Distinguidas y distinguidos venezolanos,
Hoy nos dirigimos a ustedes en nombre del Bloque Histórico Popular, con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso, en un acto de desagravio hacia la abogada María Alejandra Díaz, quien ha sido injustamente sancionada y suspendida en el ejercicio de su profesión por defender el derecho fundamental al acceso a la justicia y transparencia electoral.
La doctora Díaz, con quien tuvimos el honor de trabajar y de quien somos testigos directos de su integridad, fue suspendida injustamente por haber ejercido un recurso de abstención y carencia ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el que demandamos el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente corresponden al Consejo Nacional Electoral. Este recurso, presentado en plena legitimidad y dentro del marco constitucional por el Frente Democrático Popular del cual somos integrantes, no constituye una falta ni una "temeridad," como ha sido interpretado erróneamente, porque más bien buscaba corregir una omisión grave y un desacato del CNE en el cumplimiento de sus deberes como parte del Estado.
El recurso no se presentó con "malas intenciones". Por el contrario, nuestra intención fue clara y directa: exigir el respeto a los derechos constitucionales y la debida rendición de cuentas. Este recurso no es un abuso del sistema, sino un acto de exigencia de justicia, amparado en los principios fundamentales de nuestra Constitución.
Es lamentable que hoy tengamos que seguir observando como la justicia, en lugar de ser imparcial y ciega, se inclina hacia los intereses de quienes detentan el poder, tal como ocurría durante la Cuarta República. En esos tiempos, la justicia estaba subordinada a los intereses de partidos políticos y élites del momento, que dictaban el destino de los ciudadanos sin tener en cuenta sus derechos ni su dignidad. Los fallos de muchos de sus jueces y magistrados no eran dictados por el derecho ni por la verdad, ni mucho menos por los intereses del pueblo.
Hoy, a pesar de los avances en nuestra Constitución de 1999, esa misma lógica parece que quiere volver a instaurarse en el país y eso hay que rechazarlo venga de la ideología que venga, porque la independencia judicial es el pilar del sistema democrático.
Llamamos a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a que, en justicia, revise esta sanción impuesta a la doctora María Alejandra Díaz. No podemos permitir que el ejercicio de la abogacía y el derecho a la defensa se vean amenazados por represalias y ostracismo. La independencia y la autonomía de los abogados son pilares indispensables para la vigencia de un sistema de justicia imparcial y accesible.
Pedimos entonces, respetuosamente, la reconsideración de la medida y la restitución de todos los derechos de la doctora Díaz, quien hoy, más que nunca, merece nuestro respaldo y reconocimiento. En este acto de desagravio, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y con el fortalecimiento de la Democracia Participativa y Protagónica en el país, y sobre todo, exigimos respeto a quienes, como la doctora Díaz, defienden los derechos de todos los ciudadanos con valentía y honestidad.
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