícitas, como la prostitución o la venta de drogas, pero también ese segmento de la economía real impulsado sobre todo por iniciativas familiares siempre con una mujer a la cabeza.
El pensamiento neoliberal en la década de los ochenta trató de darle lustre a la informalidad, gracias a las teorías de un economista peruano, asesor de Fujimori, Hernando de Soto, quien intentó asimilar el "emprendimiento" de supervivencia (el del "todero", el buhonero, etc.) con la figura del empresario innovador de Schumpeter (el "entrepeneur"). Esta idealización de la precariedad y la informalidad, cuando no del marginamiento social, incluía el rechazo de la intervención del Estado del ámbito de la economía a través de las conocidas "políticas sociales". Por supuesto, en todos los estudios que se han hecho y se hacen acerca de la economía informal o el "emprendimiento" figuran, en primer lugar, las mujeres. Como dicen las feministas más serias: la pobreza tiene rostro de mujer. Se trata de que la parte femenina de la población sufre de doble y triple ocupación (o, mejor, explotación): el trabajo apenas remunerado en la calle, las tareas del hogar, las del cuidado de niños, enfermos y adultos mayores. Especialmente notable, y que muchas veces no aparece, porque es "invisibilizado", es el trabajo no remunerado de cuidado que sirve a la reproducción de las relaciones de explotación del capitalismo. Y ese es el segmento encargado de reproducir nuevas generaciones de explotados, y no siempre de manera feliz. Venezuela ostenta el dudoso honor de figurar como el primer país con embarazos de adolescentes y niñas, señal encubierta de abusos sexual masificados y normalizados. Las políticas de financiamiento de pequeños emprendimientos hacia las mujeres (¿se acuerdan del "Banco de la Mujer"?) fracasaron, quedó en el papel, se robaron esos reales y ahora están sumergidas en el olvido. Hace poco hubo hasta una ministra de educación que promovía el emprendimiento como alternativa de supervivencia para los maestros.
La misma filosofía del "emprendimiento" para maestros, es la del Ministro de Educación actual quien no vaciló en suspender el sueldo a varios cientos de docentes, porque trabajaban en instituciones públicas y privadas, sin revisar la ley que lo permite. Solo produciendo una medida efectista para demostrar que son solo esas "irregularidades" y la burocracia la causante del desastre educativo de este país.
Veamos la situación del grueso de la población trabajadora, esa que está en edad de trabajar. La mayor parte del "crecimiento económico" se da el sector terciario, o sea, comercio y servicios. Allí, hay jornadas de 12, 15 o hasta 16 horas en supermercados, farmacias y comercios que florecen. Pagan máximo 4$ a la semana. Por supuesto, esto es más que lo percibe un profesor universitario titular dedicación exclusiva. Este es el "crecimiento" que elogian FEDECAMARAS y demás gremios y que el gobierno se coloca como un logro: 10%, dice Maduro y Fedecámaras. Eso después de perder el 80% del PIB entre el 2015 y 2019, para recibir el trancazo de la pandemia del COVID 19. O sea, subir al sótano 38 viniendo del 40. Pero también hay un crecimiento del 73% de las importaciones (dice Fedecámaras), es decir, cada vez más dependientes, sin producción nacional; una "economía de puertos" cuya entrada pasa principalmente por Puerto Cabello. Debemos pagar una deuda externa que algunos calculan en unos 162 mil millones de dólares, monto que seguirá creciendo de manera exponencial ya que Venezuela tiene más de siete años en default (impago) y los intereses siguen aumentando lo debido.
Otra muestra de la esclavitud bonificada con que se nos superexplota a los trabajadores, es la presencia metafísica del instructivo de la ONAPRE, que, aunque declarada su inexistencia por el TSJ, sigue operando en la asignación de los ingresos a los trabajadores públicos. Mientras tanto, aprovechando una disposición legal, se pretende neutralizar e ilegalizar de hecho a sindicatos que pretenden defender los intereses de sus afiliados, impidiéndoles realizar elecciones, trabando las nóminas y las certificaciones correspondientes, para impedirles realizar las tareas propias de toda organización sindical: introducir pliegos, firmas contratos, etc. Por supuesto, esta formalidad no se la exigen a los sindicatos patronales, subordinados al PSUV. Wills Rangel y demás obesos sindicalistas no necesitan nada más que adular para vender a sus afiliados a la esclavitud bonificada. Por supuesto, este comportamiento antiobrero y antisindical del régimen autoritario patrimonialista, es definitivamente mucho peor que el de cualquier gobierno anterior a 2017, cuando se abrió un supuesto "Foro Social" que excluyó, de entrada, a la CUTV y UNT, por no adular al gobierno.
Se violan así garantías constitucionales (salario y sueldos, libertad sindical, contratación colectiva, etc.). y hasta se amenaza con la aprobación de una "Ley Antibloqueo laboral" que terminará de borrar los pequeños avances que significaron en su momento algunas disposiciones de la actual Ley Orgánica del Trabajo, la cual, de paso, es tan solo un fantasma etéreo en Inspectorías de Trabajo que sistemáticamente se colocan del lado de los patronos.
Algunos compañeros han mencionado la tesis de que vivimos un "empate catastrófico" en la lucha de clases, lo cual dio pie a este régimen bonapartista, con todos los rasgos que ya una evz analizó Marx en su "18 Brumario": respaldo militar, demagogia, raíces lumpen y de la delincuencia en el poder, violación de todos los derechos democráticos. Ya no estoy de acuerdo con esta tesis, porque el cuadro general, incluyendo la abierta violación del artículo 5 de la Constitución Nacional y el sometimiento de los trabajadores a esta esclavitud bonificada, demuestra que lo que ha habido es una derrota en toda la línea de todo el pueblo. Y el cogollo de los politiqueros y militares empresarios que dirigen este desastre, la "banda de los siete", sigue avanzando en su victoria homicida, destruyendo al país.
Es por esto que son los trabajadores quienes deben emprender su lucha, con autonomía de clase, para conquistar la democracia, sus sueldos y salarios, su derecho a la contratación colectiva, su autonomía y libertad sindical, las garantías democráticas de libre expresión y organización, así como la restauración de nuestra Constitución y el respeto a la voluntad popular ya expresada el día de la vergüenza nacional, cuando los tiranos robaron unas elecciones y dieron su golpe devastador contra el pueblo y la República.