09 de marzo de 2021.- Las mujeres se movilizaron este 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La Plaza Brión de Chacaito en Caracas fue escenario de la diversidad existente unidas en las coincidencias en la exigencias de sus Derechos.
Vocerías de organizaciones, activistas mostraron la determinación de luchar por sus derechos, toda vez que a pesar de las restricciones de movilidad que se han impuesto por el Covid-19, salieron a la calle a manifestarse.
Por un salario Igual a la Canasta Básica
El aumento de la pobreza en Venezuela a raiz de la eliminación del salario es más frecuente en las mujeres. La exigencia de un salario que cubra la Canasta Básica, como lo establece el Art. 91 de la CRBV es una de las exigencias que se levanta con fuerza y que se vio reflejada en la concentración de este 8M.
La precarización de la vida de las mujeres quienes soportan los bajos salarios en el sector privado, o los salarios casi inexistentes del sector público, se ve agudizada por la deficiencia de los servicios públicos que en el último mes han sufrido un aumento exponencial a pesar de que los salarios no han sido aumentados.
De diversas formas esta realidad fue expuesta este 8M. En Venezuela el salario mínimo nacional está establecido en 1.200.000 Bs mensuales y es complementado con Bs 800.000 de Bono de Alimentación. El valor de 1 dólar este 8M es de 1.800.000 Bs. Lo que quiere decir que el ingreso mínimo mensual en los hechos es Salario Cero.
La denuncia de la política económica del gobierno contra los trabajadores en su conjunto y que golpea con mucha furia a la mujer trabajadora y de los sectores populares, fue acompañada de la denuncia y el rechazo a los sectores políticos que son la correa de transmisión y los promotores de las sanciones unilaterales impuestas ppr el gobierno de Estados Unidos porque le imprime más precarización y sufrimiento a la población venezolana y sobre todo a la mujer.
Contra la violencia y los feminicidios
Consignas, cantos y pancartas daban cuenta de la exigencia del cese de la violencia en contra de las mujeres y de los feminicidios. Realidad que ha sido invisibilizada por la ausencia de cifras y el manto de silencio con el que se pretendió cubrir esta realidad.
Sin embargo diversas organizaciones y activistas feministas se dieron a la labor de recopilar información periodística y en diversos medios para hacer una estadística de este flagelo en Venezuela. En el año 2020 se contabilizaron 256 feminicidios y en lo que va del año 2021 se ha recopilado la información de 49 feminicidios hasta la fecha.
Esta difusión y visibilización de los feminicidios que comienza a sensibilizar a la sociedad venezolana tuvo una expresión de calle en diversos estados del país a finales del mes de febrero cuando en menos de una semana ocurrieron 5 asesinatos de mujeres, tres de ellos en menos de 48 horas en el estado Portuguesa. Dos de esos asesinatos fueron por violación y mutilación de dos jóvenes secuestradas a plena luz del día.
Las exigencias en este ámbito van desde publicación de cifras, implementación de casa de abrigo hasta el emplazamiento a la fiscalía y al sistema de justicia para que salga de la inobservancia y deje de revictimar a las mujeres que han sufrido violencia y que no consiguen respuestas a sus denuncias.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal para no morir.
Esta consigna que ha atravesado al planeta completo estuvo presente y con mucha fuerza en la manifestación. En Venezuela el encarcelamiento de una activista por apoyar a una adolescente de 13 años embarazada producto de una violación, desencadenó movilizaciones y protestas a principios de año.
A pesar de existir un debate sobre la despenalización bajo tres causales; violación, riesgo de vida de la madre o inviabilidad del feto o legalización sin restricciones, en la concentración se escuchaban consignas y se levantaban pancartas con la consigna aborto legal, anticonceptivos gratuitos.
Venezuela es uno de los países que tiene el marco legal más restrictivo en asuntos de aborto. No es modificado desde el siglo XIX, lo que somete a las mujeres que deciden interrumpirse un embarazo a realizarlo en la clandestinidad, de manera insegura, lo que puede terminar en la muerte de la mujer.