10 de enero de 2021.- Vannesa Rosales es feminista, defensora de los derechos de las mujeres, maestra y trabajadora social en la comunidad de Pueblo Nuevo. La activista se encuentra detenida desde hace tres meses y está acusada de brindar información y medicamentos para una interrupción de un embarazo a una joven de 13 años que había sido abusada sexualmente. En Venezuela el aborto esta penalizado, aun en casos de violación.
Desde hace más de ocho años, Vannesa Rosales ha estado involucrada en múltiples proyectos que han beneficiado enormemente a la comunidad de Pueblo Nuevo, por ejemplo, es la fundadora del núcleo en Pueblo Nuevo del programa Estudios Abiertos de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida UPTM en las áreas de Enfermería, salud integral, contaduría en gestión comunal y prevención del delito y criminología. La defensora también ha despeñado un rol esencial asistiendo a mujeres desde una iniciativa local que acompaña a las mujeres en la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la promoción de la despenalización del aborto.
En este nuevo caso de violencia sexual, el violador, mayor de edad, aunque está plenamente identificado, se encuentra en libertad. Mientras que a Vannesa Rosales en todo este tiempo, no le han permitido siquiera una reunión privada con sus abogados defensores. Además, a sus abogados, no les dan acceso al expediente con la acusación del Ministerio Público (solo lo han podido ver una vez). La audiencia de presentación de cargos se le hizo por fuera del lapso establecido, es decir, estuvo presa más tiempo del que legalmente debe estar alguien sin que le hayan presentado cargos. Todos los derechos y garantías para un juicio justo y para defenderse, le están siendo negados.
El 16 de octubre de 2020, se llevo a cabo la audiencia de flagrancia durante la cual la Fiscalía expresó su intención de imputar el menor de los delitos establecidos en el código penal venezolano con respecto al aborto, - pena menor de 4 años de prisión con el beneficio de ser juzgado en libertad. Sin embargo, el juez asignado calificó la solicitud de la fiscalía con base en activismo de la defensora Vannesa Rosales por la despenalización del aborto, y la acusó de los delitos de, aborto asistido a terceros sin consentimiento, asociación para delinquir y agavillamiento, impidiéndole finalmente a la defensora ser juzgada en libertad en tanto que la pena imputada supera los 4 años. Es preciso señalar que la audiencia de flagrancia tuvo lugar cinco días después de la detención, lo que viola el plazo de 36 horas establecido en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano.
El 9 de diciembre de 2020, los abogados de la defensora, -a quienes hasta la fecha se les ha negado el acceso a los expedientes de la investigación-, solicitaron ante el Tribunal Tercero de Control de Merida, la consideración de medidas cautelares sustitutivas a la privación de la libertad. .
El 22 de diciembre de 2020, los abogados de la defensora de derechos humanos Vannesa, Rosales interpusieron un amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Merida. Este amparo constitucional surge luego de que su audiencia preliminar, que estaba prevista para el 14 de diciembre, fuera aplazada y no reprogramada, excediendo así el plazo establecido en la ley para realizar la audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes a la acusación de la Fiscalía que se formuló en contra Vannesa Rosales en octubre.
Vannesa no está sola
Más de 200 organizaciones de Derechos Humanos y feministas, activistas e individualidades han expresado su rechazo al tratamiento patriarcal de los procesos contra las mujeres que luchan por los Derechos sexuales y reproductivos. ya han comenzado a realizar acciones en el marco de la exigencia de libertad plena para Vannesa Rosales, entre ellas este 8 de enero, un twitazo con la etiqueta #JusticiaParaVannesa que logró posicionarse en primer lugar en tendencia nacional.
También ha saltado a la luz el debate de fondo que subyace ante este hecho.
Criminalización del Derecho a las mujeres a decidir
El debate que ha saltado con el encarcelamiento de Vannesa Rosales y el ensañamiento por parte del sistema judicial que denuncian diversas activistas, es sobre la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Encarcelar a una mujer que evitó un aborto inseguro a una niña violada, proporcionado información pública avalada por la OMS, mientras el violador sigue libre es considerado misoginia extrema.
Las expresiones en twitter y en las redes sociales dejan claro que este caso "es el resultado de tener leyes que no son cónsonas con las realidades a las que se enfrentan las mujeres, de la ceguera de género, de la ausencia del Estado en temas tan delicados y que urge debatir, pues los abortos clandestinos se practican en todo el planeta, con la diferencia de que quienes tienen recursos pueden hacerlos bajo condiciones muy seguras y en estricta. Pero cuando la mujer esta en situación de pobreza, sucede esto".
Pese a las múltiples recomendaciones hechas por organismos de derechos humanos como ONU-Mujeres y UNICEF al gobierno venezolano sobre la despenalización del aborto, Venezuela sigue siendo parte del 25% de los países del mundo que no han despenalizado ni flexibilizado la legislación sobre el derecho al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Cientos de Mujeres, organizaciones feministas e individualidades han manifestado su rechazo al uso de cargos prefabricados en contra de Vannesa Rosales como resultado de su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela, lo que marca un nefasto precedente en Venezuela. "El caso de Vannesa, amiga, hermana, luchadora, feminista, nos puede pasar a todas las luchadoras por lo Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Si queremos aborto, seguro, gratuito y legal, debemos exigirlo, junto con la justicia y la liberación de nuestra compañera. ¡Basta de hacerle el juego al Estado! Un Estado que nos ha defraudado y que demuestra cada día que está muy alejado de las luchas de las mujeres y del pueblo".
#SeraLey
En el mundo las mujeres se organizan para exigir la legalización del aborto hasta conquistarlo, Argentina es el ejemplo más reciente y cercano que tenemos en la materia. La marea verde no paró ante los intentos de los antiderechos y del poder de la iglesia, se empecinaron y lucharon, producto del debate amplio a nivel social y político, en las casas y en las calles y gracias a las masivas movilizaciones, forzaron al cuerpo legislativo y al gobierno hasta aprobar la ley que saca de la clandestinidad la interrupción del embarazo en el país suramericano.
Mientras tanto en Venezuela impera la penalización y clandestinidad del aborto y hasta del debate sobre el mismo. Ni siquiera existen estadísticas oficiales en las cuales basarse para demostrar que es un asunto de salud pública. Lo que sí es claro y notorio, es que los abortos existen, se practican y requieren despenalización y legalización.
En Venezuela el aborto solo es "permitido" en caso de riesgo de muerte para la madre, y sin embargo queda a juicio de cada médico si practicarlo o no, lo que quiere decir que la mujer aún no tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia maternidad, ni siquiera en riesgo de su muerte o cómo consecuencia de una violación.