Se acerca enero y aumenta la tensión política. La estrategia de la oposición sigue siendo un enigma que se torna en desafiante amenaza. Aunque está claro que cualquier acción dependerá de las instrucciones desde Washington. Enero unifica a la oposición y Maduro prepara una portentosa movilización cívico-militar para garantizar una juramentación con sabor popular y reafirmación de independencia. El escenario político de enero no está definido, luce movedizo y faltan muchos elementos para su definición total. Todo dependerá de la estrategia que imponga Donald Trump y su equipo hacía Venezuela.
La política que definirá las relaciones del gobierno de Donald Trump con Venezuela enfrenta un dilema antagónico y contradictorio. Algunos asesores recomiendan y anuncian una política de "máxima presión" con eliminación de licencias petroleras y sanciones más fuertes que las sostenidas y aplicadas por Joe Biden. Sin embargo, hay pragmáticos e influyentes asesores manifestando que mantener las Licencias Petroleras y flexibilizar las sanciones permite contener y hasta debilitar las relaciones de Venezuela con China, Rusia e Irán y abre espacio para proteger la política de seguridad energética de EEUU. Este dilema entre conservadores y pragmáticos ha provocado el silencio de Donald Trump y Marco Rubio frente a Venezuela y aumenta la desesperación de la oposición venezolana que sigue suplicando definiciones e instrucciones.
Las relaciones entre Venezuela y el nuevo gobierno de Donald Trump seguirá marcada por dos grandes temas: Petróleo y Migración. EEUU sigue manteniendo un buen nivel de producción e incidencia en el mercado petrolero mundial, pero necesita el crudo pesado y las mezclas que se producen en Venezuela porque buena parte de sus refinerías funcionan con ese tipo de petróleo aunado a ello, está la presión que ejercen los tenedores de Bonos Petroleros exigiendo mayor flexibilidad hacía Venezuela. Los intereses de Chevron y Repsol están anclados a Wall Street.
El tema migratorio ocupó un espacio determinante durante la campaña electoral de Trump, quien parece comenzar a entender que, este problema no se resuelve con "muros y prisión". Sin obviar el valor del impacto publicitario, el fenómeno migratorio requiere una política de común acuerdo que busca generar beneficios políticos y económicos para EEUU y eso requiere una relación estable, respetuosa, con reciprocidad y cooperación entre ambos países. Las sanciones provocan una migración que no se resuelve con más sanciones.
En este escenario de incertidumbre, indefiniciones y contradicciones, ambos sectores han perdido confianza entre la gente. La oposición ha mostrado su desesperación anunciando que el próximo 10 de enero regresa al país Edmundo González Urrutia para asumir la Presidencia de la República en una ceremonia que se desconoce su naturaleza institucional y lugar de realización. Se especula sobre una posible juramentación ante la extinta Asamblea Nacional y TSJ en el exilio. Hay quienes aseguran que será un ingreso al país acompañado de factores internacionales (Expresidentes, organismos multilaterales y personalidades del mundo económico, militar y político) para desafiar al Gobierno Nacional y provocar el caos social con un impacto internacional que pueda dar comienzo a un periodo de inestabilidad que obligue a una negociación forzada que pretende ir más allá de los resultados del 28 de julio. Voceros indefinidos, aseguran que será una puesta en escena en un país vecino con el objetivo de capitalizar el efecto internacional. Son simples especulaciones que vislumbran un nuevo modelo de interinato que no se aleja mucho de Guaidó y la decepción que provocó con su estela de corrupción.
Seguros estamos, que Maduro cumplirá juramento ante la Asamblea Nacional y se abrirá un escenario de "no reconocimiento internacional" e incertidumbre social que se agudizará después del 20 de enero cuando asuma la presidencia de EEUU Donald Trump. El escenario político de enero luce confuso, la oposición sigue jugando a la inestabilidad institucional, el Gobierno Nacional necesita convocar un "Nuevo Consenso Social" y el país apuesta por la paz con prevalencia absoluta de la Constitución Nacional.