11 de enero de 2021.- La campaña llevada adelante por diversas organizaciones feministas e individualidades y activistas lograron una victoria parcial en el caso del injusto encarcelamiento de Vannesa Rosales quien recibió una medida sustitutiva y tendrá arresto domiciliario, mientras avanza el proceso penal que se le sigue tras ser acusada de apoyar a una adolescente de 13 años en la interrupción voluntaria de su embarazo producto de una violación.
Este encarcelamiento y la saña mostrada por el sistema de justicia venezolano, quien le imputó varios delitos para asegurar el encarcelamiento de la activista por los Derechos sexuales y reproductivos generó una respuesta de parte del movimiento feminista en Venezuela e incluso internacionalmente, quienes emitieron un comunicado firmado por más de 200 organizaciones y activistas feministas y de Derechos Humanos y la realización de un twitazo y expresiones en las diversas redes sociales exigiendo #JusticiaParaVannesa.
La criminalización a quien apoyó a una adolescente victima de violación mientras el violador sigue en libertad tuvo una respuesta contundente. Las redes después de conocida la noticia expresan la determinación del movimiento a seguir adelante en la lucha en exigencia de Libertad plena para Vannesa.
El violador está identificado como Carlos Terán sobre quien pesa una medida de captura y solicitado por la Interpol. esta información fue dada a conocer por el Fiscal general de la República, luego de que la etiqueta #JusticiaparaVannesa se posicionara como primera en tendencia nacional.
Legalización del aborto
Un tema que saltó a la palestra pública nacional es el debate pendiente sobre la legalización y despenalización del aborto.
Venezuela tiene una de las leyes de aborto más atrasadas y antiderechos de la región. Es por ello que muchas organizaciones y redes de mujeres brindan información sobre la práctica de una interrupción voluntaria de embarazo de manera segura, además de brindar apoyo emocional a las mujeres. El mismo apoyo que el Estado les niega y que se materializa a través de la imposición de penas a la mujer que aborta o a quien la apoye en en su legítimo Derecho a decidir.
Muchas son las mujeres que han sido apresadas por abortar, sin embargo es un tema que no ha salido a la luz pública con fuerza. Venezuela es un país en el que el acceso a los anticonceptivos es costosos y no está garantizado en los centros asistenciales públicos. Un país cuyo salario mínimo está fijado en menos de un dólar mensual, son las mujeres de la clase trabajadora y de los sectores populares las que sufren este agravio a los Derechos Sexuales y Reproductivos.